Cientos de guatemaltecos exigieron nuevamente el sábado la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en una marcha que opacó la inauguración de la Cumbre de líderes de los países del Sistema de Integración Centroamericana (Sica).
Los manifestantes demandaron la salida de Pérez Molina en el centro histórico de Cuidad de Guatemala (capital), situado frente al Palacio Nacional, con banderas y pancartas en las que se podía leer otra exigencia: acciones concretas contra la corrupción y reformas constitucionales para combatir este flagelo.
Ante las marchas, el Estado reforzó la seguridad para las actividades de la cumbre Sica que se desarrollan en la ciudad de Antigua Guatemala, 42 kilómetros al suroeste de la capital.
Para los analistas invitados a la cita es preocupante que los encuentros de líderes de la región se den bajo condiciones de incertidumbre y zozobra que actualmente vive el país anfitrión.
Varios mandatarios cancelaron su participación ante las protestas; los presidentes de México, Enrique Peña Nieto y de Colombia, Juan Manuel Santos, no asistieron, al igual que su par de Nicaragua, Daniel Ortega, que también canceló su participación en el encuentro.
Los inconformes marcharon con la consigna “el presidente no tiene dignidad ni respeto por Guatemala», y reiteraron que están «hartos de los delitos” y pidieron a la justicia una reestructuración integral de la ley electoral y Partidos Políticos.
Entre tanto, tres guatemaltecos caminaban hacia la concentración desde el departamento de Retalhuleu (suroccidente) en rechazo a la corrupción del Estado.
Los caminantes Emilio Pop, Gilder Guzmán y Diego Ramírez fueron recibidos por los manifestantes con aplausos y consignas, a lo cual respondieron alzando un cartel que decía: «Por la dignidad del pueblo».
Un gesto heroico según los guatemaltecos, que hace una semana también aplaudieron a Oswaldo Ochoa, conocido como El Caminante por su recorrido de 200 kilómetros en protesta contra el Gobierno.
De manera simultánea el colectivo Hijos llevó a cabo un plantón frente a la embajada de Estados Unidos en repudio a la injerencia estadounidense en la política nacional.
Las marchas de intensificaron tres días después de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desmantelaron red criminal que funcionaba dentro de la Policía Nacional Civil (PNC).
El exsubdirector de Logística de la PNC, Héctor Rodríguez, y otros 12 agentes fueron acusados de lavar 52 millones de quetzales (6.7 millones de dólares) del presupuesto de esa institución.
Voceros del Ministerio Público detallaron como la banda operó dentro de la Policía, que justificaba la inversión de los fondos en bienes y servicios para reparaciones mecánicas de patrullas.
Entre 2012 y 2014, los exagentes realizaron compras directas con empresas utilizadas para la sustracción monetaria, precisó el vocero del Ministerio Público.
Por este caso, además solicitaron un antejuicio contra el expresidente del Congreso Pedro Muadi, acusado de peculado y asociación ilícita.
Maudi, también exmiembro del partido Compromiso, Revolución y Orden (Creo), es señalado de sustraer 630 mil quetzales (unos 81.7 mil dólares), indica el vocero, cita en su portal Prensa Latina.
En Contexto El pasado 25 de abril, el diputado indígena Amílcar Pop denunció en el fuero penal a Otto Pérez por su presunta vinculación en fraudes millonarios revelados en el sistema de aduanas y el seguro social, que involucran a altos funcionarios de su Administración. El mandatario guatemalteco es señalado de ser cómplice de la banda de defraudación aduanera llamada La Línea, implícita en el contrato firmado entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la farmacéutica Pisa, según el documento de denuncia del diputado Pop. La exvicepresidenta Roxana Baldetti renunció a su cargo luego de las protestas que iniciaron miles de guatemaltecos contra el presidente Pérez Molina, en la capital del país. Los manifestantes piden la apertura de una investigación al mandatario por su supuesta responsabilidad en la adjudicación de un millonario contrato del IGSS (unos 14 millones de dólares) con la farmacéutica Pisa, para el tratamiento de enfermos con insuficiencia renal.
El dato: La Línea fue desmantelada el pasado 16 de abril por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Su líder sería el prófugo Juan Carlos Monzón, secretario privado de Baldetti.
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