Más de 500 profesores y estudiantes de historia marcharon ayer en la mañana, en solidaridad con los presos políticos mapuches en huelga de hambre. La movilización, que transcurrió sin incidentes desde el Archivo Nacional hasta Plaza de Armas, finalizó con la lectura de una declaración pública donde se denunciaba “la sistemática represión del estado chileno en contra del pueblo mapuche”.
Profesores y estudiantes denunciaron, en la declaración pública, la sistemática represión por parte del estado chilenos al pueblo mapuche, represión que operaría en una doble articulación. Primero, policialmente a través de la militarización de la Araucanía donde “las comunidades son allanadas periódicamente y en la mayoría de las circunstancias sus habitantes son objeto de golpes, insultos y acciones de amedrentamiento”, como señala la declaración.
En segundo lugar, judicialmente en orquestada operación ofensiva del estado chileno en contra de los procesados. A partir de la aplicación de la Ley 18.314 sobre conductas terroristas, la Ley Antiterrorista, se mitigaría tanto las reivindicaciones como las movilizaciones del pueblo mapuche judicializando a sus activistas. Entre los mecanismo represivos de la aplicación de la justicia se encontrarían, entre otros, torturas y vejámenes a los detenidos, montaje mañoso e ilegítimo de pruebas incriminatorias, uso de testigos encubiertos, doble procesamiento y solicitud por parte de las fiscalías de la aplicación de penas desmedidas en relación con los delitos que se les imputan, como es el caso de Héctor Llaitul Carrillanca, al cual la Fiscalía de Cañete ha pedido más de 103 años de presidio, sin contar los demandados por la justicia militar.
Para Sergio Grez, historiador de la Universidad de Chile, estas injusticias han sido una constante histórica en la relación del pueblo mapuche y el estado chileno, empezando por violación de los contratos contraídos en el último parlamento de la era republicana el año 1825, en que se reconocía al Wallmapu, la nación mapuche, como territorio independiente. Este tratado fue violado con la irrupción armada del ejército chileno en la segunda mitad del siglo 19, que situó al pueblo mapuche en mínimos reductos, afirma el historiador.
”La Ley Antiterrorista es una legislación espuria e ilegítima, pensada durante la dictadura para coadyuvar a los aparatos represivos del estado en la tortura sistemática de los disidentes políticos”, argumentó Igor Goicovic, Director del Magíster de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, Usach.
Para los historiadores presentes, las reformas anunciadas por el gobierno a la Ley Antiterrorista son de carácter “cosmético”, utilizadas solo para solucionar rápidamente un conflicto que “empaña un ya muy deslucido bicentenario”. Estas reformas, para los manifestantes, incluso agravan las penas, por ejemplo, en el caso de un supuesto maltrato de palabra o de obra a Carabineros. También se criticó la permanencia del recurso de los testigos protegidos, catalogado como “aberración jurídica”.
“Lo que ha hecho el estado chileno as lo largo de su historia no ha sido otra cosa, salvo contadas excepciones como la Unidad Popular, reflejar los interese de los grandes propietarios, en la actualidad las empresas madereras y los grandes hacendados, que se instalaron en el territorio mapuche tras la mal llamada pacificación de la Araucanía. Entonces, el estado chileno ha respondido históricamente a esos intereses” subrayó Sergio Grez.
Por Sebastián Fierro
Fotografías: Jorge Zúñiga S.M.
El Ciudadano
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