Huelga en minera Collahuasi: habrían disparado a matar

Represión contra los trabajadores. Se consolida criminalización de lucha social.

Con violencia y a 4.400 metros de altitud aterrizó un avión Hércules de la Fach (Fuerza Aérea de Chile), con más de 10 carros policiales y, por lo menos, 300 efectivos para ahogar la huelga de los trabajadores  contratistas de la Minera de Collahuasi. Según un trabajador que salió al aire el 12 de mayo en Radio Bío Bío, los policías habrían “disparado a matar” contra varios centenares de trabajadores que ocupaban la ruta. Hasta ahora, hay confirmados tres heridos.

Un conjunto de sindicatos de trabajadores tercerizados que representan a 4 mil personas levantó un pliego de peticiones incontestado por la empresa,  propiedad de las multinacionales Xstrata plc (44%), Anglo American (44%), y un consorcio japonés (12%) compuesto por Japan Collahuasi Resources BV, Mitsui & Co. Ltd., Nippon Mining & Metals Co. Ltd. y Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. La empresa operadora es la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.

La Minera Collahuasi se ubica a  menos de 200 kilómetros de Iquique y a 1.800 de Santiago. Produce el 3 % del metal rojo que oferta la industria del cobre en Chile  a todo el planeta.

LAS PETICIONES

Los mineros cupríferos demandaban diálogo con la gerencia para mejorar las condiciones del campamento donde alojan por graves problemas de hacinamiento, entre otras deficiencias. Asimismo, los trabajadores reivindicaban un bono de 1 millón 500 mil pesos proveniente de las ingentes utilidades de la mina (alrededor de 800 mil millones de pesos anuales ó 1.500 millones de dólares); equidad en temas de alimentación y atención de salud en la faena respecto de los mineros contratados directamente por la empresa; y la aplicación de la parte de la ley laboral correspondiente a trabajo pesado. Es decir, sólo demandas de este mundo.

LA MOVILIZACIÓN

Con el objetivo de presionar por sus exigencias, los mineros en huelga, ya rotas las conversaciones por las negativas de la gerencia, bloquearon las rutas de acceso a la mina. Sin embargo, la respuesta de los intereses empresariales contra los trabajadores se tradujo en un represivo operativo militar y policial, dejando una vez más al descubierto la verdadera naturaleza del Estado y el gobierno de turno.

LA ESTRATEGIA REPRESIVA DEL ESTADO

Como si no bastara con la violencia armada impuesta contra la movilización minera, la empresa presentó una querella por “daños y secuestro”. Del otro lado, los trabajadores realizarán una acusación contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, “por violaciones a tratados internacionales.”

De acuerdo a fuentes que solicitaron mantener su anonimato ante posibles represalias, “la Minera Collahuasi paga medios de comunicación en la zona; paga instituciones; paga candidaturas.” Ello explicaría la opaca, arbitraria  y parcial información en relación al conflicto sindical.

En este sentido, pero de manera ampliada, esta vez fuentes de La Moneda, explicaron la nueva estrategia gubernamental para contener manifestaciones sociales y asfixiar conflictos rápidamente. El plan habría debutado “en el Día del Combatiente, el 9 de marzo (Día de la Mujer), lo que se repitió el 1° de Mayo y en el conflicto de la mina Collahuasi”.

La estrategia es sencilla y antigua. Fuertes medidas “precautorias” como llenar de fuerzas especiales de carabineros y gases lacrimógenos los escenarios de concentración; intimidar por número y presencia; y efectuar allanamientos a discreción. Los objetivos y procedimientos están ligados a la  criminalización de la protesta y organización social; el establecimiento de un Estado policíaco; y la defensa a ultranza de los intereses de los grandes capitales en desmedro de la vida de los asalariados.

De todos modos, el “nuevo” plan ya habría sido inaugurado antes de la llegada de Piñera, con la militarización e imposición del toque de queda en las regiones siniestradas por el terremoto-maremoto del 27 de febrero. También es posible advertir el mismo estilo –empleado durante los gobiernos de la Concertación- contra líderes del pueblo mapuche. De hecho, el pasado jueves 13 de mayo en  Temuco, fue allanada la casa de Waikilaf Cadin Calfunao donde se aloja Alejandro Stuart, poeta, fotógrafo y miembro de la Asociación de Reporteros Independientes. Waikilaf ya había sido  detenido, junto a otras 16 personas, en una marcha por la libertad de lo presos políticos mapuche.

Por Andrés Figueroa Cornejo

CONFLICTO CONTRATISTA EN COLLAHUASI

El presidente de la Federación Minera de Chile, Pedro Marín, manifestó que “espera que los hechos ocurridos en Collahuasi no vuelvan a repetirse, pero que eso dependerá de las mineras privadas del país y su disposición de hacer partícipes a sus trabajadores contratistas y subcontratistas de un pequeño porcentaje de  sus estratosféricas utilidades”.  De esta forma, Marín reflexionó sobre este conflicto que duró 5 días y que terminó con el envío de 200 carabineros en un avión Hércules hasta esa faena.

El dirigente instó a las compañías mineras del país a emular el estándar establecido por Codelco y Minera Escondida, a quienes esas empresas entregan bonos de producción. Los contratistas y sucontratistas que mantuvieron tomadas las instalaciones de esa minera por 5 días, entre otros puntos, demandaron un bono de producción de 1,5 millones de pesos.

En cuanto a las otras razones que gatillaron el conflicto en Collahuasi (hacinamiento, mala alimentación y falta de baños), Marin dijo que deberían ser fiscalizadas en su momento por las autoridades estatales. Solucionar estos problemas pasa porque los organismos pertinentes exijan el cumplimiento  de la ley y nada más, concluyó.

A modo de ejemplo, dijo que tener a cuatro personas durmiendo en una habitación pequeña, bajo las condiciones extremas que hay por sobre los 4.000 mil metros es un atentado contra la salud de las personas y no resiste análisis. Si sólo consideramos los daños que produce la falta de oxígeno a esta altitud, colocar a cuatro personas en un espacio reducido, cerrado y con calefacción, aumenta en forma alarmante accidentes vasculares, crisis respiratorias y un sinfín de otras patologías.

En cuanto a la solución del conflicto aún latente en Collahuasi, dijo que las condiciones exigidas por la empresa para negociar ya se dieron al terminar la toma de las instalacion y que, por lo tanto,  esperaba un cumplimiento de la palabra empeñada por la transnacional.

A PROPÓSITO DE LOS IMPUESTOS

Marín mencionó que hoy hay un gran debate de lo que las mineras dejan en el país por llevarse los recursos no renovables. La discusión de un nuevo Royalty, por ejemplo, es un tema siempre vigente.

Una forma, dijo, de que las mineras dejen en forma directa fondos es mejorar en forma directa a los trabajadores contratistas y subcontratistas con bonos de producción. De esta forma queda dinero fresco a las miles de familias del país que representan los contratistas mineros, sin pasar por procesos burocráticos de impuestos, en donde el costo por administrarlos y redistribuirlos es significativo.

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