Por cuarta vez en el año sube el pasaje del trasporte público. A partir de mañana, sábado 26 de noviembre, los santiaguinos tendrán que gastar 10 pesos más por usar la micro o el metro, quedando el valor del viaje en $560 si se movilizan en buses y en $ 640, si se trasladan en metro en horario punta. Esta es la cuarta alza del transporte público en lo que va del año.
Esta decisión causó que diferentes organizaciones sociales se manifestaran fuera del Ministerio de Transporte esta mañana –ubicado en Amunátegui 139– con la intención de reunirse con la autoridad máxima de la cartera, Pedro Pablo Errázuriz.
Los voceros de estas asociaciones manifestaron que a pesar de reiterados intentos, el ministro aún no ha podido recibirlos. Cecilia Toro, vocera de Conciencia en Movimiento, explicó que hace tiempo tienen la intención, como organizaciones sociales y usuarios del transporte, de reunirse con el ministro, “pero hoy nos encontramos con una nueva alza y con las puertas cerradas, con un ministro que imparte políticas en favor de los empresarios y no de los usuarios”.
Hoy, 25 de noviembre, nuevamente intentaron reunirse con el Errázuriz, pero no los recibió. El jefe de gabinete, Ignacio Ovalle, sí habló con ellos, pero en la calle y quedó en gestionar un viaje en micro con el ministro junto a los dirigentes en horario punta. Pero no se habló de ninguna instancia de debate de los temas de fondo.
Estas alzas se deben a “factores externos”, dijo Ovalle, replicando lo que sale en la página del Panel de Expertos del Transantiago, los cuales serían el IPC (Índice de Precio al Consumidor), el precio del diésel, y el valor del dólar, además de los salarios.
A su vez, Felipe Parada, de Alerta Chile y Santiago Despierta, manifestó que las alzas son “injustificadas. El servicio, los recorridos y la comodidad no han mejorado. La evasión –que muchas veces ha sido excusa de alzas- es una manifestación del malestar de la gente”, reclamó.
El Panel de Expertos del Transantiago es el encargado de determinar mensualmente el ajuste de tarifas del sistema de transporte público. Conformado por Juan Enrique Coeymans Avaria, José Tomás Morel Lara, Patricio Rojas Ramos, se debe reunir periódicamente, al menos una vez al mes y reciben una dieta mensual de 30 UTM –cerca de 1 millón 200 mil pesos-.
Tamara Homel, coordinadora metropolitana del Comité de Usuarios del Transantiago (CDU) piensa que no puede ser posible que el panel de expertos actúe de manera autónoma a la propia gestión pública.
Además, critica que se habló de mejores paraderos para facilitar el desplazamiento del adulto mayor, y “no se ha cumplido”; se habló de buses cuyo diseño le serviría a chilenos, pero “hoy la gente no alcanza a afirmarse del pasamano, le cuesta subir y va totalmente incómoda”. Homel explicó que el trabajador santiaguino no tiene otra opción más que el Transantiago, por eso “reclamamos el respeto al usuario, porque este es un servicio público”, y que a la larga se le ha impuesto a la gente que la usa, sin opciones de elegir.
Según la usuaria, el gasto mensual de una familia donde dos trabajadores usan el transporte público unas cinco veces a la semana, es de 52 mil pesos.
IMPUESTO ESPECÍFICO A LOS COMBUSTIBLES LLEGÓ Y SE QUEDÓ
Hernán Calderón, presidente de Conadecus (Corporacion Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile) dijo que la propuesta para cambiar estas reiteradas alzas es reducir el impuesto específico de los combustibles, el cual incrementa “no sólo el transporte, sino que también los alimentos. Algo que influye tanto en la vida de los ciudadanos no se puede seguir cobrando, sobre todo si se creó para un período transitorio”.
El impuesto específico se creó para reconstruir las carreteras que destruyó el terremoto de 1985. Actualmente las carreteras son financiadas por concesiones y el impuesto sigue funcionando y afectando la vida diaria de la gente.
Para Calderón la forma de recaudar dinero más justa sería la reforma tributaria. “Hoy, más del 50% de la recaudación de impuestos que hace el país es por los consumidores, sólo entre un 15 y un 17% lo ponen las empresas”. Además de ello, piensa que se debería cobrar un IVA (Impuesto al Valor Agrego) diferenciado. Es decir, que quienes compren lujos paguen impuestos más altos que quienes compran alimentos o pagan servicios, “no es lo mismo comprar pan que comprar un Mercedes Benz”, sentenció.
Por Estefani Carrasco Rivera
El Ciudadano
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