Informe de Contraloría favorable a ducto de Celco enciende la alerta en caleta de Mehuín

La caleta de Mehuín, en la costa norte de Valdivia, ya suma más de dos décadas de lucha y resistencia en contra del intento de Celulosa Celco-Arauco de instalar un ducto en el mar para depositar sus desechos contaminantes. En estos años, las comunidades han utilizado diversas estrategias, entre las que se cuenta la solicitud de concesiones marinas y espacios marinos de los pueblos indígenas, para bloquear la voluntad de Celco.

Por estos días, sin embargo, el Servicio Nacional de Pesca analiza la posibilidad de darle una salida al ducto de la empresa en el área de manejo que hasta el 31 de diciembre estuvo bajo la administración de la Federación de Pescadores Artesanales de Mehuín, en San José de la Mariquina.

La evaluación positiva se apoya en un informe de Contraloría que estableció que la idea de otorgar una concesión marítima a la empresa en el área de manejo de los pescadores artesanales es sostenible, aunque solicitan el pronunciamiento previo del Servicio Nacional de Pesca.

En uno de los pasajes del informe, Contraloría señala que «en el caso que se examina no se advierte impedimento para que se otorgue una concesión marítima en todo o parte de un sector destinado como área de manejo, en la medida que sus usos sean compatibles». 

Sin embargo, precisan que se requiere el acuerdo de la organización de pescadores y el pronunciamiento favorable de Sernapesca previamente.

La noticia no es bien recibida en las comunidades de Mehuín, ni tampoco por la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur (Fipasur).

La postura de los pescadores: «Si se autoriza la concesión, va a haber problemas»

Marco Ide, presidente de FIPASUR, recalca que el informe de Contraloría no contiene argumentos concretos a favor del ducto de Celco, aunque es ambiguo.

«En la Ley de Pesca, lo que se usa es una destinación marítima que se le otorga a un servicio público como Sernapesca, mientras que las concesiones se entregan a cualquier persona natural o jurídica. Las destinaciones las pone a disposición de las organizaciones para que puedan concursar. Esto en base a varios criterios y finalmente gana la que tiene mayor puntaje ponderado», explica Marco Ide, presidente de Fipasur.

La destinación la ganó hace 5 años el Sindicato de Pescadores de Mehuín, pero el permiso expiró el pasado 31 de diciembre de 2016. Entonces, cuenta, Celco aprovechó de solicitar una concesión en toda el área de manejo.

«En el caso de que se le otorgue la concesión a Celulosa Arauco va a haber problemas, porque venimos recién saliendo de una marea roja, producto de varios factores y el agua que va a arrojar Celco no es mineral ni helada, sino que con calor, lo que puede revivir las esporas que han quedado de estas algas en la zona y vamos a tener una doble contaminación», explica el dirigente de los pescadores artesanales. Así, dice, la contaminación de la empresa no se va a notar en los primeros años, pero luego sí, tal como ocurrió con las salmoneras en Chiloé.

Marco Ide reconoce que llevan muchos años «peleando contra este ducto fatídico, porque va a tener consecuencias para todo el pueblo de Mehuín. Hace unos meses nadie compraba mariscos ahí por un tema de psicosis, porque no estaban contaminados por la marea roja, pero imagínate ahora con un ducto al mar. No sólo van a morir los pescadores artesanales, sino el turismo en general en Mehuín. Va a ser un pueblo fantasma». La última palabra, recalcan, la tiene Sernapesca.

El rol de la Ley Lafkenche

La empresa -de propiedad del grupo Angelini- asegura que en otros espacios se han otorgado permisos para ocupar el borde costero, pero en el caso de Mehuín se afecta directamente la Ley 20.249, que crea el espacio costero de los pueblos originarios, normativa más conocida como Ley Lafkenche.

En opinión de Hernaldo Silva, coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano, el informe de la Contraloría genera preocupación ya que realiza una «interpretación bastante favorable a los intereses de la empresa».

«Contraloría realiza una lectura que favorece esto y establece que no habría problemas en la coexistencia de ambos espacios, lo que en nuestra perspectiva es imposible, dado que son absolutamente opuestas. Uno se vincula con la preservación de recursos marítimos para la producción, y por otro lado una concesión para la instalación de un emisario de recursos tóxicos, en absoluta contradicción con la actividad productiva marítima», argumenta.

Además, la Ley Lafkenche, en su artículo 10, establece que cualquier trámite de concesión sobre el territorio será suspendida mientras existan solicitudes de espacios costeros de los pueblos originarios, lo que fue anteriormente ratificado por la propia Contraloría.

Para Silva, esto demuestra que «existe una contradicción de las políticas públicas sobre el espacio costero», ya que el proyecto amenazaría directamente la actividad ecológica y productiva de Mehuín. «Esto viene a evidenciar que el Estado y sus organismos han privilegiado la actividad productiva por sobre la integridad ambiental de los territorios. Sobre todo, preocupa que se omita lo sucedido en Chiloé, donde el Estado es responsable por autorizar la sobreexplotación del territorio, y se siga replicando en la costa de la región de los Ríos», finalizó.

Por ahora, las comunidades de Mehuín siguen atentos a esta disputa que sumaría una nueva amenaza contaminante en las costas del sur de Chile.