Inmuebles Recuperados por Autogestión peligran ante licitación al mejor postor impulsada por Bienes Nacionales

Casona Protectora en el centro de Santiago

La veintena de familias que viven hoy en los Inmuebles Recuperados por Autogestión del centro de Santiago están preocupadas y alertas, ya que una de las casas se encuentra en proceso de licitación a la mejor oferta económica y otra sería cedida en comodato. Aunque el Ministerio de Bienes Nacionales ofreció esperar que los pobladores obtuvieran los subsidios para comprar directamente los terrenos, luego no cumplió su palabra y está dejando sin techo a las sesenta familias que colectivamente desarrollaron un proyecto de vivienda social para optar a una vida digna.

En Chile, hay 28 mil familias sin techo y 17 mil inmuebles fiscales, de los cuales muchos están abandonados. Con la crisis habitacional acentuada tras el terremoto de 2010, un grupo de vecinos del Barrio Matadero y Franklin de Santiago –agrupados en torno al Movimiento de Pobladores en Lucha – MPL- optó por ocupar dos casonas fiscales abandonadas en el centro.

Juntos las habilitaron para vivir colectivamente, con sus hijas, hijos y compañeros animales. Profesionales de diversas áreas los asesoraron para construir los proyectos colectivos de vivienda social que serán construidos una vez que la casa de Santa Rosa con Matta y la de Lira con Santa Isabel sean compradas al Ministerio de Bienes Nacionales, aun cuando hoy esta cartera haya incumplido su promesa inicial- que los ocupantes aseguran que les hicieron- y esté licitando la primera al mejor postor.

OCUPANDO PARA VIVIR

El 4 de mayo de 2011 un primer grupo de pobladores declaró “inmueble recuperado por la autogestión” (IRA) una vieja casa ubicada en Santa Rosa 1165, antiguo lugar de acogida de religiosas, a la que llamaron Casona Esperanza, y donde hoy viven siete familias que suman 13 niños.

Los dueños de la casa -el Arzobispado de Santiago– visitaron la ocupación y los tranquilizaron diciéndoles que “la Iglesia no desaloja familias”. Los padres Alfonso Baeza y Rodrigo Tupper se entusiasmaron con el nivel de organización y formaron parte de la mesa que tramita la entrega de los terrenos.

Días después otro grupo de personas ocupó la Casona Protectora de la Infancia (en Santa Rosa con Santa Isabel) y Bogotá Popular (Lira 1652). La primera estuvo estuvo abandonada por cinco años, en los que las cañerías, el cableado y las puertas fueron robados.

La iniciativa fue celebrada por Raquel Rolnik, relatora para el Derecho a la Vivienda Adecuada de la ONU, cuando estuvo de visita en Chile. Por su parte, el Colegio de Arquitectos de Chile manifestó su apoyo a los ocupantes, «en la medida que representan nuevas modalidades propositivas para participar en la gestión urbana, para disminuir las inequidades urbanas y para hacer efectivo el derecho de permanecer en la comuna de Santiago”.

Y fueron más allá: “vivimos en ciudades marcadas por una inequidad urbana básica: i los gobiernos ni el mercado han sido capaces de proveer viviendas ni entornos adecuados para las personas de bajos ingresos. Más aún, con las políticas cuantitativas de vivienda social y la inexistencia de planificación y de política urbana hemos reproducido y aumentado la inequidad, gracias a la masiva construcción de viviendas de mínimo estándar en nuestras periferias”.

 Sin embargo, todos estos proyectos corren peligro, ya que Bienes Nacionales inició el proceso de licitación de 32 inmuebles fiscales abandonados, con el objetivo de que estos sean vendidos a iniciativas comerciales privadas.

 El mismo Colegio de Arquitectos criticó la actitud del Ministerio, que varias veces «ha cedido propiedades a intereses particulares e individuales y, sin embargo, pone reparos cuando se trata de un interés colectivo como el de los vecinos que han recuperado con su esfuerzo y su trabajo voluntario inmuebles que estaban en completo abandono y semi-destrucción».

Una «escuelita» para niñxs en Casona Esperanza

 VUELTAS DE CARNERO

“Bienes Nacionales nos dijo que no nos preocupáramos porque iban a esperar que tuviésemos los subsidios y así podríamos comprar directamente los terrenos”, afirma Henry Renna, uno de los voceros de los IRA.

Cerca de 90 personas agrupadas en tres comités postularon al subsidio. “La idea es con ese dinero comprar los inmuebles a un precio sobre el evalúo fiscal pero menor que el comercial”, explica María Constanza Lizana, una de los abogadas que asesora a las familias.

Sin embargo, Bienes Nacionales inició el 1º de julio la licitación de nueve inmuebles ubicados en la Región Metropolitana, entre ellos la Casona Esperanza (de 830 metros cuadrados), en el marco de la ejecución de un plan de restitución de inmuebles fiscales ocupados irregularmente, de un plan de venta que permita cumplir con la normativa vigente de enajenar a la brevedad estas propiedades y un plan de administración de estos inmuebles.

 Ya en diciembre pasado, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados pidió explicaciones a la Ministra Catalina Parot respecto a la situación en que se encontrarían 795 propiedades fiscales ilegalmente ocupadas en la Región Metropolitana.

 Sobre el destino de dichos inmuebles, una vez recuperados, la Ministra Parot señaló que se definirían qué inmuebles serán entregados a organizaciones sociales (como juntas de vecinos o clubes deportivos) y cuáles serán finalmente vendidos.

Por esa razón, la ministra hizo un llamado a las organizaciones sin fines de lucro a que busquen propiedades fiscales en situación irregular y, si están interesadas en asumir la administración de éstas, informárselo al Ministerio. «Estamos dispuestos a entregárselos, queremos colaborar con las personas que quieren ayudar al bien común», aseguró.

Frontis Casona Esperanza

Además precisó que hay que “distinguir los casos de tomas de familias humildes, a quienes se les regularizará su situación”, situación que en el caso de los IRA no se ha cumplido.

“El cambio de actitud de Bienes Nacionales es político”, señala Renna, criticando de paso al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por no haber hecho todos los esfuerzos a favor de los pobladores.

“Nosotros estamos ofreciendo cerca de 130 millones de pesos por el terreno”, explica Renna, “lo que está muy cerca del precio mínimo que se puso para la licitación» (poco más de 135 millones pesos).

“Nos complica el panorama la decisión del Ministerio, ya que no podemos participar de la licitación como cualquier persona porque el proceso exige una boleta de garantía por el 10% (13 millones) y como es a sobre cerrado gana quien ofrece más plata”, señala la abogada de los ocupantes.

En el caso de la Casona Protectora, esta ha sido varias veces licitada sin resultados, dado su alto valor. Rumores indican que una vez desalojados los ocupantes, la propiedad sería dada en comodato a una fundación.

El Ministerio de Bienes Nacionales, a través de su Departamento de Comunicaciones señaló que ellos pueden “destinar” (no vender) los inmuebles sólo si existe un proyecto de vivienda social de parte del Ministerio de Vivienda, lo que no existiría en este caso.

Niegan, además, tener información respecto a que Protectora sería cedida a una Fundación y dicen desconocer los acuerdos previos que hayan existido con los pobladores. Afirman, sin embargo, que las autoridades ministeriales han estado siempre dispuestas a dialogar.

El Serviu, por su parte, ha señalado que  las casas ocupadas son de propiedad del fisco y, por lo tanto, administradas por Bienes Nacionales, evitando referirse a estos casos específicos y afirmando que los arrendatarios acreditados por los municipios fueron considerados en el paquete de soluciones para damnificados por el terremoto, cosa que en el caso de los IRA no ocurrió.

Huerta en Casona Esperanza

OTRO CASO

Por otro lado, notoriedad pública alcanzó el anuncio de la Ministra Parot respecto al desalojo del Internacional Sporting Club de Santiago, ubicado en Bellavista 180, en la comuna de Recoleta. El inmueble es ocupado irregularmente desde 1996, año en que caducó la concesión, por lo que el Ministerio llamó a licitación pública.

El club de tenis tenía plazo hasta la medianoche del viernes 29 de junio para hacer abandono de las instalaciones, cosa que al día de hoy no ha ocurrido. El Consejo de Defensa del Estado interpuso una demanda ya que no existen las atribuciones para desalojar.

Parot aseguró que han entregado todas las facilidades para que la actual administración participe en el proceso de licitación, pero ellos desistieron, alegando una supuesta “renovación automática” de la concesión, aunque  la última solicitud presentada en 2007 fue rechazada por los numerosos incumplimientos legales de la corporación.

Cabe señalar que entre las irregularidades detectadas en la fiscalización, figuran la instalación de avisaje publicitario, gigantografías y antenas de celulares, lo que vulnera lo estipulado en el caso de las concesiones gratuitas.

A juicio de Henry Renna, de Casona Protectora, un caso que se ubica en la vereda totalmente opuesta a la utilidad social que tiene un proyecto comunitario como los IRA.

 Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano

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