La gobernadora de Capitán Prat, Ana María Mora, no dio respuesta a una solicitud de permiso para una marcha contra HidroAysén porque no le gustó una frase de la solicitud que aludía a las irregularidades en la tramitación y aprobación del proyecto. Otro dato más para el largo historial a la institucionalidad que exige pedir permiso para manifestarse.
El hecho ocurrió en mayo de este año en Cochrane y hace una semana fue ingresado un escrito en la Contraloría Regional para que determine “la legalidad y eventuales responsabilidades de la gobernadora de Capitán Prat, Ana María Mora, y su asesora jurídica, María Soledad Larrea del Solar” por su actuar.
Como la manifestación se realizó de todas formas, dirigente convocante fue condenado por supuestos “desórdenes públicos”
SIN RESPUESTA
Hasta las oficinas de la Contraloría Regional en Coyhaique llegó el 9 de octubre Carlos Garrido Moneva, presidente de la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia de Cochane (ADEP), con el objeto de solicitar al organismo que determine la legalidad y eventuales responsabilidades de la gobernadora de Capitán Prat, Ana María Mora, y su asesora jurídica, María Soledad Larrea del Solar, al no dar respuesta formal (rechazando o aprobando) a una solicitud ingresada en su oportunidad para marchar por las calles de Cochrane. Tal omisión, ocurrida en el mes de mayo, derivó en una posterior condena del Juzgado de Garantía al dirigente en su calidad de convocante de la actividad que se realizó de todas formas, acusado de, supuestamente, “haber ocasionado desórdenes públicos” según consignó Carabineros.
El 9 de mayo de 2012 la ADEP programaba realizar un acto y una marcha con motivo de cumplirse un año de la aprobación de HidroAysén, para lo cual ingresó con 5 días de anticipación la respectiva solicitud de autorización tanto en la municipalidad de Cochrane (para el uso de la plaza) como en la gobernación de Capitán Prat (para marchar por la calle). Con la primera institución no hubo problema alguno, pero sí con la autoridad provincial.
“Dos días antes de la marcha recibí un llamado de María Soledad Larrea donde me dice que no están dispuestos a darnos autorización por problemas en el texto de la carta que enviamos” recordó Carlos Garrido. El párrafo en cuestión señalaba: “Extendemos la presente solicitud con el fin de que Ud. autorice nuestra movilización, la que tiene como objeto conmemorar la aprobación del Estudio Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico de Aysén, situación ocurrida el año pasado tras una serie de irregularidades, ilegalidades y abusos durante el proceso de evaluación ambiental de dicho proyecto eléctrico”.
Producto de la negativa de la organización a cambiar el texto e ingresar una nueva solicitud, como exigiera la autoridad, “porque nosotros no le estábamos pidiendo que vise los dichos u opinión, ya sabemos de sobra la opinión que tiene el gobierno sobre HidroAysén, está a favor” explicó Garrido, la respuesta oficial nunca llegó.
A pesar de esto la actividad se realizó de todas formas y en completa normalidad, marchando los cochraninos por las calles del poblado sin producirse incidente alguno. Todo podría haber quedado ahí si no fuera porque a mediados de junio de 2012 Carlos Garrido fue notificado de la condena que el Juez de Garantía del Baker-Cochrane le impuso, en calidad de autor de supuestos desórdenes públicos, obligándole a pagar una multa de $39.649.
Ante esto, el presidente de la ADEP solicita a la Contraloría Regional que “determine la legalidad o ilegalidad del actuar de la gobernación Capitán Prat, la gobernadora y su asesora jurídica, y determine eventuales responsabilidades administrativas o legales” por abandono de deberes al no responder una solicitud de autorización hecha en conformidad a la ley. Agregó que “es un hecho que no podemos dejar pasar, nos parece grave que en nuestra comuna no podamos manifestarnos libremente cuando estamos cumpliendo con todo lo legal. Siempre hemos marchado pidiendo autorización, como corresponde, por lo cual esto nos parece un abuso y una arbitrariedad que también está relacionada con HidroAysén”.
Indicó que lo que está ocurriendo “es lamentable. No hay participación ciudadana, no hay respeto por la comunidad, por las organizaciones, por los pobladores afectados, por la región completa y en particular por nuestra provincia. Es decir, nos quieren imponer un proyecto que es nefasto y más encima ni siquiera nos permiten expresarnos”.
Garrido explica en la presentación que no está solicitando al organismo contralor revisar el actuar policial, que no está dentro de sus atribuciones, sino esencialmente la conducta arbitraria de la gobernación provincial.
LEY ANTIDISCRIMINACIÓN DE AGENTES DEL ESTADO
El 24 de julio, dos meses después de la polémica acción de la gobernación Capitán Prat, fue aprobada la Ley 20.069 “que establece medidas contra la discriminación”. El citado cuerpo legal establece sanciones para las conductas de particulares y agentes del Estado que, arbitrariamente, “priven, perturben o amenacen” el ejercicio de un derecho garantizado en la Constitución. En este caso los de reunión, libertad de conciencia y de opinión.
Alude particularmente a las discriminaciones arbitrarias que se funden “en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.
Así dadas las cosas, si la actuación de la gobernadora y su asesora legal hubiese ocurrido luego de la promulgación de la Ley 20.069, más de alguna acción legal podría haberse interpuesto en su contra.
Por Patricio Segura
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