Navarro: «La fuerza ciudadana contra Octopus puede más que un telefonazo»

La aprobación ambiental del proyecto Terminal GNL Penco-Lirquén, un terminal de gas natural en las costas de la bahía de Concepción, continúa desatando duras reacciones entre los políticos opositores del desarrollo del proyecto y ciudadanos afectados con la creación de una termoeléctrica que destruirá tanto el ecosistema como numerosas fuentes de trabajo y que además, no cumple con ningún plan de desarrollo antes previsto por las autoridades regionales.

El senador y presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Alejandro Navarro manifestó que independiente si el gobierno es de izquierda o de derecha, la ley siempre actúa a favor de las empresas, “es una ley que deja totalmente fuera a la ciudadanía, por lo tanto es una legislación que está divorciada del sentimiento y reclamo ciudadano de más participación y de vinculación con los destinos de su país, entonces refleja perfectamente el crudo momento que vive la política en su distanciamiento con la ciudadanía”, para el político la institucionalidad está diseñada para eso, para alejar a los ciudadanos de la toma de decisiones.

Navarro aclaró que la localización de este proyecto no solamente genera el riesgo vital para los habitantes de Lirquén, sino que altera todos los planes de desarrollo comunal, porque en una bahía en donde se buscaba un proceso distinto, colisionó con los intereses de la comuna de Tomé, Penco y Lirquén, “además que una vez más el gobierno presiona políticamente  a todos los Seremis y al intendente para una votación que es política”.  

Está claro que la ley de medio ambiente requiere importantes y urgentes modificaciones, en este sentido el parlamentario aseguró que confía en que lo que queda de tiempo entre la aprobación y la materialización se pueda disuadir a los inversionistas de realizar este proyecto en la bahía de Lirquén.

Frente a la real posibilidad de paralización del proyecto, Navarro dijo que la institucionalidad es tan precaria, que hasta el telefonazo de un presidente ha logrado paralizar proyectos, “entonces la fuerza ciudadana acumulada contra Octopus puede más que un telefonazo. Espero que la gente se organice y logre objetivos, nosotros vamos a apoyar a todas las coordinadoras y comunidades en la segunda batalla (el Consejo de Ministros)”.

Además, señaló que las leyes no van de la mano de los nichos ecológicos, a propósito de que la sinergia existente entre la descarga de gas y la generación de energía es una, sin embargo el proyecto fue dividido en dos para dividir a las comunidades, violentando lo que la propia ley establece, que los proyectos no pueden ser desmembrados y presentados de manera fraccional. “Todas esas peleas se han dado, pero es una ley diseñada para aprobar sí o sí esos proyectos, por lo tanto solo nos queda la rebelión ciudadana y la espera de generar un programa de cambios profundos en materia de regulación ambiental”.

Consultado por la misma problemática, el abogado ambientalista Álvaro Toro, señaló a El Ciudadano que se siente amargado y súper decepcionado. esto porque según Toro, la falta de rigor técnico ambiental que debe tener la institucionalidad y la falta de autoridad regional que tiene la comisión de evaluación encabezado por el Intendente, muestra que son monigotes y títeres de las decisiones que centralmente adoptó el ministro de energía hace muchos meses.

«Yo sabía que el proyecto podría ser aprobado, pero no de la manera en que se hizo. Ellos (la empresa) sabiendo y estando advertidos que la ciudadanía quería estar presente, dijeron que iban a dar las facilidades y tuvieron compromisos verbales adquiridos como el aviso de 10 días de anticipación, para que se expresara la ciudadanía, entonces al final se expresó masivamente la ciudadanía, pese a los intentos de ocultar esto. Nosotros nos enteramos el viernes en la tarde que estaba puesto en tabla para el martes y aún así llegaron 200 mil personas a manifestarse». 

El abogado considera el desarrollo de Octopus como un maltrato y una falta de consideración a la gente y a las autoridades regionales elegidas democráticamente, que se manifestaron en contra del proyecto, «esto porque va en contra de los planes de desarrollo planificados para la región, todos los alcaldes involucrados, todos los consejos municipales y los políticos  del poder legislativo, los dos senadores, uno de la UDI y el otro del MAS, todos los diputados que hablaron estaban en contra y pese a eso, hay cero consideración de parte de los Seremis que actúan como verdaderos robots y que ni siquiera tenían claro lo que estaban votando».

Hay varias irregularidades en el proyecto, como la forma en que no se consideró la consulta indígena que es clave, porque la gente de la comunidad Lafquenche va a presentar un recurso de protección y a raíz de eso, Toro aseguró que harán la reclamación administrativa al comité de ministros «y no porque ellos vayan a revertir la situación, sino porque es el único camino para llegar al Tribunal Ambiental. Pero por sobre todo seguiremos intentando que el repudio social se expanda a todo el país para que todos sepan lo nefasto de este proyecto para el medio ambiente».