Lo primero que cabe decir es que el destape de la sistemática corrupción de las elites dirigentes ocurrida en los últimos meses viene a reforzar la crisis de representación y la pérdida de legitimidad que son siempre parte indispensable para un proceso de destitución de un régimen institucional, y su correlato, la activación de un proceso constituyente. Lo constituyente presupone lo destituyente, es decir, una trayectoria en la que se ponen en marcha decisiones, mecanismos, instancias no determinadas ni condicionadas por la institucionalidad previa constituida, y que, por tanto, implica una ruptura con ella, y no sólo su apertura y reforma.
Dicho eso a modo de introducción conceptual, a primeras podría sorprender de manera favorable la agenda anunciada por la Presidenta Bachelet, porque del tenor de las propuestas se encuentran acciones que emparejan y abren la cancha un poco más para la apertura del escenario político (en los puntos relacionados con la corrupción) y, cosa inédita, se menciona desde la institucionalidad “la cuestión constituyente”, cuestión de por sí problemática para las fuerzas conservadoras, ya que por el solo hecho de nombrar lo constituyente en vez de una referencia a lo exclusivamente “constitucional”, se está reconociendo la crisis de lo constituido, y las posibilidades de activación de algo nuevo que lo desborde[1]. De todas formas, está claro que ni el Gobierno ni en la coalición de la Nueva Mayoría hay un acuerdo en ese sentido, dada la amplitud y la ambigüedad con que se ha referido al tema la Presidenta y los principales personeros de Gobierno[2], las declaraciones contradictorias que suscitó dicha mención entre su coalición, y la completa omisión de nuevos detalles en el discurso del 21 de Mayo.
Puestos en ese escenario, aquí un punteo sobre cuestiones relevantes a debatir e instalar, desde las posiciones favorables no tan sólo a un proceso y asamblea constituyente que decante en una nueva Constitución, si no que también a una que contribuya a refundar nuestro país desde las fuerzas populares y de izquierdas:
- La disputa por el sentido del destape en curso de los sistemáticos casos de corrupción ya ha sobrepasado con creces las interpretaciones que hubieran querido darle las elites (casos específicos de de corrupción a modo de “unas manzanas podridas dentro de un cajón de manzanas sanas”, que las instituciones procesan y castigan), y ha sedimentando en una dura y bastante irreversible opinión mayoritaria que forja una abierta abiertamente distante, desconfiada, cosa que termina produciendo una desafección hacia las elites dominantes a niveles altísimos en comparación continental y mundial[3]. Se trata de una ciudadanía y un pueblo que cada vez más la identifica de forma más nítida y política: una elite política y empresarial que domina y gobierna el país de manera oligárquica y sistemáticamente corrupta. Es crucial el seguir develando y visibilizando el real contenido de esa realidad, no dejando paso a reconstituciones y acuerdos espúreos que permitiesen a las elites retomar parte de su credibilidad perdida.
- Si bien es cierto que parte de los actores que hoy bogan por una Nueva Constitución vía Proceso y/o Asamblea Constituyente buscan más la relegitimación del orden establecido, que una refundación de éste, es importante no dejarles a éstos actores la vocería o la iniciativa sobre la temática constitucional y constituyente. Un riesgo para los actores que buscamos una ruptura constituyente es el quedar subordinados sin más, a los tiempos y decisiones que tomen aquéllas fuerzas, o bien abandonar estas temáticas por considerarlas un peligro “gatopardista”[4]. Y es que pedirles y/o anhelar que los adversarios políticos (incluso a quienes sin exagerar pueden considerárselos enemigos) hagan exactamente lo que uno quiere que hagan, no es muy certero, ni realista, ni productivo. Precisamente parte de la disputa política pasa por inducirlos o forzarlos a eso, pero cuando no lo hacen, la lógica de restarse, de negarles racionalidad, de quedarse en la mera denuncia de lo que son y no son, por sí mismo, no aporta mucho a afianzar lo propio. Eso no implica aceptar los marcos y coordenadas que éstos pongan, al contrario, se trata de tensionar sus contradicciones y visibilizar la postura refundacional propia, aprovechando las aperturas, por mínimas que sean, que decidan dar. La mención a lo constituyente, o la realización de los cabildos anunciados, parecen ser de estas oportunidades que es relevante entrar a disputar.
- De todas formas, los “procesos constituyentes” no comienzan cuando un Gobierno lo decreta así, pero como todo en la acción política, las palabras y decisiones que se toman desde las posiciones con mayor poder institucional tienen una relevancia bastante grande. No se puede obviar eso, pero tampoco se puede dejar de disputar los sentidos dominantes de las palabras y conceptos puestos en juego. Precisamente afirmar el carácter constituyente de un proceso y una coyuntura dada, implica asumir el significativo rol que cumplen los relatos y la disputa ideológica, el debate y la construcción de sentidos y argumentarios políticos, y donde se visibiliza en mayor grado el carácter de “significantes vacíos” que tienen ciertas palabras en el debate público y los discursos políticos. Aquí asoma como importante el ganar el sentido de que el proceso constituyente partió mucho antes, que ningún Gobierno puede intentar aparecer como su creador, porque todo proceso constituyente parte de una impugnación frente a lo dado, su fuerza motora es una movilización social y popular contra un estado de cosas establecido, un movimiento destituyente de un Gobierno y de los poderes constituidos. Otra cosa es que un Gobierno sea determinante en el impulso de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, cuestión en la que el actual Gobierno de Bachelet y la Nueva Mayoría claramente no han tenido ni tienen una conducta clara ni unitaria al respecto[5].
Algunas ideas para los tiempos por venir
a. Atendidas esas circunstancias de contexto, en lo más puntual y constitucional, habría que considerar como positiva toda reforma que permita posibilitar y abrir puertas para la convocatoria y realización de una asamblea constituyente, más que el frustrarse por el que el momento de la AC no se dé tan rápido como algunos quisieran. Al contrario, para una fuerza con pretensión refundacional lo ideal es que el momento más puntual de convocatoria a una AC sea cuando se tiene las capacidades, visibilidades y unidad mayores para disputar su sentido, el potencial transformador que ésta pueda tener.
b. Otro elemento a considerar es que el tipo de Asamblea Constituyente, sus prerrogativas y su relación con los poderes constituidos, el grado y magnitud de las trabas institucionales que se pongan en su camino, son todos elementos que dependen de la correlación de fuerzas intra y extra institucionales que se cristalizan en un momento dado[6], y todo indica que el movimiento popular y sus fuerzas y referencias políticas y sociales están, si bien en un momento ascendente (en una tendencia de larga duración en la que podemos señalar hitos de avance y maduración, pero no límites claros, y que hunde sus raíces en la instauración y profundización de la era neoliberal en nuestro país), aún con altos grados de dispersión, debilidades organizativas, y sobretodo, carencia de expresiones al nivel político y electoral, que es, a fin de cuentas, donde también se decidirá la composición de la eventual Asamblea Constituyente.
c. Por último, señalar que, más allá de confrontar apertura versus ruptura, las fuerzas refundacionales debemos saber avanzar en las mayores aperturas institucionales posibles, con miras de abrir paso a la consecución de un escenario o “momento constituyente” en que efectivamente se logre superar la institucionalidad constituida, rompiendo el hilo constitucional comenzado por la dictatorial Constitución de 1980, no interrumpido por las sucesivas reformas dictadas desde entonces. Es decir, empujar hacia las mayores aperturas posibles, para abrir paso a la ruptura refundacional que, creemos, urge en nuestro país. Eso pasa por rechazar todo intento de hacer pasar como “Nueva Constitución” un texto modificado en conformidad a las normas que regulan la reforma constitucional en la carta hoy vigente, y la superación de un debate sólo inmerso en un Poder Ejecutivo y un Congreso abiertamente deslegitimados y compuestos por fuerzas políticas en creciente crisis de representación.
Hector Testa Ferreira
NOTAS:
[1] No está de más recordar aquí que el mismo concepto de “poder constituyente” fue prácticamente abandonado y ocultado por las fuerzas liberales y conservadoras por un largo tiempo, que va desde los procesos restauradores y pactos liberal-conservadores de inicios y mediados del siglo XIX, hasta su nueva irrupción en el contexto de la crisis de las democracias liberales y representativas en los años más recientes. Para un repaso histórico de esas tendencias, ver “Aproximación a los procesos y tendencias constituyentes recientes en América Latina”, disponible en: https://testaferreira.wordpress.com/2014/03/03/aproximacion-a-los-procesos-y-tendencias-constituyentes-recientes-en-america-latina/
[2] Por ahora, lo más concreto ha sido la declaración de la Presidenta Bachelet: ““en Septiembre, mes de Chile, daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”.
[3] http://www.infobae.com/2015/05/15/1728987-los-10-paises-del-mundo-los-que-menos-gente-va-votar
[4] Estas cuestiones están desarrolladas en mayor profundidad en el artículo propio “Coordenadas para la disputa Constituyente y Constitucional en el Chile actual”, publicada en Revista Manifiesto XXI de la Fundación CREA. Reseña disponible acá: http://www.manifiestoxxi.cl/web/?p=173
[5] Tan sólo ver posiciones tan distantes como señalar “Bachelet selló la muerte definitiva de cualquier respaldo a una Asamblea Constituyente” (Eugenio Tironi, http://www.elmostrador.cl/destacado/2015/04/29/tironi-asegura-que-bachelet-sello-la-muerte-definitiva-de-cualquier-respaldo-a-una-asamblea-constituyente-para-cambiar-la-constitucion/), de un “el Parlamento no tiene legitimidad suficiente para el proceso constituyente” (Fernando Atria, http://diario.latercera.com/2015/05/25/01/contenido/pais/31-190308-9-fernando-atria-el-parlamento-no-tiene-legitimidad-suficiente-para-el-proceso.shtml).
[6] Ver el texto ya citado, “Coordenadas para la disputa Constituyente y Constitucional en el Chile actual”.
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