La gran estafa de Transaraucaria

650 trabajadores de Transaraucaria -la operadora de buses hoy en quiebra que cubría las rutas de la zona “H”-, están movilizados desde el 1º de junio, exigiendo el pago de sueldos y cotizaciones previsionales adeudadas. En la práctica están cesantes aunque aún no se regularizan sus finiquitos. Se niega a pagar la empresa y el Gobierno a hacerse cargo. Varios choferes permanecen en un prolongado ayuno, desde el 1º de octubre.

Desde el inicio del Transantiago, el Administrador Financiero de Transantiago (AFT) efectuó millonarios pagos a la hoy insolvente Transaraucaria. Nada explica la pasividad de las autoridades. La ley establece que, en caso de que una concesionaria registre deudas de remuneraciones o cotizaciones con sus trabajadores, los primeros estados de pago del contrato licitado deberán ser destinados a dichas obligaciones.

Transaraucaria acumuló multas y descuentos por no prestar los servicios licitados de sus 190 buses. Hoy adeuda casi 2.000 millones de pesos a sus trabajadores. Para el Gobierno todo está bien y su servicio han sido suplido por los otros operadores. Se atiende mucho mejor el servicio, dicen, pues hay 6.640 plazas (asientos), 1.040 más que con Transaraucaria. Pero los trabajadores siguen esperando sus dineros, en manos de la empresa rusa Tokam y la transportista Adriana Troncoso.

El gobierno entregó a Buses Gran Santiago -otra empresa cuestionada- la zona “H” (Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín y Lo Espejo). Plantea como solución parche incorporar a 260 trabajadores a esa empresa. “Queremos reinstalación en otros operadores, no en Buses Gran Santiago pues es el mayor infractor de normas laborales y no queremos un conflicto igual o similar al que hoy vivimos”, dice Denis Vargas, vocero de los huelguistas.

Era obligación del Ministerio de Transportes hacer cumplir a Transaraucaria la oferta que fue contratada, asegurar recorridos y velar por el cumplimiento de la ley laboral. “Llevamos meses esperando nos paguen los sueldos. Transaraucaria recibió el dinero del AFT para pagarlos y no los pagó. Anteriormente, la señora Troncoso también pagaba cuando quería. Recortaba en las imposiciones, no pagaba préstamos de La Araucana ni los bonos. Vendió y se fue. Se hizo millonaria con nuestra plata. Sólo pedimos que nos paguen nuestros sueldos y se respeten derechos, no estamos limosneando”, dice el dirigente Michel Ibarra.

Los huelguistas se mantienen en las oficinas del terminal, en Vecinal 2490: “No hay cobertura de prensa. Detrás de nosotros están nuestras familias… Nos han engañado terriblemente”, dicen. “Han jugado con nuestra hambre y nuestras familias. El Gobierno ha sido incapaz de solucionar esto”, agregan. “Nos piden que esperemos y después de meses aún no firmamos el finiquito. Así no podemos trabajar. No nos dejan trabajar”, señalan. Creen que el Gobierno debe intervenir. “Hemos tenido que andar mendigando y nos dicen que es un problema entre privados”, dicen.

“Le pedimos a Piñera que de una vez por todas nos escuche. Estamos en la desesperación más grande, nuestras familias, nuestros hijos están sufriendo. Pareciera que no somos chilenos”, agrega otro. Denuncian que el Gobierno quiere dejar fuera de la “solución” a aseadores y mecánicos. “Piñera dijo que iba a trabajar con los mejores. Parece que se equivocó. Voté por él, creí en los cambios que prometió, pero fueron para los empresarios no para los trabajadores”, dice otro. “Cuando sacó al último de los mineros dijo que se iba a preocupar por los trabajadores, por su seguridad, no lo ha hecho”, agrega otro huelguista.

USABAN PAÑALES

Les adeudan dos años de imposiciones y el sueldo de varios meses. Exigen les aseguren continuidad laboral. Pero ni el Ministerio de Transportes ni el del Trabajo han dado solución. El problema se veía venir. En agosto, miles de choferes protestaron contra despidos masivos en Gran Santiago, Unitrans y Transaraucaria. En los contratos de licitación no se garantizan sus derechos laborales.

Tras las protestas, el juez del Trabajo Álvaro Flores, sancionó a Express Santiago. Constató que choferes usaban pañales pues no se respeta la jornada de trabajo y no se cumplía el descanso legal. En su fallo el juez obligó a la empresa a “cesar de inmediato en la conducta lesiva de los derechos y otorgar los descansos”. Debían usar pañales o botellas para hacer sus necesidades: “Compelidos por su sistema de trabajo a ejecutar servicios sin pausa, por jornadas de conducción continua que superan hasta 6 horas y que se extienden por decisión discrecional de la empresa más allá de la jornada habitual, las necesidades fisiológicas básicas sólo por coincidencia y azar se realizan en los depósitos y, por regla general, buscan los derroteros de la indignidad. Orinar desde los buses, delante de los buses, en botellas ad hoc, en bolsas, botar ropa interior ensuciada con excrementos y hasta recurrir a pañales para adultos en casos específicos silenciados al proceso por la vergüenza, se estiman conductas demostradas en el proceso”, dice el fallo.

En Transaraucaria ocurría lo mismo. Desempeñaban sus labores en pésimas condiciones y lejos de mejorar su calidad de vida como les ofrecieron, han sido explotados sin pausa: “Públicamente las autoridades dicen que disminuirá el tiempo de espera, que aumentarán las frecuencias de recorridos. Eso ha significado explotación, excesos de jornadas, no poder ir al baño y de ahí se da que los trabajadores tengan que andar con pañales”, dice Denis Vargas. “Transaraucaria no cumplían horas extras, no pagaba como corresponde los sueldos. Nada de lo que se prometió con el Transantiago se cumplió”, agrega.

Transportes y la Dirección del Trabajo han propuesto crear una “bolsa de empleo” y actuar como mediadores ante operadoras “dispuestas a contratarlos”. Pero Denis Vargas dice: “Esa es una oferta inconsistente. El Gobierno debe garantizar la reinstalación de todos, no puede desentenderse. Lamentamos que las autoridades digan que es un conflicto entre privados. El caso de los mineros también era un conflicto entre privados y el trato fue diferente, entrar en detalles está demás”.

SEGUIRÁN PROTESTANDO

Cuando el 1º de junio, Transaraucaria no canceló sueldos, los trabajadores iniciaron la huelga con un cien por ciento de adhesión. En menos de una semana el Gobierno caducó la concesión dejando a 650 familias sin fuente laboral. Cuando iniciaron la huelga de hambre, el 1º de octubre, les ofrecieron 260 cupos para conductores, dejando afuera del trato a los demás 400 trabajadores. “Lo consideramos injusto y discriminatorio”, dice Denis Vargas.

Este 2 de noviembre, a 31 días de huelga de hambre, se encaramaron en una señal de tránsito, en Alameda con Lord Cochrane. Antes de las siete de la mañana, tres dirigentes escalaron la estructura e instalaron lienzos alusivos a sus demandas. Permanecieron allí dos horas y fueron detenidos. En el terminal, en Pedro Aguirre Cerda, acomodaron camas en las oficinas. Los huelguistas han bajado poco más de 18 kilos. Diariamente son atendidos por médicos.

Piensan que es el Ministerio de Transportes quien debe resolver el problema pues ellos “son parte del Transantiago”. “Los encargados, tras caducarles la concesión, se hicieron humo”, dice Denis Vargas. “Si es el Estado el que concesiona, fiscaliza e inyecta recursos a estas empresas por medio del AFT, entonces tiene que hacerse solidariamente responsable por los problemas que ocasionen, es el mandante principal”, agrega. Michel Ibarra, dice: “Si el Gobierno no da su brazo a torcer, si no hace caso a nuestras demandas tomaremos la decisión de retomar la huelga de hambre seca que depusimos luego de la intervención del padre Alfonso Baeza”.

Por Arnaldo Pérez Guerra

El Ciudadano