La guerra social por el agua: La respuesta boliviana a la privatización

El anuncio del gobierno de vender el porcentaje accionario de la CORFO en las sanitarias despierta resistencia social, sobre todo cuando en diferentes países de América y Europa se avanza en la dirección contraria. Por ello y justo cuando se cumplen 10 años de la Guerra del Agua, El Ciudadano rescató la experiencia de los campesinos y vecinos de Cochabamba, Bolivia, que dijeron No a la privatización de un bien básico.

Hace diez años los habitantes de Cochabamba, Bolivia, libraron lo que algunos analistas llaman la primera rebelión del siglo XXI. Por primera vez cerraron un frente contra las políticas neoliberales de privatización de recursos básicos, campesinos y habitantes de la ciudad, quienes derrotaron al ex dictador Hugo Banzer, la trasnacional Bechtel y los dictados del Banco Mundial. Se le llamó la Guerra del Agua y una década después sus protagonistas y activistas de diversos continentes nos cuentan como el agua llegó al río y sigue fluyendo.

LA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA

Desde que en 1985 se comenzaran a implementar las políticas neoliberales en Bolivia, bajo el gobierno de Víctor Paz Estensoro, el movimiento sindical y social sólo acusó golpes. Estos partieron cuando el economista Jeffrey Sachs convenció a los estamentos dirigentes paceños para promulgar la Nueva Política Económica, tendiente a la privatización de las empresas públicas bolivianas, las que hasta esa fecha otorgaban el 65% de los empleos.

La precarización laboral y el alza en el costo de la vida que sufrieron los trabajadores e indígenas bolivianos provocó que en Cochabamba la Federación de Trabajadores Fabriles se articularan en defensa del empleo y surgiera Pueblo en Marcha, agrupación de profesionales y ecologistas que denunciaban la corrupción producida por la aplicación de las terapias de shock de Milton Friedman.

En octubre de 1999 asistieron a una de las sesiones de la Federación un grupo de campesinos para alertarlos por una ley de privatización del agua recién aprobada. “Aquí nos están quitando todo y sólo quedamos como dueños del aire y del agua” – les dijo un campesino a los trabajadores. Cuatro meses antes el Banco Mundial instruyó al gobierno de Banzer a no subvencionar el alza de precios del agua para consumo y privatizar las empresas de agua potable, lo que se concretó con la aprobación por parte del Parlamento de la Ley de Servicios Básicos, Nº 2029, la que contemplaba concesionar el agua potable a privados por 40 años, arrogarles el derecho exclusivo a excavar pozos de agua y la indexación al dólar de las tarifas por el cobro de los servicios.

El agua de la ciudad de Cochabamba sería vendida al consorcio Aguas del Tunari, integrado por la inglesa International Water, la que se hallaba asociada a Bechtel; Abengoa de España y unas oscuras empresas bolivianas. El contrato fue firmado en septiembre de 1999 y establecía que estaba por encima de cualquier otro contrato, ley o decreto. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Manfred Reyes Villa y 10 de los 11 concejales se preocuparon en dar garantías al consorcio de controlar el Servicio Municipal de Agua Potable, SEMAPA.

A la fecha, la mitad de la población cochabambina se abastecía de las aguas de la cordillera del Tunari; y el resto, residentes de la zona sur, dependían de pozos excavados a través de cooperativas. Con la nueva ley estos pozos y las instalaciones de distribución pasarían a ser propiedad de la trasnacional sin pago alguno, quien tenía un pozo en su casa debía pagarle a la compañía con la amenaza de que se o taparan, no se permitiría la perforación de nuevos pozos, práctica habitual de los regantes de los alrededores de la ciudad; e incluso, se necesitaba el permiso de la empresa para recoger el agua de la lluvia

Cristian Mamani, presidente de una junta de vecinos (OTV Santa Veracruz), ubicada en la zona sur de Cochabamba, recuerda que “nosotros siempre usufructuamos del agua, sean aguas subterráneas o cursos superficiales, desde nuestros abuelos. Con aquel decreto se pretendía que tuviéramos que pagar. Así que la pregunta que todos nos hacíamos era ¿Por qué teníamos que pagar un impuesto por un recurso que siempre ha sido nuestro?”.

NACE LA COORDINADORA

Para socializar las condiciones de la privatización, se instala una mesa de trabajo en la plaza 14 de septiembre, centro de la ciudad, la que comenzó a recibir el aporte de arquitectos, abogados y regantes que desmenuzaban la ley. Marcelo Delgadillo, ecologista, recuerda que “empezamos a entregar información respecto de la privatización del agua; y cuando apareció el contrato de Aguas del Tunari comenzamos a movilizarnos con los comités cívicos y de las provincias”.

El 12 de noviembre de 1999 se funda la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida, abocada a la tarea de socializar la problemática que se avecinaba para los regantes en el campo y los trabajadores en sus barrios. Uno de sus integrantes, Abraham Grandydier, recuerda que “tuvimos que llegar hasta la última casa de la ciudad para contarles lo que estaba pasando, organizando reuniones y articulando barrios con otros y zonas”.

Oscar Olivera, cabeza de la Coordinadora, cuenta que pronto se dieron cuenta de que la privatización afectaba a sectores claves de la zona. “A los campesinos les perturbaría en sus usos y costumbres, ya que las fuentes de agua y las formas ancestrales de su gestión, iban a desaparecer o tener que ser pagadas; a quienes vivían en las ciudades, las tarifas subirían; y a las pequeñas cooperativas y comités de agua, las que ante la ausencia del Estado habían generado un proceso de soluciones a sus problemas para acceder y distribuir el agua, el monopolio les expropiaba el fruto de su trabajo de décadas sin ningún tipo de indemnización”.

Una primera marcha convocada en diciembre no tuvo gran eco, por lo que la Coordinadora llamó a mantener un Cabildo Abierto, instancia que  “se llenó porque se publicaron las tarifas de Aguas del Tunari, las que subieron 4 veces y en algunos casos 5 ó 6 veces el precio anterior”- recuerda Delgadillo. Si una familia pagaba 50 bolivianos, ahora tenía que pagar 400. Además se anunció la instalación de medidores en más de 6 mil pozos de las cooperativas en la zona sur y en áreas rurales.

El Cabildo fijó para el 11 de Enero el plazo al gobierno del ex dictador Hugo Banzer para que derogara el contrato con Aguas del Tunari, la Ley 2029 y el tarifazo anunciado. La consigna fue ‘¡El agua es nuestra!’ y se llamó a un bloqueo indefinido de la ciudad y el no pago de las cuentas de agua.

LA CIUDAD SALE A LAS CALLES

Como el gobierno desoyó la demanda social, para el 4 de febrero se llamó a la Toma de Cochabamba, movilización a la que el gobierno respondió enviando policías desde La Paz. Grandydier comenta que esto fue para romper la solidaridad alcanzada, ya que “como los de la zona sur tenían parientes policías, manteníamos información y contactos de nuestros vecinos, por lo que al momento de enfrentarnos estábamos de frente vecinos, hermanos o tíos”.

La jornada dejó un saldo de 60 heridos, más de un centenar de detenidos y paralizó la ciudad, lo que obligó a Banzer a pedir una tregua para revisar la facturación y anuló el tarifazo. La Coordinadora exige que el contrato sea rescindido, lo que es apoyado por los colegios profesionales de la ciudad. También se llamó a una consulta popular para el 26 de marzo, en la que participaron más de 20 mil personas, las que decidieron volver a bloquear la ciudad a partir del 4 de abril.

Para esa jornada “si los organizadores esperaban a 2 mil personas, en la marcha con que culminó el encuentro llegaron 50 mil personas” –recuerda Delgadillo. Ahora la demanda eran 5 puntos: la salida de Aguas del Tunari, la derogación de la Ley 2029, la creación de una empresa de agua no mercantil y comunitaria, declarar como traidores a la patria a los que permitieron la privatización y el llamado a una vigilia en la plaza de la ciudad.

La mediación del obispo de la ciudad, Tito Solari, produce el anuncio de que Aguas del Tunari se va, pero durante la celebración de una misa en la plaza la policía comienza a arrestar a los dirigentes de la Coordinadora. Olivera y Grandydier logran escapar, pasando a la clandestinidad. El 8 de abril se decreta el Estado de Sitio y el gobierno desconoce el acuerdo alcanzado.

La población responde bloqueando las calles. Olivera recuerda que “como andaba disfrazado la gente no me reconocía, pero emocionaba ver a ancianas de barrios medios formando barricadas junto a jóvenes de los suburbios”. En la jornada muere Víctor Daza, un joven de 17 años ajeno a la protesta, quien recibió el impacto percutado por un militar.

Al otro día miles de personas logran tomarse la plaza principal. “No pudieron sostener el Estado de Sitio un día- recuerda Mamani- ya que el cerco social ya no sólo  paralizó Cochabamba, sino que las provincias aledañas, como el Chapare”. En la tarde de ese día se anunció que Aguas del Tunari anuló el contrato, lo que la población ya no cree, volviendo a marchar el 10 de abril por la ciudad.

El acuerdo contempló que SEMAPA volvía a ser del municipio; su directorio estaría integrado por 2 miembros de la coordinadora, 2 del municipio y uno del sindicato de trabajadores; se modificaría la Ley 2029 y se indemnizaría a los heridos. Las barricadas se mantuvieron levantadas hasta que el Congreso derogó la ley en las 24 horas siguientes.

Olivera comenta que “la guerra del agua no fue sólo la recuperación de una empresa o el cambio de una ley. Ante todo fue una recuperación de la voz de la gente, la gente empezó a hablar fuerte desde entonces y cuestionó seriamente el modelo de democracia donde unos cuantos deciden por los demás”.

Bechtel acude al CIADI, instancia de arbitraje internacional, en febrero del 2001 acusando al Estado boliviano, pero el activismo de 300 organizaciones de 45 países pidiendo la participación de la ciudadanía boliviana en el juicio logró que en enero de 2006 se indemnizara a la trasnacional con 2 bolivianos ($160)

Delgadillo comenta que “ganamos porque estábamos cohesionados y eso fue porque tenemos una tradición desde las bases sociales en Cochabamba. Todas las organizaciones sociales, desde los colegio profesionales hasta  regantes y campesinos integraron la Coordinadora, haciendo una causa común: el agua como bien público”.

Grandydier agrega que la experiencia fue “el inicio de un cambio político ideológico que permitió otras batallas en Bolivia. Sin la Guerra del Agua no se hubiesen ganado batallas posteriores”. Raquel Gutiérrez, activista de la Coordinadora, comenta que “la decisión sobre los asuntos públicos dejaron de ser ocupación y tarea de expertos políticos y en común, recuperamos la voz y el poder de decisión”. La experiencia posibilitó futuras luchas sociales, como la dada por los habitantes del Alto de La Paz, quienes el 2003 defendieron el gas y la lucha de los cocaleros, que el 2006 lograron elegir como presidente a Evo Morales.

LA RESPUESTA DEL PODER

A una década de la Guerra del Agua, aún no más del 50% de los habitantes de Cochabamba tienen acceso al agua potable en sus hogares. Si bien hoy se pagan entre 60 o 70 bolivianos mensuales por agua, no ha habido inversiones que aumenten el acceso a la red potable, sobre todo en el sur de la ciudad. Pero no se trata de un problema de gestión, sino de recursos.

Banzer se preocupó de que SEMAPA no prosperara y transfirió todas las deudas que habían sido subrogadas por el Estado cuando se privatizó. Esto asfixio a la empresa. Además Olivera comenta que “pese a todos los esfuerzos que se hicieron de construir una empresa donde participara la población de la ciudad en la elaboración de sus planes y programas, con un estricto control social para evitar corrupción; chocamos con los intereses de los trabajadores, los que no permitieron que se pensara una nueva empresa”.

Delgadillo comenta que “con la privatización no se ha mejoraba el sistema, ya que no se inyectaban capitales para mejoras, sino que la inversión prometida era financiada por grabar la economía de los usuarios. Hoy faltan inversiones públicas”.  Grandydier considera que se debe “disolver la empresa y formar una nueva con participación de los usuarios. Diez años nos han demostrado que no podemos confiar en los políticos porque no han cumplido”.

Un proyecto en ejecución anuncia que en 4 años más la zona sur de la ciudad contaría con una red de agua potable. “Claro que previo a esto hay que hacer un cambio de redes en el casco viejo de la ciudad, ya que es una trama colapsada que pierde le 50% del agua en fugas y cañerías rotas”- apunta Olivera.

Delgadillo rescata el hecho de que “si bien SEMAPA quedó en un status quo anterior a la concesión, hoy no se permite el lucro con el agua en Bolivia y posteriores intentos de privatización fueron paralizados en otras regiones”.

LA OLA SIGUE

La Guerra del Agua fue la primera gran victoria a las políticas neoliberales y aún despierta interés para diversos colectivos sociales. Adriana Marquisio, del Sindicato de Obras Sanitarias del Estado de Uruguay, cuenta que la experiencia de Cochabamba les inspiró a promover un referéndum declarando el agua un derecho humano fundamental y un bien público en octubre del 2004, aprobado por el 64% de la población uruguaya.

“La guerra del agua constituyó un antes y un después en el aprendizaje de los movimientos sociales. Es un espacio de intercambio muy rico ya que dicha experiencia marcó un rumbo”- comenta Marquisio. Hoy el agua es de propiedad pública en Uruguay.

Danilo Urrea, del Comité de Defensa del Agua y la Vida de Colombia, cuenta que en su país trabajan en un referéndum que devuelva el agua como propiedad común, cosa que se perdió en 1994, cuando una ley permite un régimen mixto. “Llegaron los privatizadores bajo el argumento de que el Estado es corrupto e ineficaz. A la par el gobierno tampoco lo hace mejor cuando el servicio es público. Queremos entonces que la gestión del agua sea entre el Estado y las comunidades. En Colombia hay al menos 12 millones de los 46 millones de habitantes que reciben agua de acueductos comunitarios, autoorganizados sin apoyo del Estado”.

Carlo Krusich, activista italiano, cuenta que en su país están organizando a los  movimientos sociales para derogar la Ley Ronchi (2009), que obliga al Estado a licitar la gestión del agua. En tanto, Liliana Olivero, diputada de La Izquierda Socialista por la provincia de Córdoba, Argentina, cuenta que la Guerra del Agua inspiró un proyecto de ley para Córdoba, en donde el agua está concesionada a la empresa Suez desde 1998 y hasta el 2027. Este proyecto contempla que el agua sea un derecho humano no concebible como mercancía.

Hasta ahora en Córdoba la movilización ha logrado evitar el aumento en las tarifas y precios de los medidores. “Plateamos la creación de una empresa con participación de los trabajadores, los usuarios y la universidad en su planificación. Para esto se han hecho movilizaciones y marchas, ya que el actual contrato plantea la no realización de inversiones y si es que las hay, debe pagarlas el pueblo cordobés a través de subsidios que le entrega el gobierno de la provincia”- cuenta Olivero.

Phillipp Terhorst, de la Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios de las Américas y participante de la Mesa del Agua de Berlín, Alemania, cuenta que el sistema de gestión mixta ha mostrado fracasos que han llevado a la  remunicipalización en algunas ciudades. En Berlín, donde el agua fue privatizada a través de un contrato escondido a los contribuyentes, los activistas “estamos avanzando en un referéndum para que se publiquen los términos del contrato, poder revisarlo y ver que resulta lesivo para la gente”.

Terhorst comenta que “con la Guerra del Agua se retomó el poder de decidir sobre el control de los recursos hídricos. Como la gestión de la empresa no ha logrado llevar agua al pueblo, la lección es que no es suficiente con defender lo público y lo comunitario, sino que hay que mejorarlo. Antes pensábamos que la lucha esta acabada cuando el privado se va. Hoy comprendemos que recién empieza la mayor tarea con ese logro. Lo público no es lo estatal y esto último no logra asegurar el derecho humano al agua”.

Olivera añade que “más que debatir si es público o estatal o quien tiene la propiedad pública de la empresa, creo que es necesario insistir en la reapropiación social, de tal forma que avancemos hacia un modelo de empresas con un vínculo muy fuerte con la  población. Si no nos reapropiamos de las empresas estatales, estas van a seguir teniendo los mismos patrones de gestión cerradas, en manos de castas políticas o manejadas por expertos y en las que la población no tiene ningún tipo de injerencia, participación ni control”.

PIÑERA LLEVA AGUA A SU MOLINO

Con la excusa de financiar los daños que dejó el terremoto, el gobierno de Sebastián Piñera está planeando la venta de la participación accionaria que el Estado aún tiene en empresas sanitarias de las principales ciudades del país. Según el Ejecutivo, la venta le reportaría la suma de US$ 1.300 millones.

La privatización del agua potable fue empezada durante el gobierno de Eduardo Frei, concretada con Ricardo Lagos y sería terminada por Piñera. Aún queda un porcentaje de las empresas de agua potable de las ciudades de Santiago, Concepción, Valparaíso y de la Región de los Lagos en manos del Estado, administrados por CORFO.

La participación pública en dichas compañías es de un 34,98% en Aguas Andinas; un  43,4% en Essbío; un 29,43% en Esval; y un 46,46% en Essal. Dichas empresas están controladas por las trasnacionales Agbar (Aguas Andinas y Essal) y Ontario Teachers Pensions Plan (Essbío y Esval).

Según la CEPAL, Chile junto a Argentina son los países sudamericanos en los que el agua es más cara. En ambos está privatizada.

El gobierno pretende llevar a cabo la operación sin ninguna ley de por medio, sino que simplemente abrir la llave a los privados a través de la bolsa. Que la acción se concrete sólo dependerá de la ciudadanía. Y ya la Federación  Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fenatraos), que agrupa a los trabajadores de las empresas de agua potable, llamó a movilizarse contra la medida.

Por Mauricio Becerra Rebolledo

El Ciudadano N°86, segunda quincena agosto 2010