Diversas organizaciones de pobladores y sociales rechazan el balance presidencial comunicado hace pocos días en Talcahuano y denuncian que entre un 20 y un 50% de los conjuntos habitacionales de la reconstrucción no se destinarán a familias damnificadas.
“Hemos llegado a un índice de reconstrucción que supera el 90%”- aseguró el presidente Sebastián Piñera en la entrega de la primera etapa del conjunto habitacional Mirador del Pacífico, en Talcahuano, en la que unas 1.032 familias recibieron viviendas tras perder las suyas producto del terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010.
Piñera dijo que un total de 155 mil viviendas están en manos de las familias damnificadas, mientras que 57 mil están en pleno proceso de construcción. “El 96% de las viviendas que fueron dañadas fueron reconstruidas y ya fueron entregadas o están en pleno proceso de reconstrucción”- aseguró.
Organizaciones de damnificados por el terremoto y sociales rechazan dichas cifras. Una declaración es firmada por las organizaciones Red Construyamos, Región del Bío Bío, Movimiento Nacional para la Reconstrucción Justa, Ciudadanía y Territorio, Observatorio de Vivienda y Políticas Públicas, SEDEJ, Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes, Bio Bio, ONG Surmaule, Talca, Fundación Hábitat para la Humanidad, Fundación Patrimonio Nuestro, Reconstrucción Cómo Vamos, Cooperativa Territorio Sur, Valparaíso y la Asamblea de Vecinos por la Reconstrucción de Villa Olímpica, Santiago.
Los declarantes se fundamentan en lo instituido por el propio Ministerio de Vivienda a través de sus resoluciones exentas Nº 699 y 697 del año 2011.
Un comunicado declara que “las principales organizaciones de damnificados y ONGs que hemos trabajado en las zonas afectadas por el 27F, desde el año 2010, demandamos que el presidente diga la verdad sobre la reconstrucción este 21 de mayo. También solicitamos que el mandatario anuncie medidas administrativas para transparentar el proceso, y que se haga cargo, en su última cuenta pública, de los abusos que están sufriendo los damnificados a causa de intereses inmobiliarios”.
Para Henry Herrera, director del consorcio Ciudadanía y Territorio, la prioridad es transparentar el proceso y analizar las consecuencias de las modificaciones realizadas a las resoluciones 699 y 697 del MINVU. Por eso, solicita “que el Ministerio de Vivienda cumpla con la ley de transparencia y haga públicos los documentos más relevantes de la reconstrucción, y que colaborare activamente con el Consejo para la Transparencia”.
Herrera, declara, además, que “el ministerio, debe publicar todas las resoluciones que asignan subsidios, aclarar el tema de los subsidios innominados y transparentar las transferencias de fondos públicos relacionadas con la reconstrucción, tal como exige el artículo 7º de la ley 20.285″. Para el Director de Ciudadanía y Territorio, lo anterior favorecería la fiscalización de las cifras y el monitoreo de irregularidades en la reconstrucción”.
Carolina Manríquez, dirigenta de Constitución y vocera del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa MNRJ, emplaza al Presidente Sebastián Piñera a decir la verdad sobre las cifras de la reconstrucción y a hacerse responsable por la mala calidad de muchas de las viviendas entregadas. Además Manríquez declara: «qué es difícil de entender que el gobierno esté entregando tantas viviendas de la reconstrucción a familias no damnificadas, mientras tenemos a cientos de familias y adultos mayores afectados por el terremoto, que pasarán un cuarto invierno en mediaguas.»
Desde Concepción, Eduardo Ampuero, de la Red Construyamos, señala que “las situaciones de abuso que sufren los damnificados son graves y reiteradas, porque, en muchas localidades, el Estado está aprovechando el terremoto y la reconstrucción, para dañar el patrimonio de los pobladores y favorecer al empresariado”. Según Ampuero, “el Estado se está apoderando de terrenos de manera abusiva, para favorecer negocios inmobiliarios a costa de población vulnerable, lo que sucede en Villa Futuro, Aurora de Chile y en muchas otras poblaciones de la región del Bío Bío”.
Tusy Urra, también del MNRJ, destaca la lentitud del proceso y explica que por diferentes irregularidades hay conjuntos habitacionales que todavía no inician obras o donde las obras se encuentran paralizadas. Según, la vocera del MNRJ en Santiago, «la quiebra de constructoras, la tardanza en el pago de subsidios a las EGIS, la falta de fiscalización de obras por parte del SERVIU y otros factores relacionados con el sistema subsidiario, impedirán que este gobierno cumpla su promesa de terminar la reconstrucción nacional, y de eso, el presidente se debe hacer cargo».
Marlene Ávila, coordinadora del MNRJ en Talca, agrega que «en localidades como Santiago, Rancagua, Talca y Curico, las obras están quedando mal reconstruidas por un afán del gobierno por cumplir con las cifras, lo que lleva a jugar con la dignidad y ansiedad de las familias, que solo añoran una solución habitacional.»
La misiva concluye diciendo que “consideramos preocupante que el próximo gobierno reciba una reconstrucción inconclusa, un gran problema de Estado no resuelto, con cifras imprecisas, soluciones de mala calidad y procesos a medio terminar. Y lamentamos, profundamente, que se hayan generado nuevos problemas urbanos surgidos de un proceso de reconstrucción entregado principalmente al mercado, y más orientado al lucro, que a las necesidades de nuestra población más vulnerable”.
El Ciudadano
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