Afuera de la Conferencia convocada en la ciudad de Bolivia, organizaciones indígenas y sociales se juntaron para contar al mundo acerca de los conflictos ambientales del país altiplánico. Si bien sus participantes igual están en las mesas de trabajo del encuentro oficial, reclaman que si queremos cuidar el planeta se debe partir por casa. Para eso armaron la Mesa 18.
A las 17 mesas que integran la Conferencia sobre cambio climático, celebrado en Cochabamba, Bolivia, se suma una que no les cayó muy bien a los organizadores. Es la mesa 18, la que fue habilitada por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) para discutir los conflictos socio-ambientales que afectan a Bolivia y que no encontraron cabida en la programación del encuentro oficial.
En dicha mesa se abordan los problemas ambientales de Corocoro, Liquimuni y La Yoya, todos proyectos mineros que están contaminando cuencas de ríos en distintas regiones de Bolivia.
Entre los convocantes figuran el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Cenda, Cesu, Cedla, Colectivo Casa, Fobomade, Bolpress, Enlace, Movimiento Sin Tierra, entre otras organizaciones. La mesa sesiona a una cuadra de la Universidad del Valle, lugar del encuentro de la CMPCC.
Un conflicto ambiental que se difunde en dicho espacio es el que se provocará luego de que la estatal de petróleos YPFB firmara el 2008 con PDVSA (petrolera venezolana) un acuerdo para efectuar una inversión de unos 117 millones de dólares, en las áreas del Norte del departamento de La Paz. Además se sondean reservas de hidrocarburos, gas y petróleo, en las regiones de Chispani, Liquimuni y Chepite, ubicados en los departamentos de La Paz, Beni y Pando.
Cecilia Romero, vocera de la Mesa 18, dijo a El Ciudadano que “se trata de una mesa alternativa, no queremos llevar la contra al encuentro. Si allá hay científicos, investigadores y políticos como principales ponentes, en la Mesa 18 quisimos tener a gente del pueblo afectada por emprendimientos mineros”.
Romero agrega que “se habla de la defensa de la madre tierra, pero se permite el proyecto minero San Cristóbal, ubicado cerca del Salar de Uyuni, entre Potosí y Oruro; o el de Corocoro que ocupan el agua de las comunidades y contaminan los ríos. Hay una contradicción grande”.
Francisco Quisber Salinas, de Potosí, acusa que “la minera San Cristóbal utiliza 50 mil metros cúbicos de agua por día, lo que seca las vertientes y disminuye los caudales de las comunidades que vivimos cerca”.
La Minera San Cristóbal es de propiedad de la japonesa MSC y está ubicada en la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí.
EL RÍO PILCOMAYO
Julián Callapin, de Potosí, quiso traer a la Mesa 18 el problema de contaminación del río Pilcomayo, el que en su curso de mil km. cruza los territorios de Bolivia, Argentina y Paraguay. “La contaminación que ocurre en el dique de la ciudad de Potosí es grande por los más de 20 ingenios que procesan zinc, plata y plomo día y noche. Esto termina contaminando el agua que bebemos”.
La contaminación del río ha sido a lo largo de casi una década con metales tóxicos como Plata, Arsénico, Cadmio, Mercurio, Plomo y Zinc, producto de las actividades extractivas de Potosí y petroleras de Tarija.
Los estudios efectuados demuestran que los índices de contaminación sobrepasan con creces los límites permisibles establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
El representante del Foro Cochabambino del Medio Ambiente, Jhon Zambrana, dijo a radio Pio XII que se abordarán temas relacionados a la situación de la minera, la contaminación del medio ambiente y la situación de las represas del Río Madera entre otros.
Por M. B. R.
El Ciudadano