«La Teletón ha permitido el enfoque caritativo y asistencialista por sobre del enfoque de Derechos Humanos»

Este martes se dieron a conocer los resultados y principales conclusiones del Estudio exploratorio de violencia contra mujeres con discapacidad en tres países de América Latina y el Caribe: Chile, Costa Rica y Uruguay – 2016, el que contó el apoyo de ONU Mujeres y que fue posible gracias a la iniciativa liderada por el Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNIDIS).

La investigación busca aumentar el nivel de información disponible sobre la problemática en la región, para visibilizarla y sensibilizar a la opinión pública, además de entregar argumentos fundados que contribuyan al desarrollo de mejores políticas públicas en la materia.

Para conocer los resultados de la pesquisa y sus implicancias, El Ciudadano conversó con la presidenta del CIMUNIDIS, Marcela Benavides.

El estudio menciona que una de las principales deficiencias constatadas es la falta de estadísticas concretas sobre violencia contra mujeres con discapacidad. ¿Qué provoca este déficit y a que se atribuye?

La falta de estadísticas concretas sobre violencia contra mujeres con discapacidad no ha permitido dimensionar la magnitud del problema a pesar de que existen algunos índices del año 2012, de un seminario que se hizo en España, donde se estableció que la violencia hacia las mujeres con discapacidad es cuatro veces mayor que en la población general. Esto significa una catástrofe humanitaria global en un grupo tan importante como el 15% de la población mundial.

La imposibilidad de dimensionar la discapacidad ha impedido visibilizar a la población con discapacidad. Otro de los mayores problemas para trabajar con discapacidad es establecer la magnitud porque ni los instrumentos ni los resultados no son comparables.

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En el caso concreto de Chile, la primera encuesta nacional de discapacidad, que se realizó en 2004, determinó que cerca del 60% de la población con discapacidad son mujeres. Costó mucho elaborar la segunda encuesta nacional de discapacidad, en 2015, donde se estableció que hay alrededor de un 16% de personas con discapacidad en Chile, y la mayor prevalencia siguen siendo mujeres.

El informe revela que las mujeres con discapacidad sufren varios tipos de violencia: abandono, abuso sexual, burlas, exclusión laboral, maltrato del sistema de salud, etc. Y a la vez explica que tanto la sociedad en general como las mismas mujeres naturalizan o legitiman determinados tipos de violencia. ¿Cómo prevenir o revertir esa aceptación de la violencia?

Hay variables estructurales que desde una política pública con enfoque de Derechos Humanos podrían ser abordadas con bastante precisión y eficacia. Lo que puede hacer el Estado para intervenir en la situación de discriminación y violencia de la población con discapacidad es irremplazable, por mucho que haya prevalecido el enfoque de la caridad, de la solidaridad. El enfoque de Derechos es el modelo que prevalece en el mundo para abordar de forma positiva y eficaz el deber de los estados.

Ha costado mucho levantar este modelo porque han sido muchos siglos de operar con el modelo biomédico, rehabilitador o de caridad.

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En Chile, hubo una comisión asesora presidencial que sesionó desde 2014 hasta la fecha. Esperamos que el 21 de mayo la presidenta mencione en su Cuenta Pública los resultados de esta comisión con respecto a las propuestas del Plan Nacional de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Esperamos que apruebe esto y que lance el proyecto de Subsecretaría de la Discapacidad que nació de este programa de Gobierno de la Nueva Mayoría.

¿Cuáles han sido las principales tareas de esta comisión?

Tuvo una primera fase -hasta marzo de 2015- durante la cual se elaboraron diez medidas irrencunciables y posteriormente volvió a sesionar en agosto hasta abril 2016, donde elaboraron una serie de propuestas para abordar aspectos trascendentales en el derechos internacional de las personas con discapacidad y también aspectos que tienen que ver con derechos específicos de esta minoría.

¿Cuáles son los mayores retos que el Estado chileno aún tiene en materia de discapacidad, en general, y de violencia con mujeres con discapacidad, en particular?

El mayor problema es que el Código Civil no está actualizado. Esto es lo más importante porque sin capacidad jurídica no hay derechos humanos. Estas personas no tienen derecho a la sucesión, no hay derecho al matrimonio civil, ni a la adopción, ni a tener vida política. A las mujeres se las priva de sus derechos sexuales y reproductivos, de su derecho a la maternidad, etc. Hay una notoria naturalización de la sociedad de institucionalizar el privar de libertad a las personas con discapacidad, incluso desde la primera infancia.

Los mayores retos pasan por reconocer constitucionalmente a las personas con discapacidad, reformar y modificar el Código Civil, la ley de Derechos y Deberes en Salud, derogar la Ley 18.600, recuperar a las mujeres con discapacidad e incluirlas a la ley de violencia contra la mujer, y regular el acceso a la justicia por parte de las personas con discapacidad, que hoy no tienen derecho a un debido proceso y que son internados en hospitales psiquiátricos y asilos por órdenes judiciales que nunca son revisadas.

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Son muchas las asignaturas pendientes. ¿Cómo ha gestionado Chile la atención a las personas con discapacidad?

El mayor impacto que ha tenido ha sido durante los 40 años de la Teletón. Sin embargo, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad [Naciones Unidas] ha criticado negativamente su política asistencialista y caritativa. No quiere decir que la Teletón tenga una función social incorrecta, sino que ese ha permitido que prevalezca el enfoque caritativo y asistencialista por sobre del enfoque de Derechos Humanos y eso significa que no se han tomado las medidas que al Estado le corresponden, algunas de interés político.

Es evidente que otro de los puntos pendientes pasa por la inclusión. ¿Qué políticas deberían de fomentarse en este sentido?

Hay que abordar políticas que no solo tengan que ver con Derechos Humanos esenciales, sino también que impliquen educación inclusiva, a una vida independiente  y de la forma más autónoma posible, aunque sea con apoyos de distinto grado de acuerdo a los requerimientos de la persona. Pero lo que debe prevalecer es el ejercicio de la voluntad y preferencia de las personas con discapacidad con respecto a su derecho a decidir cómo quieren vivir, con quién quieren vivir, qué formación quieren tener o con quién quieren casarse.

Meritxell Freixas