La verdad de la ley de pesca y Aysén

En los acuerdos con el Gobierno se dejó de lado demandas del sector pesquero artesanal

Aysén se sublevó en febrero y fueron los pescadores artesanales quienes iniciaron la rebelión. Ocuparon, por varios días, el aeródromo de Melinka. Su demanda, compartida por la mayoría del sector, es el retiro del proyecto de Ley de Pesca. Si se aprueba, dicen, terminará de dejar en manos de los grandes industriales el 95 % de los recursos pesqueros del país, de manera gratuita y, al menos, por los próximos 25 años.

La Ley fue “negociada” por el ministro de Economía, Pablo Longueira; el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea; y dirigentes de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) y de la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile (Confepach). Ello beneficia a los grandes industriales que sobreexplotan los recursos donde poseen mayor participación de cuotas: jurel, merluza común, merluza de cola, y otros. Asignar cuotas de pesca gratuitas y a perpetuidad es privatizar el mar y dilapidar el futuro.

“En la Mesa Social de Aysén, la reivindicación máxima de la pesca artesanal nacional desapareció de las demandas presentadas al Gobierno”, dice el biólogo Héctor Kol en una de sus últimas columnas de opinión silenciadas por la prensa tradicional. Según él y los pescadores artesanales de Aysén, en la Mesa Social se instalaron como voceros de su sector, Iván Fuentes y Misael Ruiz -quienes pertenecen al Consejo de la Pesca Artesanal de los Fiordos y Archipiélagos de Aysén (Corfapa)-, “organización que apoya el proceso de privatización del mar y la apertura de las zonas contiguas entre las X y XI regiones. Es el llamado ‘Acuerdo Longueira’ que significó un aumento de ¡50 gramos! por pescador en la distribución de la cuota de merluza, las pescas de investigación de sardinas para alimentar salmones y que actualmente apela por el traspaso del 100% de la cuota artesanal al sector industrial, es decir, la muerte de la pesca artesanal”, agrega.

Según Héctor Kol, Iván Fuentes y Misael Ruiz contaron con amplia cobertura mediática porque no se oponen a la nueva Ley. “Han sacado de las reivindicaciones aquello que inició la rebelión aysenina. Ellos son los principales operadores del ex funcionario de la dictadura Antonio Horvath, hoy investido como eco-senador. Con tales ‘representantes’, resulta imposible visualizar que la privatización del mar austral sea abordada por la Mesa Social”, dice.

Dagoberto Castillo, dirigente de los artesanales de Puerto Cisnes, anunció el retiro de los pescadores que él representa de la Mesa Social. “No nos tomaron en cuenta”, dijo. “Hay una total desilusión. No nos sentimos representados. Hubo poco compromiso de la Mesa con los pescadores artesanales que le dimos el piso”, agregó. Por su parte, Renato Flores, de la Asociación Gremial de Pesca Artesanal, dijo: “Nos enteramos por la prensa del viaje de los dirigentes a Santiago. Nadie nos consultó la decisión de levantar el bloqueo de caminos”. El dirigente incluso habló de “traición”, y dijo: “Perdimos la confianza en Misael e Iván. No representan los intereses de la pesca artesanal. De todas formas, seguiremos apoyando al movimiento”.

EL LOBBY EN ACCION

Antes de la rebelión de los patagones, durante una asamblea de la Comisión Nacional de Defensa del Derecho y Patrimonio Pesquero de Chile, realizada en enero en Duao –Región del Maule-, los artesanales de Aysén y Magallanes acusaron a algunos dirigentes de haber firmado a espaldas de los sindicados el “acuerdo” con Longueira. Culparon al presidente del Consejo Regional de la Pesca Artesanal de Magallanes y Antártica Chilena, Raúl Toledo, quien, como representante de la Macro Zona Sur Austral, firmó en representación de Aysén sin haber consultado previamente con las bases. Fernando Carmona, presidente del Sindicato de Armadores Artesanales de Punta Arenas, dice: “Confiamos en algunos dirigentes y nos damos cuenta que lo único que han hecho es engañar y mentir”. Juan Carlos Navea, director del Consejo de Pescadores Artesanales de Aysén, agrega que “la firma de Toledo comprometió nuestra fuente laboral. Él actuó a título personal. Firmó un acuerdo que entrega por 25 años la totalidad de la cuota de la Región a los industriales”.

La rebelión de Aysén la inició la pesca artesanal en rechazo a la Ley y a las cuotas asignadas. Hoy, ninguna de esas demandas está en las propuestas de la Mesa Social por Aysén. Para el biólogo Héctor Kol, “la pesca artesanal fue ‘representada’ por dos comerciantes especializados precisamente en conseguir que desaparezca lo antes posible, apoyando la privatización del mar austral; el traspaso de cuotas de pesca desde el sector artesanal hacia el industrial; la apertura de las ‘zonas contiguas’ entre Aysén y la Región de Los Lagos, facilitando la expansión salmonera y guardando silencio ante el más grave problema que enfrenta la pesca artesanal austral: la pérdida de sus espacios de operaciones”. Y agrega: “La demanda real de la pesca artesanal es que el 100% de la biomasa disponible sea para explotación de la pesca artesanal en las ‘aguas interiores’, donde las actividades de extracción, según señala la propia la Ley General de Pesca y Acuicultura, son exclusivas de la pesca artesanal. Nunca se ha planteado la ‘transferencia’ ni de merluza ni de ninguna otra especie pelágica o demersal. Pero los ‘representantes de la pesca artesanal’ de la Mesa auto-designada de Aysén están en otra, están en el bando industrial”, dice.

Ciertamente, en las propuestas de la Mesa Social no se critica la privatización del mar austral o la expansión salmonera y el borde costero dividido en barrios salmoneros. Tampoco las “fiscalizaciones por encuesta que se hacen a esta industria tóxica. Nada sobre el rol ‘industrial’ de la Subpesca o la reivindicación de las 12 millas náuticas de espacio exclusivo. Tampoco reclaman el retiro inmediato de la Ley que le entregará, por otros 25 años y de manera gratuita, el 95% de los peces del mar chileno a seis o siete grupos económicos y familias que dominan la industria”, agrega Kol.

El lobby por la privatización total sigue en marcha. Ya el Congreso promulgó la Ley de Regulación de la Pesca de Investigación (Ley 20.560), que entró en vigencia el 3 de enero de 2012. Para el gobierno de Sebastián Piñera la devastación de la sardina austral, que afectará a unas 10 mil familias en Puerto Montt, Chiloé, Aysén y Punta Arenas, es solo un detalle.

La inmensa mayoría de los pescadores artesanales rechazan la entrega definitiva de los “derechos de pesca” a los mismos industriales que han depredado y sobreexplotado los recursos por décadas. Exigen una Ley de excepción para la pesca artesanal y la exclusividad de pesquerías como la merluza del sur, la sardina austral, el congrio, el pejegallo, el tollo y el lenguado. Para las comunidades que viven del mar, la pesca no es un negocio. Es una forma de vida y una cultura de subsistencia.

AMOS DE LA PESCA

En 2001, el entonces senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, prometió a los pescadores artesanales de la X, XI y XII regiones -durante la discusión del proyecto de Ley Corta de Pesca-, trabajar para que la merluza del sur fuese 100% artesanal. “Fue solo una artimaña demagógica. A fines de septiembre, y ahora como ministro, firmó el llamado ‘Acuerdo Longueira’, que favorece a la industria pesquera y a los armadores. Pablo Galilea, el actual subsecretario de Pesca, en su labor parlamentaria siempre apoyó a los industriales”, dice Cosme Caracciolo, reconocido dirigentes de los pescadores del país.

El principal reclamo de las comunidades es la sustentabilidad de los recursos; dice: “Se hace oídos sordos a tal cuestión. Se le menciona sólo de forma accesoria y ornamentalmente demagógica en el proyecto de Ley Larga. Longueira es uno de los autores intelectuales de dicha Ley, que pretende extender y consolidar la privatización del mar, y que cuenta con el respaldo de los industriales como Sonapesca -Sociedad Nacional de Pesca– y Asipes -Asociación de Industriales Pesqueros-”. Caracciolo afirma que el proyecto de Ley no fue discutido: “Se ingresó sin un previo análisis del nefasto impacto que la prolongación de los denominados Límites Máximos de Captura por Armador ha tenido en lo que respecta a la conservación y cuidado de la biodiversidad marina… Enfoque precautorio, sustentabilidad, entre otros, no son más que un sin fin de epítetos empleados por los personeros de Gobierno para que parezca ‘un buen proyecto’, claro está, centrado ante todo en la ‘sustentabilidad de los bolsillos empresariales’”, enfatiza.

Lo cierto es que el proyecto de Ley profundiza la actual administración pesquera. La propiedad sobre la inmensa mayoría de los recursos pesqueros seguirá en manos de siete u ocho holdings y familias, excluyendo a quienes viven del mar. Un eventual cierre del registro pesquero artesanal consagrará la entrega de los pocos recursos a manos de armadores, que son hoy los dueños, al igual que los grandes empresarios, de los “derechos de pesca”. La pesca de arrastre seguirá arrasando lo poco que queda. “Ese punto es siempre omitido por el Subsecretario de Pesca cuando habla de ‘sustentabilidad’, así como también omite a los verdaderos beneficiarios del proyecto de Ley. En su lugar, para camuflar los verdaderos intereses tras su aprobación, ofrece proyectos millonarios con los cuales encanta a algunos dirigentes poco informados o que simplemente están dispuestos a traicionar a los pescadores”, sostiene Cosme Caracciolo.

El senador Alejandro Navarro advierte en un comunicado que “la Subpesca pretende imponer un Régimen Artesanal de Extracción (RAE) de 15 años, sin tener un parámetro técnico de proyección del producto que hoy escasea. La imposición es absurda. Aún no tenemos Ley de Pesca y se está pensando imponer el RAE. El Gobierno también planea imponer la Ley por la misma cantidad de tiempo. Pactar ahora el futuro de la pesca sin estudios técnicos asociados es una irresponsabilidad y un cheque en blanco que no estamos dispuestos a permitir”.

En 2001, el mar y sus recursos fueron privatizados. Los grandes industriales recibieron como dádiva la mayor parte de las cuotas de captura. Hoy están haciendo lobby para dejar todo como está o en su defecto apoderarse de aún más. Se calcula en más de 1.200 millones de dólares anuales lo que ganan sin pagar impuestos y sobreexplotando los recursos. “Hay embarcaciones industriales capaces de capturar más de dos mil toneladas para hacer harina. Arrasan con cantidades enormes de especies finas o blancas: sierras, corvinas, reinetas, cojinovas, etcétera. La industria habla de toneladas, nosotros de kilos, e intentan responsabilizar a otros de sus crímenes. Para ellos seríamos nosotros los responsables de la escasez de recursos. Ayer fue el calentamiento global; las corrientes del niño y de la niña; las flotas extranjeras y, en el caso del jurel, los peruanos. Los empresarios reclaman un 80% de la cuota que pueda definir la Organización Regional de Pesca (ORP). Dicen que ‘históricamente capturaron más del 80%’. Son demasiado cara duras y sinvergüenzas. Sabemos quiénes son los ‘artesanales’ que pescan enormes cantidades de merluza destinadas a la industria de reducción (harina). Algunos tienen enormes capitales, que en realidad son enormes deudas con los empresarios pesqueros. De esta forma, los industriales ya se han apoderado de las cinco millas. Los ‘créditos’ otorgados perseguían ese fin”, denuncia Caracciolo.

Sólo en 2010, la industria pesquera facturó más de 1.263 millones de dólares en exportaciones. La harina de pescado sigue siendo el principal producto (42% de la facturación por exportaciones). Sobre el 70% de las capturas se convierte en harina (73% del jurel y alrededor del 99% de las anchovetas y sardinas). Y Chile figura como el segundo mayor productor mundial. Esa es la sobreexplotación que agota los recursos a niveles críticos.

Los amos de la pesca no pagan impuestos por la explotación, sólo las patentes de sus barcos. La Comisión Nacional de Defensa del Derecho y Patrimonio Pesquero estudia demandar al Estado ante organismos internacionales. Nicolás Yurguevic, vicepresidente de la Zona Norte, señala: “El Gobierno quiere hacer desaparecer la pesca artesanal. Sólo en tribunales internacionales, en donde sí se respetan los derechos humanos, tendremos acogida”.

Sólo un ejemplo: en sólo dos décadas las capturas de jurel han caído de 30 millones de toneladas a menos de tres. Entre 2006 y 2011 disminuyó un 63%. Según el Instituto de Fomento Pesquero el límite máximo de captura sería de 250 mil toneladas anuales.

Expertos advierten que la única forma de recuperar el recurso es una veda total durante cinco años por lo menos. Chile -léase los holdings y grandes empresas-, entre 2000 y 2010, descargó el 72% del jurel extraído en el Pacífico Sur. Los amos del mar conforman un oligopolio que posee el 87% de la cuota total establecida para el jurel. Solo Angelini controla el 29,3% de la cuota de jurel y el 5,5% de la harina de pescado a nivel mundial.

Si es aprobado el Proyecto Longueira, la pesca artesanal está condenada a morir. La merluza de tres aletas se asignó totalmente a un holding de capitales japoneses. Primero, se entregó como pesca de investigación y, luego, se le asignó ‘con base en su historia’. La merluza austral se entregó a tres empresas, dos de ellas extranjeras. Si se aprueba la Ley eso se perpetuará.

Por Arnaldo Pérez Guerra

Ilustración: cerroestudio.org

El Ciudadano Nº122, primera quincena abril 2012