Las siete familias millonarias beneficiadas con la nueva ley de pesca

Los beneficiados por la Ley de Pesca promovida por el ministro de Economía, Pablo Longueira, son las familias Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, quienes en el último tiempo se han fusionado en tres grandes conglomerados que controlan nada  más  y nada menos  que el 76% de  la  capacidad pesquera industrial del país y  que se reparten utilidades calculadas en a los menos  unos  tres mil millones de dólares anuales,  a partir  de la  extracción gratuita de los  recursos  del mar chileno.

No es menor  lo que  se  está  discutiendo  en torno a la  Ley larga  de Pesca, bautizada también como  Ley Longueira; los intereses  en juego en torno  a lo que  será  el marco  regulatorio de la actividad  pesquera  por las  siguientes  dos  décadas son muchísimos, pues se habla  de un rubro  que genera  anualmente tres mil millones de dólares  a partir  de  la extracción y comercialización de  los  recursos del mar chileno y que por ende,  son de todos  los chilenos.

Los  intereses sobre el acceso a los  recursos se han evidenciado en las  semanas previas  a la votación  en la Cámara de Diputados de  este proyecto de  ley. Los artesanales de  todo el país,  entre ellos  los de Chiloé,   se  han movilizado, han salido  a  las  calles,  han  bloqueado  caminos  y los han tomado  detenidos   por  protestar  en contra de  esta  ley  que sienten los perjudica en favor de los industriales, que para   alcanzar  sus objetivos no necesitan protestar ni  salir  con lienzos  y pancartas  a la  calle, pues  en este proyecto de ley tienen de aliado al gobierno  y a  los parlamentarios oficialistas, pues el nuevo marco regulatorio para la actividad es un traje  a la medida para  unos cuantos grupos  económicos  que con en el transcurrir de los  años  han concentrado  prácticamente  la  totalidad de  la  capacidad de captura  industrial en el país.

LAS 7  FAMILIAS

Se habla  de siete  familias, así  como en la película  El Padrino;  siete  grupos  familiares conformados además  por las personas  más  ricas del país.

Pero, ¿quienes son estas personas que cuya  identidad poco se conocen y que están detrás de estos  grandes  grupos empresariales que  quieren mantenerse  como actores  exclusivos de la actividad pesquera en Chile?

Bueno, las siete familias privilegiadas con la explotación gratuita de los recursos pesqueros de Chile son: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Cruz, quienes en el último tiempo se han fusionado en tres grandes conglomerados que controlan nada  más  y nada menos  que el 76% de  la  capacidad pesquera industrial del país y  que se reparten utilidades calculadas en a los menos  unos  tres mil millones de dólares anuales,  a partir  de la  extracción gratuita de los  recursos  del mar chileno.

Hubo un tiempo en que estas familias poseían por separado su propia  flota  pesquera, pero,  principalmente a  partir de la  repartición de  las  cuotas individuales de captura, ocurrida en el 2001, estas multimillonarias familias comenzaron a  fusionar sus empresas, a concentrar  sus riquezas y sus poderes  de captura. Así,  por  ejemplo,  las Pesqueras San José y South Pacific Korp,  de Angelini y la familia Lecaros se fusionaron para  dar origen a  la  Pesquera Orizon, que  captura el 80% de la sardina y jurel en el norte del país. Lo mismo ocurrió sólo el año pasado entre las Pesqueras Camanchaca y Bío Bío, de Jorge Fernández y Jan Stengel, que juntas  ahora capturan el 20,4% del jurel. A mediados del  año pasado las Pesquera Itata y El Golfo, vinculadas a la familia Sarquis y al grupo Yaconi-Santa Cruz,  también se  unieron  y juntas  extraen el 20% del jurel y facturan  al  año 400 millones  de dólares.

Por  otro lado, el Grupo Angelini, a través de Corpesca y SPK, reunió en 2009 el 24% de la captura global de jurel;  San José, otra poderosa industria,   se unió a la segunda y  concentró el 12,4%. Así, ambos grupos sumarían el 56% de las extracciones de 2009 y el 46,6% de las cuotas del jurel del año  2010.

A  ellas se sumó Blumar S.A. que es titular del 20,28% de la cuota industrial de jurel, del 26,07% de sardina común, del 31,05% de merluza común y del 15,74% de merluza de cola. De esta empresa nada se sabía en Chile hasta hace sólo unos meses. Su nombre era completamente desconocido hasta el 8 de octubre de 2011, cuando  apareció en el Diario Oficial  y en  la exclusiva escena del mapa pesquero nacional.

Blumar S.A. pasó a llamarse Pesquera Itata  y luego de fusionarse con Pesquera El Golfo se convirtieron  en la empresa individual  que concentra  la mayor parte de  los recursos  pesquero del país.

Como  dato complementario, hasta el año 2001, cuando se repartieron las cuotas individuales de captura, existían en  Chile 78  firmas  pesqueras dedicadas a  la  extrañación  del jurel, al poco  tiempo esas  78 se  redujeron a sólo 26,  producto de  las  concertación de  capitales.

Tras las últimas fusiones,  quedaron sólo 4 grandes conglomerados que controlan el 92 por ciento del sector pesquero nacional: Orizon (fusión de South Pacific Korp y Pesquera San José);  Blumar (fusión de Itata y Golfo) y Camanchaca Pesca Sur (fusión de Camanchaca y Biobio) y Marfood (fusión  de Joint Venture de   Alimar y Foodcorp).

Estos grandes grupos corresponden a las siete familias de la pesca, que  son: Angelini, Sarkis, Stengel, Cifuentes, Jiménez, Izquierdo y Santa Cruz, a quienes  les interesa que nada se modifique, quieren seguir engordando sus fortunas  y apelan a derechos históricos sobre  los  recursos  y  le  ha ido  bien:  el  gobierno  está   con ellos  en esa  demanda,  pues el proyecto de ley  contempla  que  se les entreguen a  perpetuidad  e  incluso  en calidad de  heredables,   los derechos sobre  los  recursos  del mar chileno.

Por  otro lado,  el gobierno no quiere regular la  pesca de arrastre, a cargo justamente  de los  industriales   en todo el país  y responsables de la pérdida de bio  masa en los mares chilenos, de la sobre explotación, pues  la sustentabilidad  de los  recursos, que  debiese ser  el eje del la nueva ley, está  lejos del debate  y de la propuesta del gobierno.

PORTAZO A  LAS LICITACIONES

Hasta el año  pasado  se habló  de licitar las  cuotas de captura de pesca. Era  y es  lógico pensar en que  era  bueno  que nuevos y más actores se sumaran a esta actividad. El arribo del Pablo Longueira  al Ministerio de Economía  echó  al tarro  de la basura  esa posibilidad  que  se veía  con bueno ojos, pues  el  propio Presidente de la República, cuando era  senador,  fue uno  de sus impulsores  en la  ley de  pesca de 1991. Además en las sucesivas legislaciones la derecha siempre votó por mantener la licitación que contempla el Artículo 27 de la ley de pesca actualmente vigente.

Se  ha dicho  que la licitación  abre  la puerta  a  lo que han denominado la “amenaza extranjera”, lo que  es  absolutamente  falso,  pues  la actual norma dice que para pescar en Chile la nave debe ser de bandera chilena,  y el tema de fondo en cuanto a las  licitaciones (como cualquier otra que hace el Estado chileno) es  que  una actividad económica, enormemente lucrativa  y  hecha sobre la base de explotar recursos naturales de todos los chilenos, tienen el mejor retorno para el Estado y para la sustentabilidad de los  recursos,  si se licita.

Hasta ahora las industrias pagan patentes, pero no por los recursos que pescan. Además, ese discurso nacionalista en cuando  a la pesca no cuadra con el silencio en relación al agua, a la minería, a las carreteras, a la televisión, a  la  telefonía, a la producción de energía  y otras áreas de la economía  nacional  en donde  se valora  y aplaude la participación de empresas extranjeras.

Así, el escenario se vuelve  absolutamente propicio y  favorable  para  los mismos  de siempre  y el gobierno busca, mediante instancias paralelas a la legislativa, imponer acuerdos con los beneficiarios privilegiados de siempre, para que sigan siendo los únicos que reciban las cuotas, además, a perpetuidad y en calidad de heredables. Lo que no ocurre en ninguna otra  área  en donde  el Estado entrega  una concesión a  un privado, pues  cualquier empresa que postula a una concesión por 20 años sabe que tras ese tiempo el recurso o el servicio volverán a ser patrimonio del Estado, como ocurre con las carreteras o con el espectro para la televisión o radio. Por ello, es absurdo que se hayan negado siquiera discutir la licitación, que sigue siendo, según lo evidencia la propia realidad de Chile, el mejor mecanismo para asignar transparentemente los derechos de pesca  y no a dedo  como se  quiere además ahora  legalizar.

Lo curioso es que ha sido la  centro izquierda, acusada  muchas veces  de estatista, la que ha  salido a  defender la libre competencia (máxima del mercado)  y el ingreso de nuevos actores a este sector económico, cuando debiera ser el propio gobierno y sus partidos, es decir  la derecha, quienes lo promovieran, tal como lo han  anunciado  con medidas para combatir el “mercado imperfecto” de las farmacias, los medicamentos  y otros.

PARA  LOS ARTESANALES  NADA

¿Pero  qué  pasa  con el sector pesquero  artesanal, que indiscutiblemente tiene  derechos históricos  y  sí  son herederos  de una actividad milenaria y ancestral  en las costas  del país?

En la propuesta  del gobierno  la torta  no alcanza para ellos  y  las  demandas  históricas del mundo artesanal no  están  contempladas en la  ley.  No se quiere proteger los caladeros históricos de la pesca artesanal; no quieren establecer las 5 millas de protección artesanal en todo el país; no  se  quiere  siquiera discutir si algunas pesquerías debiesen estar   en su  totalidad  en manos de los artesanales y  la prioridad  del gobierno es imponer  más restricciones a  la  flota artesanal, insistiendo,  por ejemplo,  en la instalación de posicionadores satelitales en las  embarcaciones  de  estos.

No hay, como se ha solicitado hasta el cansancio, la creación de políticas públicas de fomento  al sector artesanal, que pudiesen traducirse en apoyos  financiaos, técnicos  y otros  que  ayuden a mejorar las condiciones de trabajo  y  económicas  de  las familias  vinculadas a  la extracción artesanal  de  los  recursos del mar y que  son mucho más  que siete.

La torta no alcanza  para ellos, pues  se quiere repartir  entre unos cuantos poderosos e influyentes millonarios y a los pescadores sólo les queda la calle para manifestarse, reclamar, protestar y  casi suplicar,  pues sienten que de aprobarse la Ley Longueira están condenados a desaparecer  y quizás su única fuente  de subsistencia sea luego buscar trabajo en la industria,  embarcarse  en ella hasta  que, así como están  las cosas  y como ha  ocurrido en otras áreas,  la  codicia  de algunos termine matando  la  gallina  de los huevos  de oro.

 El Clarín

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