Legislación chilena sobre transgénicos y patentes de semillas beneficiará sólo a transnacionales

Durante marzo, el gobierno de Sebastián Piñera busca legislar rápidamente sobre el legado de la Concertación en la materia. Estas medidas han sido criticadas por organizaciones ciudadanas y agricultores, como también por Naciones Unidas, ya que favorecen sólo a las grandes empresas. Ya hay 20 mil hectáreas de cultivos de este tipo plantadas en nuestro país.

Este lunes, diversas organizaciones solicitaron a Piñera que retire la urgencia del proyecto de ley que patenta las semillas y que suspenda la tramitación de otro, sobre vegetales transgénicos, ya que este era el último día para presentar las indicaciones al respecto antes de la discusión en el Senado.

La carta entregada en el transcurso de la mañana fue firmada por organizaciones como Tierra Nueva, Chile Sin Transgénicos, Modatima, Red de Acción en Plaguicida de Chile (Rap-Al Chile), Anamuri, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), Tierra viva de Agricultores Orgánicos de Chile, y la Red Socio Ambiental de Valparaíso.

Además, los integrantes de las agrupaciones mencionadas fueron acompañados por la senadora Ximena Rincón (Democracia Cristiana) y el senador Alejandro Navarro (Movimiento Amplio Social).

El documento entregado indica que los parlamentarios no están preparados para debatir sobre un tema que en Chile se desconoce. Un estudio reciente realizado por la Universidad de Santiago de Chile dio a conocer que actualmente existe un 80% de personas en el país que no sabe qué son los transgénicos. El porcentaje restante, se divide entre quienes están a favor, en contra o bien son indiferentes al tema.

Rincón manifestó que espera que el Presidente acoja la petición porque a su juicio “un tema tan delicado como éste debe discutirse con tiempo, información y con participación de la comunidad, de tal manera que el parlamento chileno tome las decisiones  adecuadas, ya que en el mundo hay más de 30 países que tienen problemas en esta materia”.

Para Iván Santandreu, biólogo y activista del la campaña Chile sin Transgénicos, no existen estudios que muestren que los transgénicos no provocan daños en las personas. Sí comentó sobre algunos estudios realizados en ratas que indican los impactos negativos que éstos tuvieron.

CÓMO LEGISLAR EN CHILE

Países como México, Argentina, Canadá y Estados Unidos han permitido los cultivos de transgénicos, mientras países como Francia, Austria e Italia tienen una moratoria, es decir, prohíben su cultivo y comercialización.

En Chile, no existe ninguna de las anteriores. Las 20 mil hectáreas de transgénicos que existen son sólo para la multiplicación y posterior exportación de semillas. Esta se realiza a través facultades administrativas del Ministerio de Agricultura y el Servicio Ganadero Agrícola (SAG), es decir, con la voluntad del Estado chileno.

En este sentido, el proyecto presentado por el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, busca liberar las cosechas de vegetales genéticamente modificadas para su consumo interno y regularizar -según él- esta situación que se viene dando desde 1992.

Para el jefe de cartera, el hecho de que Chile reciba maíz o soja transgénica de países como Argentina o Estados Unidos “genera al sector agrícola una suerte de desventaja respecto a productores de otros países que sí la usan”.

Durante el fin de semana, en la ciudad Chillán, se realizó un cabildo ciudadano sobre el tema en el que se concluyó que el Congreso debería prohibir estas sustancias y  también se criticaron las diversas incongruencias existentes en el proyecto de ley.

Según el Ministro, uno de los cambios positivos que se realizó al proyecto de liberalización de los vegetales transgénicos es que garantizará la participación ciudadana. Luego de que el SAG publique la solicitud de algún particular que quiera cultivar, existirán 30 días para que cualquier ciudadano pueda formular observaciones a esta institución.

Sin embargo, hasta hoy en día el SAG no da a conocer la localización exacta de los cultivos existente en el país, pese a la resolución dictada por el Consejo de Transparencia.

¿HACÍA DONDE APUNTAN LOS PROYECTOS?

El ministro Galilea expresó que el Gobierno no busca “transformar nuestra agricultura en transgénica”, sino que ésta conviva con la orgánica y convencional.

El 2 de marzo pasado, el Gobierno puso urgencia simple al proyecto “Derechos de Obtentores Vegetales” (boletín Nº 6355-01), que establece que las semillas de especies nativas serán patentadas bajo propiedad intelectual, es decir, se privatizarán.

Un día después presentó las indicaciones a una moción parlamentaria sobre “Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados” (Boletín 4690-01).

Según una publicación académica de Silvia Rivero en la revista Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México publicada el 2008, para ese año el 82% del mercado global de semillas comerciales estaba bajo las empresas Monsanto, Syngenta y Dupont.

Además, las tres tenían hasta esa fecha el 47% del mercado de los alimentos transgénicos, a los que se les introducen genes de distintas especies a frutas, vegetales o animales de forma artificial, con el objetivo de que expresen ciertas características deseadas.

Uno de los argumentos existente para incoporar este tipo de tecnología es que se pueden mejorar la calidad de los alimentos, creando por ejemplo el Goldenrice, un arroz al que  se le  agrega  más vitamina A. Sin embargo existen otros que han resultado altamente contaminantes como la soja Roundup Ready, resistente a un herbicida que contiene glisofato, creado por Monsanto.

Este último, al igual que otros transgénicos que soportan un insecticida que tiene endosulfán, ha sido prohibido en más de 70 países.

El DIFICIL CAMINO DE LA ECOAGRICULTURA

Olivier De Schutter, relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, expresó que el mercado de los alimentos transgénicos es insostenible y que no ha cumplido con su promesa de combatir la crisis alimentaría. En la actualidad 1.000 millones de personas mueren en el mundo por hambruna.

En Argentina, durante 1996, María Julia Alzogaray, secretaria de Medio Ambiente de la época, expresaba que los niveles agroquímicos en la agricultura se reducirían. Sin embargo, diez años después aumentaron en un 46 %.

“Producto de la aplicación de plaguicidas se ha generado un aumento de 300% de malformaciones congénitas, un 400% de abortos espontáneos”, indica la carta entregada a Sebastián Piñera por las distintas organizaciones nacionales.

Ivan Santandreu, agregó que existen diversos impactos para la agricultura, en países donde su cultivo se ha permitido. “Los suelos agrícolas se desmineralizan, hay pérdida de nutrientes, de biodiversidad, deforestación, y además de generación de maleza resistente a los propios pesticidas”.

«La evidencia científica muestra que la eco-agricultura estimula la producción de alimentos mejor que los fertilizantes químicos, particularmente en entornos desfavorables», añadió Schutter, en torno al problema alimenticio en el mundo.

Según el representante de la organización mundial, este tipo de modelo se basa en combinaciones beneficiosas de árboles, plantas, animales e insectos, los cuales han mejorado el rendimiento agrícola de 57 países en desarrollo en un 80% y un 166% en proyectos realizados de distintos países de África.

Por último, agregó que debido a los prejuicios y el lobby del sector agroindustrial y químico, «no se permite que la eco-agricultura demuestre que puede ser una alternativa rentable».

Por Rodrigo Cavieres Cárdenas

El Ciudadano