Su completo respaldo a indicaciones que transformen el agua en un bien público y terminen con su concentración en pocas manos realizaron esta semana ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados diversas organizaciones agrícolas de la Región Metropolitana. Esto, en el marco de la discusión del proyecto de reforma del Código de Aguas que ya fuera zanjado por la Comisión de Recursos Hídricos de dicha corporación.
La vocera del Frente Amplio por el Agua de Melipilla, Patricia Jeria, develó en la ocasión la difícil situación que viven los pequeños agricultores de su zona. “Nosotros salimos a terreno, hacemos puerta a puerta y vemos la necesidad de la gente, las necesidades de la producción. Algunos necesitan agua para su mesa, otros para su agricultura, que es el sustento de la familia para el año y también para los estudios de sus hijos”. En este sentido indicó que “todos necesitamos el agua, pero ¿cómo aseguramos el agua potable para la gente, cómo se asegura, quién la asegura? ¿La reforma también está asegurando el agua de la gente?”, preguntó.
Luis Becerra, presidente de la Sociedad Agrícola Cinco Valles de la misma localidad, concordó con la difícil situación que se vive con la actual institucionalidad hídrica, al señalar que “las concesiones de agua son eternas, es decir, el Estado no puede decir ‘usted no está usando el agua para lo que fue entregada’, por lo cual nadie se la puede quitar. La nueva ley debiera constituir eso”. Explicó que una parte del mundo campesino plantea que se debe entregar agua en un volumen correspondiente a lo que realmente se va a ocupar y no más. Recordó que “el agua es un derecho humano. Más allá de que se ha considerado como un bien de uso público o bien público, el agua debiera estar en manos del Estado. Eso no lo pienso yo sino la mayoría de la agricultura familiar, que también lo cree así”.
Para Pedro Ulloa, vocero del Movimiento Juntos por el Agua de San Pedro, uno de los principales problemas es la concentración. En su zona hay 600 frutilleros con mil hectáreas de producción, por tanto no son muy grandes, “muchos de ellos sin derechos de agua y unos pocos sí”. Lo paradójico es que “en la comuna de San Pedro el 80 por ciento de la inscripción la tienen tres empresas”, con 10 mil hectáreas de cultivos en total. Por esto, “hay que hacer un cambio drástico. Hay que atacar la concentración de los derechos de agua. No podemos seguir legislando hacia delante. Ustedes van a hacer una ley que en 10 años van tener que cambiar porque todo el mundo está hablando de una crisis hídrica”, puntualizó.
Un tenso intercambio de palabras sostuvo Ulloa con el presidente de la comisión José Pérez (PRSD). En momentos en que el dirigente comunitario afirmaba que los recursos hídricos en Chile son considerados “propiedad privada”, fue interrumpido por el legislador quien señaló que esto “no es así” ya que son “un bien nacional de uso público”.
La interrupción del diputado dejó en evidencia su desconocimiento con respecto a la situación jurídica del agua, ya que en aunque el Código Civil (en su artículo 595) y el Código de Aguas vigente (en su artículo 5º) señalan que “las aguas son bienes nacionales de uso público”, la Constitución en su artículo 19 número 24º establece que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”, lo cual en la práctica involucra el control privado de este bien común.
En este sentido, la diputada Alejandra Sepúlveda expresó que la disposición del agua debe contemplar un sentido de priorización y evitar el acaparamiento. “Primero el derecho al agua de bebida debe estar garantizado para todos en el país. Por esta ley, por este código, tenemos que decir ‘usted no la necesita, por tanto devuélvala a quienes sí la necesitan’” explicó.
La reforma al Código de Aguas se encuentra en primer trámite constitucional, debiendo pasar a votación del pleno de la Cámara de Diputados una vez que sea aprobado el texto por la Comisión de Agricultura, que ahora se encuentra en etapa de audiencias. A partir de ese momento la iniciativa será derivada al Senado, para seguir su trámite legislativo en las comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura, antes de ser votada en sala.