Los medios han instalado la nacionalización de la petrolera YPF, hoy en manos de Repsol, por parte del gobierno argentino como una expropiación forzosa, el cambio unilateral de reglas del juego económico o que la medida podría afectar a Chile por un porcentaje que tiene ENAP en YPF. Las fuentes son el presidente español, el del consorcio Repsol y hasta el gobernador de Buenos Aires, Mauricio Macri o un par de españoles que no tienen idea de los reales propietarios de Repsol. No dicen nada del prontuario de Repsol con pueblos indígenas, su compra a precio de huevo bajo el corrupto gobierno de Carlos Menem y sobre la importancia para Argentina de controlar un sector estratégico de la energía.
Llama la atención la vehemencia con que el presidente español, Mariano Rajoy, sale a defender los intereses de Repsol, empresa privatizada en 1997 y que un 42 por ciento de su propiedad lo concentran fondos de inversión de EEUU.
Apenas el 22,84% de las acciones de Repsol están en poder de grupos españoles. Uno de ellos es Sacyr Vallehermoso (10,1%). El otro, Caixabank (12,83%). El resto –con excepción del 9,49%, en manos de la petrolera mexicana Pemex– son acciones que “flotan” en el mercado y que concentran fondos de inversión angloestadounidenses.
Según los últimos datos disponibles (2010), Repsol-YPF obtuvo 6.613 millones de euros en beneficios –antes de impuestos–. Es decir: lo que declaró haber ganado. Del total, 1.641 millones (24,8%) los obtuvo en España; 1.416 millones (21,41%) en Argentina y 3.556 (53,77%) en el resto de países. Vale decir: el “mercado” español no representa ni la cuarta parte del beneficio de la multinacional.
La nacionalización de YPF en Argentina, que afectaría los intereses de Repsol, ha provocado un alud de acciones en apoyo de la multinacional que dirige Antoni Brufau por parte del Gobierno Español.
En particular, el Ministro de Relaciones Exteriores ha afirmado en una conferencia de prensa que una de las principales tareas del Ministerio radicaba en la protección de los intereses de las empresas españolas en el exterior y las declaraciones por parte del Gobierno se han multiplicado en este sentido en los últimos días.
El Gobierno ha desplegado desde hace varios años un conjunto de mecanismos y estrategias de apoyo a la internacionalización de las empresas privadas españolas. Pero ese apoyo se hace sin tener en cuenta los impactos de estas empresas sobre los derechos humanos o el medio ambiente en los países en los que invierten. No se incluyen cláusulas de vigilancia, de transparencia. Además la gran mayoría de las empresas del IBEX (que reciben los apoyos del Gobierno) tienen sociedades domiciliadas en alguno de los países que la Ley española considera paraísos fiscales, sin que ello merme el apoyo con fondos públicos a estas empresas. Repsol YPF se destaca en este sentido.
Tampoco existen sólidas pruebas de que el actuar de las empresas privadas españolas en el exterior contribuya de manera positiva en el desarrollo de los países receptores de la inversión. Más bien al contrario, las transnacionales y bancos españoles no han hecho sino generar conflictos laborales, sociales y ambientales.
En lo que atañe específicamente a Repsol YPF, recordamos lo siguiente:
– La compra de YPF por Repsol se realizó mediante presiones de la diplomacia española sobre el presidente argentino Menem, para que vendiera YPF a un precio por debajo de su valor real. Así, se subestimaron las reservas y se saneó la empresa con dinero público antes de venderla. Esta venta significó la pérdida de miles de puestos de trabajo y la renta petrolera que era de gran importancia para el Tesoro Público argentino.
– Desde hace varios años existe un gran número de denuncias por los conflictos sociales y ambientales causados por Repsol YPF en América Latina y en el propio Estado español. Una amplia bibliografía (estudios, informes, videos) refiere estos conflictos, pero a pesar de ello, la empresa sigue operando en la más total impunidad.
– En 2006, 2008 y 2010 ha sesionado el Tribunal Permanente de los Pueblos, ante el cual se han presentado casos contra las transnacionales europeas por sus impactos sobre los Derechos de los Pueblos en América Latina y el Caribe. En las tres sesiones, las empresas y bancos españoles han tenido un lamentable protagonismo por los conflictos generados. En las tres sesiones se juzgó a Repsol YPF. En 2010, el caso presentado contra Repsol fue precisamente el de Argentina. El TPP condenó a Repsol YPF por causar en ese país importantes y persistentes impactos sobre el ambiente, la vida y la cultura de sus habitantes. En particular se citó el caso del yacimiento de Cerro Bandera, donde los derechos de la Comunidad Mapuche Lonko Purran (Provincia de Neuquén) fueron sistemáticamente violados.
– En plena crisis ecológica global, empresas como Repsol YPF siguen ganando miles de millones de Euros en un negocio que contribuye al cambio climático de manera irreversible. Por ello, y siguiendo los compromisos de lucha contra el cambio climático asumidos por el Gobierno español, resulta absolutamente contradictoria la defensa de una empresa petrolera.
– Repsol YPF no es una empresa pública española. No existe ninguna legislación sobre el deber de defensa de los intereses de una empresa privada por parte del gobierno, pero sí existe una legislación estatal e internacional que le obliga a cumplir con los Derechos Humanos.
En definitiva, en una época de injustificados recortes que afectan a la población que habita el Estado español, ¿con qué dinero y obedeciendo a qué mandato despliega el Gobierno español una “estrategia internacional” contra la nacionalización de YPF por parte de Argentina?
Si el gobierno español estima que entre sus obligaciones se encuentra la defensa de Repsol-YPF, al punto de realizar intensas presiones diplomáticas y comerciales sobre un país soberano como Argentina, ¿por qué no exige que Repsol YPF asuma su responsabilidad en los graves impactos sociales y ambientales en países terceros?
¿No sería mucho más acertado y responsable en el contexto actual imitar el ejemplo de los países sudamericanos que ejercen su soberanía, e iniciar en el Estado español un proceso de nacionalización de las empresas y bancos que fueron privatizados en los años 90 con grandes pérdidas para el Estado español?
Si crees que el Gobierno debería poner fin al apoyo, con fondos públicos o actuaciones diplomáticas a las empresas privadas españolas en el exterior, puedes firmar y enviarle a Rajoy esta carta que promueven la Red «¿Quién debe a Quién?» y organizaciones como Entrepueblos, Ecologistas en Acción- Ekologistak Martxan, alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, CODPI – Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas, Lliga dels Drets dels Pobles, Salva la Selva, el Colectivo Repsolmata, EDPAC, OMAL-Paz con Dignidad y Observatori del Deute en la Globalització.
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