Durante el pasado jueves, la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de ley del Gobierno que busca desmunicipalizar la educación pública, traspasando la administración de los colegios desde los municipios al Estado y manteniendo el actual modelo de financiamiento.
La sorpresa la dio la diputada comunista Camila Vallejo, quien presentó una indicación comprometiendo al Ejecutivo a enviar, durante el primer semestre de 2017, un proyecto que modifique el actual sistema de financiamiento, que hoy se basa en la subvención por asistencia de cada estudiante. La iniciativa fue propuesta por la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) a la parlamentaria e ingresó a la Cámara con el apoyo de los profesores, la CORPADE y otros 32 parlamentarios.
En un acuerdo previo, organizaciones, parlamentarios y estudiantes buscan instar al Gobierno a cumplir con su compromiso electoral de cambiar el sistema de financiamiento de la educación pública, de la misma forma en que se está modificando el modo de administración. A grandes rasgos, es una señal política que busca evidenciar que la discusión sobre la desmunicipalización no está cerrada.
La indicación, que generó un rechazo transversal desde La Moneda, fue aprobada generando las críticas del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien aseguró que la iniciativa «deja al Gobierno en una posición compleja cuando estamos haciendo proyectos tan grandes y caros como el de educación, en que si no mantenemos una disciplina con las reglas cualquier cosa puede pasar».
POR EL FIN DE LA SUBVENCIÓN A LA DEMANDA
Una de las principales críticas de especialistas y actores de la educación al proyecto de Nueva Educación Pública apunta a la mantención del modelo de financiamiento, que ha obstaculizado durante décadas las opciones de los recintos públicos de concretar integralmente el proyecto educativo.
Por ello, según la indicación propuesta por Vallejo, el Ejecutivo deberá modificar la actual subvención por asistencia por un modelo de financiamiento que considere aspectos específicos de las escuelas, como matrícula, remuneración de los trabajadores, infraestructura, equipamiento, ubicación geográfica y transporte de los estudiantes, entre otros factores.
El investigador de Fundación Sol, Alexander Páez, señala que con la propuesta del Ejecutivo, «se mantiene el subsidio a la demanda, el subsidio formato voucher que financia a través de la asistencia el gasto de las familias, sin una inversión basal. Es un financiamiento que profundiza la segregación, porque se genera una autoselección de las personas que acceden al sistema escolar. Es decir, yo con cierto ingreso, me ubico en ciertos recintos, y esto no impulsa la integración social y además produce desigualdades en la entrega de calidad educativa».
El modelo de financiamiento que resguarda el proyecto de la Nueva Mayoría estaría dando continuidad a la generación de colegios de primer, segundo y tercer orden. «Se mantiene la desigualdad que producía el financiamiento municipal a la educación, reflejado en la comparación de comunas como Providencia y La Pintana. El sistema escolar seguirá siendo un espejo de las desigualdades del país», enfatiza Páez.
En efecto, el movimiento social por la educación lleva años exigiendo un nuevo modelo de financiamiento para la educación pública, tanto en colegios como en universidades. Sin embargo, ninguna de las reformas propuestas por el Gobierno en materia educacional contempla alguna modificación profunda en esta área.
«Venimos luchando hace mucho tiempo para que se termine el financiamiento por subvenciones que legitima la segregación de las escuelas. A fin de cuentas nuestros hijos se transforman en moneda de cambio, y si va al colegio tiene financiamiento y si no va, no lo tiene. Nosotros entendemos que el Estado tiene que hacerse cargo de la educación para poder resguardar el derecho, que no puede pasar por la asistencia promedio de un niño, sino justamente por tener las garantías de que esa escuela va a funcionar en las mejores condiciones para su educación», argumentó Dafne Concha, la presidenta de la Corporación de Padres y Apoderados (Corpade).
SECUNDARIOS: «LO VAMOS A DEFENDER EN EL SENADO»
El vocero de la Cones, José Corona, reconoció que la propuesta surgió desde los estudiantes secundarios y que ellos mismos le preguntaron a la diputada Vallejo si podía presentar esta indicación. Por lo mismo, en respuesta a las críticas del oficialismo, el dirigente estudiantil enfatiza que no deberían preocuparse, ya que la propuesta sólo establece plazos para la presentación de un proyecto.
Además, el Mineduc les ofreció la constitución de una mesa político-técnica donde se evaluarían este tipo de discusiones, lo que hasta el momento no se ha concretado. Por ello, «esto es un avance y algo que vamos a defender en el Senado. Esperamos que la presidenta no la deseche porque al final es uno de los motivos por los que los estudiantes nos hemos movilizado».
Las cifras en la materia no son alentadoras: mientras en los años 80, la matrícula de la educación pública rodeaba el 80%, al año 2016 sólo alcanza un 36% de la matrícula total, lo que evidencia una disminución progresiva durante los últimos años. Por ello, argumentan estudiantes e investigadores, si no se inyectan los recursos necesarios se seguirá manteniendo la lógica en desmedro de la educación pública.
«El voucher no entrega los recursos que se necesitan, ya que se financia la demanda pero no la oferta. Hay escuelas que no pueden comprar los elementos necesarios para desarrollar los planes educativos. Hay liceos artísticos que no tienen instrumentos, hay liceos técnicos-profesionales donde no hay herramientas, hay liceos científicos-humanistas donde no hay siquiera para poder pagarle a los profesionales. Y esto es producto del financiamiento del sistema por asistencia», recalcó José Coronado.
EL DEBATE SIGUE ABIERTO
Para los actores de la educación es claro que el gobierno no mantuvo su acuerdo, especialmente con el mundo secundario, de realizar nuevos modelos de financiamiento para la educación pública.
Esto fue señalado por la propia diputada comunista, quien aseguró que «aquí hay una demanda, que se basa en argumentos, que no es un capricho, que además está contemplada en el programa de Gobierno e incluso ante la CONES, la Ministra de Educación se comprometió a crear una mesa técnica para trabajar este tema”.
La jugada de Vallejo generó molestia al interior del oficialismo, desde donde recordaron que ese tipo de indicaciones son de atribución exclusiva de la Presidenta de la República, e incluso realizaron acusaciones sobre «populismo» dirigidas a la parlamentaria.
Sin embargo, Dafne Concha defendió el gesto político, asegurando que «acá es donde justamente se ve quién es quién y donde nosotros como movimiento social tenemos que mostrar que esta es una demanda muy sentida por todos aquellos que empujamos que estos cambios sean transformadores y no se tenga que esperar una y otra vez. Si la voluntad política está, este proyecto va a tener viabilidad».
Además, el acto de rebeldía ante la propuesta del Ejecutivo constituye un llamado de atención a La Moneda, donde la participación de los actores sociales en las reformas ha sido muy mezquina. «Sería bueno que el gobierno escuchara al movimiento social porque de esa manera vamos a poder tener mejores reformas», apuntó la presidenta de Corpade.
La búsqueda de un financiamiento basal del proyecto educativo seguirá en suspenso en medio de los argumentos de las autoridades, que apuntan a la dificultades del actual escenario económico del país, con una línea de crecimiento del PIB a la baja. Para los especialistas, la clave está en revisar el ajuste presupuestario y redistribuir los recursos.
«Se señalan ciertas medidas de las cuales uno se pregunta cómo se van a realizar los cambios pretendidos si no se genera una suerte de redistribución del gasto público«, enfatiza Alexander Páez, investigador de Fundación Sol. Por ahora, el debate sobre el financiamiento de la educación pública sigue abierto.
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