Los subcontratados del Estado

En nuestro país las políticas sociales se implementan por medio de programas ejecutados fundamentalmente por Corporaciones y ONGs. La modernización del Estado, iniciada con la Concertación, instaló la tercerización y precarización como mecanismo de desarrollo de la política social. De esta forma, el Estado renuncia a su responsabilidad, encargando la ejecución de los programas a privados, declarando a través de ministerios y servicios un rol sólo de supervisión y fiscalización. Ramiro Orellana, presidente del Sindicato de la Corporación Opción, dice: “Los trabajadores iniciamos la Campaña por el Fin al Lucro en Políticas Públicas, que tiene tres consignas ejes: acabar con el lucro en las políticas públicas, poner fin al perverso sistema de licitaciones -pues hoy los recursos del Estado se licitan para empresas e instituciones privadas que, finalmente, gestionan y administran a su antojo los recursos entregados por el Estado con determinados propósitos-, y en tercer lugar, al involucrar una situación de absoluta precariedad de los trabajadores, colocamos como centro de nuestra campaña el hecho de que estamos dispuestos a defender nuestra dignidad: ‘La dignidad no puede ser licitada’, decimos”.

Según la Coordinadora Interregional de Trabajadores y Trabajadoras del Area Social (CITAS), que es parte de la Campaña, “las ONGs son hoy colaboradoras del Estado, aceptando la invitación a participar en la oferta al mercado de los diversos programas y proyectos que son parte de la política social, avalando de este modo la ejecución precaria de políticas sociales, sin los financiamientos y condiciones mínimas para la ejecución de calidad, y favoreciendo la instalación de condiciones precarias entre los trabajadores del área social”. Denuncian, además, el mal uso de subvenciones y recursos públicos licitados. Sucede con el no traspaso de los reajustes de la subvención a las remuneraciones del personal contratado en Sename: “Lo mismo con los ítems de los beneficiarios, que en muchas ocasiones sólo excepcionalmente reciben apoyo de movilización, gastos de educación y recreación, entre otros. Una de las prácticas habituales es la de instalar en una misma sede varios programas o proyectos licitados, normalmente todos a cargo de un director, con una secretaria contable y con el pago de un solo arriendo de local. ¿Por cada sede con tres o más programas, la institución sólo percibe el monto equivalente a un director, una secretaria y el pago de un arriendo? ¿Por qué se acepta que habiendo trabajadores con uso de licencias médicas la carga de trabajo sea traspasada al resto del equipo, sin que se contrate personal para asumir tales labores?”, agrega CITAS.

Por su parte, Víctor Fernández -presidente del Sindicato de la Corporación Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes (Sedej)-, dice: “Trabajamos en proyectos Fosis, Sename, Seguridad Pública y del Ministerio de Desarrollo Social, con los niños más pobres. En Sedej nos dimos cuenta de varios vacíos y empezamos a sospechar que había lucro y malversación de fondos. A Sedej no le interesa un trabajo real ni de cambio con las familias de los niños que atendemos. Nos tocó negociar colectivamente y supimos que nos estaban robando 200 mil pesos de nuestros sueldos. En el Ministerio nos enteramos que, además, Sedej tenía ‘secuestrados’ 7 millones de pesos destinados a los usuarios, y que no los gastaría en la ejecución de los proyectos… Decidimos paralizar y recuperamos por un par de meses esos dineros que nos quitaban y que el Ministerio seguía pagándoles. Así pudimos hacer actividades de fin de año con los niños”. Víctor denuncia una importante sobrecarga laboral: “Se trabaja en duplas, pero si alguien falta por varios meses, ese sueldo no se distribuye, pero sí el trabajo. La plata queda en la institución y tampoco se ocupa para mejorar el trabajo con las familias. Eso genera un desgaste en el equipo, situaciones de disconformidad… Hemos visto lucro y boletas falsas. Un miembro del directorio, por hacer una capacitación de media hora se paga 700 mil pesos, y Sedej es de las que paga sueldos más bajos. El último caso que denunciamos fue el de una coordinadora que obligó por tres meses a trabajadores a subir a la plataforma de internet información falsa, atenciones que no se hacían figuraban como realizadas, lo que significó que cien niños no tuvieran atención. Niños que estaban en listas de espera derivados por fiscalías y tribunales a Programas de Intervención Especializada (PIE), que necesitan atención inmediata. Hubo trabajadores que se negaron a mentir, pero otros fueron chantajeados. Esta persona inescrupulosa es miembro del directorio y malversó fondos, falseó instrumentos públicos vulnerando los derechos de los niños y de los trabajadores. No podemos tolerar estas prácticas”, agrega.

CAMPAÑA CONTRA EL LUCRO

Los trabajadores ven con profunda preocupación la mercantilización en la ejecución de las políticas sociales y su profundo impacto precarizante, que repercute directamente en la población a las que se dirige: niños, niñas, jóvenes y sus familias, principalmente de sectores populares, y en ellos mismos. Añaden que en vez de avanzar y profundizar derechos sociales, se profundiza la tercerización y privatización de las políticas sociales de infancia. Sename -institución a cargo de la protección de niñas, niños y adolescentes infractores de ley-, ha incrementado el traspaso de fondos públicos al sector privado, mediante subvenciones permanentes. La partida más importante del presupuesto la constituye las llamadas “transferencias corrientes”, principalmente traspasos a los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs), correspondiendo para el año 2015 a un 63,79% del presupuesto total. Crecieron entre 2011 y 2012 un 8,85 %, y entre 2014 y 2015, un 16,46 %. Katia Molina, agrega: “Somos los tercerizados del Estado. Esto de quién es realmente el empleador le pasa no solo al área social, también a los subcontratistas del cobre, del Metro, etcétera. El Estado y la Iglesia son de los peores empleadores. Nuestros derechos se tercerizaron absolutamente, y no solamente en el ámbito de quienes ejecutamos los proyectos para los sectores pobres. ¿Cuántos recursos se transfieren desde el sector público al privado solo en los proyectos del Sename? Para este año, un 63,79% del presupuesto, lo que demuestra cómo es el sector privado responsable de que nuestros derechos se cumplan o no. Pero no hay interés en cumplir ninguna de las misiones y objetivos que supuestamente tienen ONGs y OCAs, porque funcionan con una lógica de lucro. Hay corporaciones con muchos proyectos y obtienen varios millones anualmente. Y ni siquiera cumplen con el objetivo mínimo de que esos dineros vayan directamente en beneficio de las personas. Si se revisan las partidas anuales de los ministerios encontramos una inmensa cantidad de recursos pasando directamente a privados. No puede ser que quienes necesitan de las políticas públicas, principalmente niños y niñas pobres, no se beneficien con ellas. Al revisar las ‘transferencias corrientes’ del Ministerio de Justicia, se observa que el Sename sólo se hace cargo de un 5% de los proyectos, el 95% restante está radicado en los OCAs. ¿Qué sucede realmente con esos recursos?”.

Los trabajadores señalan que el proceso de mercantilización se profundiza. El Estado “neoliberal-subsidiario” impulsa los procesos de privatización con el argumento de mayor eficiencia en los servicios. En la realidad, se manifiesta en un conjunto de prácticas orientadas a la privatización del ejercicio de los derechos sociales fundamentales, transformando políticas públicas en fuente de negocio para las instituciones privadas colaboradoras del Estado que pasan a ser verdaderas empresas, que lucran en su propio beneficio. Añaden que no se cuenta con mecanismos de trasparencia que garanticen la utilización para los fines encomendados de los fondos estatales, y que hay prácticas de corrupción que han provocado inestabilidad y despidos. “La desviación de recursos se ha constituido en una práctica permanente, a través de dineros que no se gastan directamente en los programas licitados, los que son justificados con boletas falsas, trabajadores inexistentes, pagos de arriendos irreales, equipos de trabajo con menos personal del necesario. Esas estrategias les permiten llegar a los balances finales con todo el dinero gastado”, añade Víctor Fernández. En la Fundación León Bloy, un miembro del directorio adjudicó a una empresa el traslado de los equipos de trabajo. Tiempo después, los trabajadores supieron que él era el dueño de esa empresa. “Lucró con fondos públicos, se estaba enriqueciendo. Llegaban a balance cero, pero la ‘empresa externa’ se llevaba los recursos. La denuncia fue comprobada por la Contraloría. La situación es similar en otras instituciones. Por eso, hemos constituido esta Campaña con sindicatos de Valparaíso, Santiago, Chillán y Osorno. Participan los trabajadores de la Corporación Llequén, de Opción, de Sedej, de la Fundación León Bloy, del Fondo Esperanza, del Centro Juvenil El Puerto, la Casa de Acogida del Sernam de Viña del Mar, el Sindicato Interempresa del Area Infanto Juvenil, y la Coordinadora Interregional de Trabajadores del Área Social (CITAS). Y estamos invitando a compañeros de los sindicatos Tierra Esperanza, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), la Fundación Beata Laura Vicuña, la Asociación Nacional de Trabajadores Regionales (Anfur) y del Sename”, dice Víctor Fernández.

NO HAY DERECHOS

Explican que la mayoría de los proyectos son “ambulatorios”, donde puede haber negligencia parental y maltratos, y otros que involucran a los PIE y RPM (Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil): “Se trata de niños que han sufrido abuso sexual o que han cometido delitos con penas graves, hay de todo… Principalmente niños dañados con una historia de vida muy cruel. Pero los indicadores y la forma de trabajo que impone el Sename es sólo para cumplir con algunas ‘cifras de cobertura’ de la OCDE. Lo que le interesa al gobierno y ONGs es que veamos a los niños dos o tres veces, les da lo mismo en qué condiciones o por cuánto tiempo. Es política pública paliativa para generar indicadores y ‘mentirle’ a la comunidad internacional de lo ‘bien’ que estamos atendiendo a los niños y familias pobres de Chile”, señala Víctor Fernández. “No queremos ser cómplices de eso”, agrega Katia Molina. Se atienden proyectos Desarrollo Social, como los Abriendo camino, con hijos de presos, gente en situación de calle, mujeres con problemas de drogas o víctimas de violencia. Sin embargo, sólo duran entre uno y tres años. “Y nuestros contratos, un máximo de tres. Esa es la precariedad en la que vivimos. No hay seguimiento a los procesos o vínculos que se generan con las familias y los niños atendidos. No hay proyectos a largo plazo”, dice Molina. “Son una mera máscara que dura lo que cada gobierno. Asume otro y todo se rediseña. No hay una política pública permanente”, dice Víctor Fernández. “Es fragmentaria y oportunista -agrega Katia Molina-. Le dan ciertos énfasis en determinados momentos. Les interesan más las cifras, la plataforma electrónica e informes más que el vínculo real o los cambios que se puedan hacer con los núcleos familiares. Las entrevistas solo son encuestas de satisfacción usuaria, y eso sería todo. Si tienes tus carpetas y registro electrónico al día, les importa un bledo si viste a la familia una vez. Pero el informe final que va al Estado dice que la cobertura en infancia o protección de derechos es óptima”.

Según Katia Molina la Campaña contra el lucro tiene varios objeticos. “Tratamos de crear conciencia de que quienes laboramos en el área social somos trabajadores y tenemos derechos, que debemos unirnos para impulsar nuestras demandas, afianzados en la lógica de cómo impulsamos negociaciones colectivas y nos damos organización. La Campaña impulsa la solidaridad. Cuando se intenta hacer un sindicato te enfrentas lógicas perversas y tenemos un Código laboral que no facilita la sindicalización. Otros objetivos son denunciar la precarización que está íntimamente ligada con la de los derechos, y contra el lucro. Quienes dirigen las corporaciones de ‘apoyo’ a los ministerios lucran con recursos que finalmente no llegan a la gente necesitada, pues el 80% se gasta en recursos humanos e infraestructura”, dice. Víctor Fernández, agrega: “Pero en ese 20% restante, que supuestamente llegaría a las familias hay que contar nuestro sueldo. Dicen que se gastan por familia 700 mil pesos y más, que este país es fantástico, pero la verdad es que no les llega ni para el pasaje de la micro”. Katia Molina denuncia lo que sucede en las casas de acogida de niños, adolescentes y mujeres: “Por ejemplo, en la compra de alimentos se adquieren menos y de menor calidad. Ni siquiera se reparte adecuadamente lo que es esencial… Hay temas que van incluso más allá del lucro. ¿Por qué no se supervisa? ¿Qué sucede que nadie fiscaliza que los dineros se gasten como corresponde? No se vigila que efectivamente se entreguen los alimentos adecuados, que los centros estén acondicionados. Nosotros luchamos por mejorar nuestros ingresos, pero va de la mano con mejorar las políticas públicas y cómo exigimos que se cumplan. En definitiva, cómo exigimos nuestros derechos… Decir ‘políticas públicas’ queda muy estrecho. Se trata de nuestros derechos. Tenemos que pasar a un desafío mayor, desde una sociedad que no reconoce derechos en ningún ámbito a la necesidad de transformar esta sociedad”, dice.

Según los trabajadores de la Campaña, sólo “trabajando para el Sename” hay unas 450 corporaciones, ONGs, OCAs y fundaciones: “Cada una tiene de 25 a 100 trabajadores, y algunas, como Opción o Integra, varios miles. Muchos trabajan a honorarios. Somos miles de trabajadores externalizados. Actualmente hay sindicatos en proceso de negociación colectiva, el de la Fundación León Bloy, el de la Corporación Llequén y el de Coanil Osorno”, dice Víctor Fernández. Explica que las diferencias de sueldo entre las corporaciones por igual trabajo y horas son abismales. “Supuestamente, nuestro trabajo es restituir derechos, pero no podemos enseñar valores o entregar herramientas para defenderlos o empoderar a las familias vulneradas, si todos los días nos maltratan o nos pagan menos de lo que corresponde. Como ejemplo un caso: una compañera que trabajaba a honorarios en Sernam defendiendo el pre y post natal, empoderando a las mujeres, cuando quedó embarazada fue despedida… Esa contradicción la vivimos diariamente”, dice. “Lo que más impotencia da es ver que los recursos no llegan a los usuarios. Se supone que esos recursos son de ellos”, agrega Katia Molina. Durante la última negociación del Sindicato de Sedej, uno de los puntos era una canasta familiar de Navidad. “La respuesta de la empresa fue que cómo se nos ocurría pedirla si trabajábamos con niños que no tenían qué comer. Respondimos que queríamos cambiar el contrato y establecer como punto que a fin de año con recursos excedentes se les diera la canasta a nuestros usuarios, los niños y sus familias… Y respondieron que no, ‘que en realidad no tenían plata’. Así, las corporaciones manipulan apropiándose de la protección de los derechos, diciendo que son ‘la sociedad civil organizada’, que ‘no tienen ningún otro interés más que la protección de niños, ancianos, mujeres’. Doble discurso y doble cara. En la práctica, ellos sí se hacen contratos indefinidos, tienen derecho a indemnizaciones y se pagan sueldos millonarios, mientras sus trabajadores son sometidos a la incertidumbre de las licitaciones, sin contratos ni proyectos de vida. Somos miles los trabajadores subcontratados del Estado… Nadie habla de cooperativas de trabajo, comités de vivienda o comprando juntos, cuando esos sí son problemas reales de las familias con las que trabajamos a diario”, concluye Víctor Fernández.