Un grupo de familias damnificadas luego del terremoto en Talca están quedando fuera de las soluciones dadas por el Gobierno por el simple hecho de que no son propietarios de los terrenos en los que por más de una década moraron. Son los Sin Tierra de Talca.
Una resolución del Ministerio de Vivienda del 28 de enero estableció que las familias damnificadas por el terremoto de febrero del 2010 que no fueran propietarias de la vivienda siniestrada, debían presentar una ficha de protección social aplicada antes del 3 de marzo del 2010 en el mismo lugar donde residían al momento del sismo. Una exigencia ridícula, a juicio de las organizaciones vecinales.
Sólo en Talca y Constitución suman más de 4 mil las personas que vivían sin ser propietarios de las viviendas donde habitaban. Algunos de ellos se han agrupado en las organizaciones Talca con todos y todas y Por una vivienda en mi barrio, las que a su vez integran el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, agrupación de varias organizaciones de las regiones afectadas por el terremoto y que han luchado por demandas habitacionales tras el desastre.
Talca con todos y todas representa a los barrios de Seminario, Santa Ana, Paso Moya y el Barrio Oriente. Ellos reconocen que aunque ha habido un número importante de subsidios entregados, la situación de los arrendatarios y allegados de los barrios patrimoniales todavía no está resuelta. Según cifras dadas a conocer por la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, 418 familias han recibido un subsidio en Talca.
Micaela Torres, presidenta de Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, sostiene que la aspiración de quienes están en la categoría de “arrendatarios & allegados” se vio truncada por la publicación de la resolución exenta N° 0699 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que fijaba como norma para postular a un subsidio habitacional “poseer una ficha de protección social antes del 03 de marzo de 2010”. La fecha es sólamente 4 días después del terremoto.
La normativa es repudiada por las dos organizaciones ciudadanas. Estas solicitaron una reunión directa con las autoridades por calificar la medida directamente “de un acto discriminatorio” con quienes no están en la categoría de propietarios, y por ser también “una medida arbitraria”.
La presión sobre las autoridades dio fruto. “Las autoridades de Gobierno se mostraron abiertas al diálogo y aceptaron nuestras demandas”, señaló Micaela Torres, después de una reunión sostenida el lunes 21 de marzo con la actual seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Clarisa Ayala y el Juan Andrés Muñoz, director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Región del Maule.
En la reunión se acordó cambiar el polémico artículo (punto 3 letra i) que exige una ficha de protección social a tres días del terremoto como requisito para el subsidio habitacional. Además, según los dirigentes “las autoridades se manifestaron proclives a escuchar nuestro interés de no abandonar el barrio patrimonial de Talca”, asumiendo que resolución exenta N° 0699 fue un error.
El punto de vital importancia para Talca con todos y todas y Por una vivienda en mi barrio es que la reubicación a quienes ya no puedan habitar sus viviendas se haga en lo posible dentro del barrio patrimonial de Talca y no sean trasladados a la periferia de la ciudad.
Por Gustavo Peralta Vargas
El Ciudadano