La difícil tarea de reformar la educación ha sido uno de los proyectos emblema del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Cambios en la carrera docente, beca de gratuidad y fin a la selección en los colegios, son algunas de las medidas que se han implementado durante el último tiempo.
Sin embargo, para la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), el rumbo que ha tomado el proyecto que busca cambiar el modelo educacional de nuestro país, ha sido el equivocado. La organización de estudiantes secundarios ha enviado varias cartas al Ministerio de Educación con indicaciones a la reforma, señalando que no han considerado del todo la crisis en la educación, pero no han recibido respuestas concretas.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocero de la Confech, Daniel Andrade, explica que «esta marcha es para constatar la crisis educacional, pero también para interpelar a la ministra de Educación para que de respuestas claras, coherentes y transparentes frente a la ciudadanía respecto a nuestras indicaciones».
La reforma educacional se ha quedado en la forma y no en el fondo. Un punto que tiene claro el más de millón de universitarios que está endeudado con créditos estudiantiles. Si bien la beca de gratuidad benefició a más de 90 mil alumnos, siguen son un porcentaje muy pequeño comparado con el universo total de estudiantes.
En una carta enviada al Ministerio de Educación el viernes 7 de abril, la Confech señala: «Respecto a la “Beca Gratuidad” cabe señalar que, si bien ha llegado un número importante de estudiantes, está lejano a las promesas iniciales de su gobierno ya que mantiene la lógica del voucher y deja a la libre elección de cada autoridad la permanencia en el sistema. Deja sin gratuidad a los estudiantes de más de 200 mil pesos de ingreso per cápita diciéndoles que se tendrán que endeudar el CAE hasta que Chile alcance niveles de desarrollo económico similares a potencias mundiales».
Y continúa con que «de la misma manera, la forma de entregar recursos ha sido irresponsable, legislando por ley de presupuesto, y sin mayor cuidado respecto al tipo de institución que recibe los fondos. Basta recordar sus declaraciones del 25 de julio de 2016 en la que afirmaba que la Universidad Autónoma se habría “colado”.
La marcha de este martes 11 de abril, es la continuación a las demandas estudiantiles que se exigieron hace seis años atrás durante la gestión de Sebastián Piñera.
«Las banderas que levantamos el 2011 siguen vigentes. En ese entonces nos movilizamos por educación pública gratuita y de calidad, mientras constatábamos la crisis de la educación superior. En ese momento eran 400 mil estudiantes endeudados, hoy día hay más de un millón«, enfatiza Andrade.
Y agrega que «a modo de ejemplo, hoy la crisis se materializa en universidades privadas como la Arcis que fue cerrada por deuda y la Iberoamericana, que fue acreditada hace seis meses y ahora esta en medio de una crisis financiera».
El reciente cierre de la Arcis ha puesto en la palestra el mal manejo del Estado y empresarios de las universidades y el flaco favor que el lucro le hace a la educación. La reforma de Bachelet no se ha hecho cargo de manera directa de esta problemática y tampoco del endeudamiento de los jóvens estudiantes.
«La reforma ha sido dividida, reducida y ha terminado en una reformita que no hace grandes cambios. Uno podría perfectamente hacer un proyecto de ley cortito y sacar adelante las cosas que promueve la reforma, porque en lo concreto no es profunda y no se hace cargo de la crisis educacional. No elimina el cae y tampoco la lógica del endeudamiento«, explica el vocero de la Confech.
Dentro de las indicaciones que han planteado los estudiantes universitarios desde la Confech, se incluye la creación de un marco regulatorio que establezca estándares a las instituciones que reciban financiamiento estatal.
«La creación de un marco regulatorio transversal en universidades, CFT e IP que establezca estándares mínimos y condiciones para recibir financiamiento público y un marco de cualificaciones común permitirá que las instituciones dejen de estafar a estudiantes y sus familias, frustrando sus sueños y expectativas», constata la carta enviada al Ministerio de Educación.
Y continúa con que «dentro de ello, el lucro debe ser penalizado también para CFT e IP, que hoy por ley se les permite lucrar; se debe exigir estándares de transparencias a toda institución que reciba fondos públicos; que involucren a las comunidades educativos en el gobierno y elección de autoridades».
Las discusiones y cuestionamientos a la reforma educacional no se han producido solo a nivel de estudiantado. Sino también dentro del Congreso, el proyecto de ley lleva meses congelado en el parlamento y su votación ha sido postergada más de una vez en la Comisión de Educación del Senado. Sin embargo, este 11 de abril, el mismo día de la marcha organizada por la Confech, se llevará a cabo su votación.
«Pretendemos que el proyecto de ley no se vote este próximo martes en la Comisión de Educación Superior y que por su parte, el Mineduc dé una respuesta clara a nuestras demandas», concluye Andrade.