El Comité de Defensa del Mar y la comunidad organizada de Mehuín acusó a la Capitanía de Puerto de Valdivia de estar realizando una operación ilegal, al tramitar la concesión de uso marítimo que solicitó la empresa Celulosa Arauco para construir un ducto de desechos en la playa de la zona.
Las alarmas se encendieron luego del informe de Contraloría que estableció que era posible otorgar una concesión marítima a la empresa en el área de manejo de los pescadores artesanales y donde también existen solicitudes de concesión por parte de los pueblos originarios, aunque solicitaron el pronunciamiento del Servicio Nacional de Pesca.
La comunidad asegura que no es la primera vez que ocurre algo así en la localidad. «El 2010 denunciamos el actuar de la Capitanía Puerto de Valdivia que ingresó a trámite la solicitud marítima de Celco, sobreponiéndose al reglamento, porque ya habían solicitudes de concesión a cargo de los lafkenches de la zona», explicó el vocero del Comité de Defensa del Mar, Eliab Vigueras.
Por ello, hicieron una denuncia a la Contraloría, que terminó pronunciándose un año más tarde a favor de la comunidad, estableciendo que la Capitanía de Puerto de Valdivia no debió haber tramitado la concesión y ordenó no volver a hacerlo.
En este caso, explicó el dirigente, habría una nueva transgresión a la normativa, «que en su reglamento impide que se tramite o haga sobreposicion en una destinacion vigente. Luego de eso, ellos debieron devolver el expediente para preparar la renovación. Estamos analizando que posiblemente no ocurrió eso y han generado nuevamente una nube de dudas y de poca transparencia de parte de la Armada».
Por ello, el Comité de Defensa del Mar ya presentó un nuevo requerimiento ante la Contraloría, pidiendo que aclaren lo que para la comunidad es una ilegalidad flagrante.
«Hicimos una presentación para que aclare los alcances de ese dictamen, puesto que el área de manejo está prácticamente dentro de muchas solicitudes que fecundan esa área», recalcó Viguera.
DENUNCIAN TRANGRESIÓN DE LA NORMA Y LEY LAFKENCHE
La lucha de dos décadas de la comunidad de Mehuín en contra de la instalación del ducto de desechos de Celulosa Arauco no tiene vuelta atrás. Otro de los argumentos con los que se oponen a los planes de la empresa -de propiedad del grupo Angelini- tienen que ver con la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, protegida por el Convenio 169 de la OIT.
Eliab Viguera recalca que «si uno mira con discernimiento, no debiera darse que se abrieran los espacios solicitados por los pueblos originarios, ya que existe un tratado internacional vigente que les da el derecho preferencial a gozar de un territorio»
Desde la Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur (Fipasur) confirman que tendrán una reunión esta semana con la Armada para aclarar los puntos respecto a las concesiones marítimas. Su presidente, Marco Ide, recalca que espera que les expliquen «con peras y manzanas la aceptación de la solicitud de concesión de Celco».
«El reglamento de concesiones marítimas es claro respecto a las solicitudes. Actualmente hay una destinación vigente», explica Ide. Además, recalca que «aquí claramente se transgredió la norma de las concesiones marítimas porque no se operó según lo indicado».
Para los habitantes de la zona, el escenario no es nuevo y aseguran estar preparados para seguir resistiendo al proyecto de Celulosa Arauco. Las amenazas son diversas: recientemente hubo una alerta de marea roja en la región y eso provocó que los pescadores estuvieran prácticamente un mes sin poder operar.
«Imagínate lo que va a pasar con un ducto al mar, con el que no sólo va a morir la pesca artesanal sino también las actividades turísticas, ¿quién se va a ir al bañar al hermoso mar de Mehuín sabiendo que hay un ducto que a 10 metros está botando los desechos tóxicos de Celco? Nadie lo va a hacer. ¿Quién va a comprar mariscos en la zona?».
Por su parte, el dirigente del Comité de Defensa del Mar advirtió que ya son muchos los de experiencia en la oposición al proyecto, por lo que si acceden a burlar los intereses que existen en el sector, las cosas se verán de otra forma.
«Nos preocupa que la autoridad pretenda minimizar los 20 años que tenemos de lucha. La autoridad debe dejarse de andar con payasadas, ya no somos niños, tenemos 20 años, y no es posible que quieran burlarse de nosotros. No lo vamos a permitir, tenemos los mecanismos, las herramientas y estamos preparados», recalcó.
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