La Asociación Chilena de ONGs Acción valora los anuncios democratizadores, llama la atención sobre los elementos ausentes y demanda un cambio urgente de políticas erradas e improcedentes.
El presidente Sebastián Piñera ha centrado su primera cuenta pública al país en siete ejes programáticos: Impulsar el crecimiento económico, incrementar el empleo, enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, tener un sistema de salud oportuno y digno, alcanzar una educación de calidad, superar la pobreza y perfeccionar la democracia.
Interpretamos estos objetivos como metas de Estado a las cuales se nos convoca públicamente a trabajar de manera participativa y corresponsable. Recogemos esta invitación en el marco de las palabras del presidente: “Para enfrentar estos tiempos, necesitamos más que nunca la unidad entre gobierno y oposición, entre sector público y privado, entre trabajadores y empresarios y entre el Estado y sociedad civil”.
Desde la perspectiva de la ciudadanía organizada creemos importante resaltar especialmente el séptimo de estos ejes que plantea el “perfeccionamiento de nuestra democracia, para hacerla más vital, participativa, cercana y transparente”. Sobre este punto destacamos como elementos valorables los siguientes anuncios, que están en consonancia con la agenda democratizadora que ha impulsado históricamente nuestra asociación:
* La implementación de la inscripción automática y el voto voluntario.
* El reconocimiento del derecho a voto a los chilenos que residen en el extranjero.
* El fortalecimiento de la democracia regional y comunal haciendo más directa y participativa la elección de sus autoridades.
* La reforma integral a la Ley de Partidos Políticos, por medio de primarias voluntarias, vinculantes, simultáneas y organizadas por el Estado.
* La instauración de la iniciativa popular de ley, que permitiría que con las firmas del 0,1% de los electores, los ciudadanos puedan presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, que no sean de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
* La simplificación de los mecanismos de plebiscito comunal para facilitar la participación de los vecinos.
* El fortalecimiento de la participación y fiscalización de los consejos comunales y la comunidad a nivel de los gobiernos regionales y municipales.
Esperamos que estos anuncios se detallen y especifiquen a la brevedad, y que se contemple en su tramitación la opinión de las ONGs y organizaciones sociales que han demandado estos objetivos por largos años.
AUSENCIAS Y PELIGROS
Por otra parte el discurso reflejó una grave carencia en materia de anuncios específicos referidos a una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Creemos impostergable establecer urgentemente un Consejo Social que permita a los diversos actores asociativos, vecinales, municipales, gremiales y sindicales incidir y colaborar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas de reconstrucción que se desarrollan en las zonas devastadas por el terremoto.
Llamamos la atención sobre la ausencia en el discurso presidencial de referencias a importantes procesos legislativos y demandas ciudadanas, que deberían ser asumidas prontamente por parte de la autoridad. No existieron palabras respecto a las siguientes materias de suma urgencia:
* La tramitación final de la Ley de Participación Ciudadana en la gestión pública.
* La aprobación del Pacto de Unión Civil para terminar con la discriminación que afecta a quienes conviven, sin importar su orientación sexual.
* La ley que establece medidas contra la discriminación.
* El establecimiento de la Defensoría de las Personas.
* El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
* La ley de paridad entre hombres y mujeres.
* La promulgación de la ley que crea “Los Servicios de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana”.
* La implementación de mecanismos que garanticen la rendición de cuentas, el control social de la gestión pública, el pluralismo informativo, y que limiten la concentración de la propiedad de los medios, obligando a una amplia la distribución del avisaje estatal.
* La regulación legal de los conflictos de interés de las autoridades políticas.
* El fortalecimiento del sistema de Alta Dirección Pública y el respeto a la carrera funcionaria de los trabajadores del sector estatal.
* La promoción de la negociación colectiva y de la sindicalización.
* La continuidad de las políticas y programas culturales.
Nos preocupa especialmente el diseño y la forma en que se implementará del llamado “Ingreso Ético Familiar”. Creemos que el gobierno debe aclarar si se trata de un nuevo subsidio o si pretende unificar bajo este concepto, en un solo rubro, el actual subsidio familiar y los bonos por capacitación y trabajo. Rechazamos que este mecanismo de transferencia de renta condicionada se implemente bajo la lógica de vouchers que impliquen la privatización de servicios públicos. Este tipo de políticas no deben trastocar derechos adquiridos por la ciudadanía en prestaciones individualizadas, administradas de forma discrecional por las autoridades.
Finalmente, hacemos notar que la Sociedad Civil organizada dará seguimiento detallado a estos anuncios, y demandará constantemente la incorporación de las propuestas no reconocidas y ausentes. Esperamos que a la brevedad se especifique el contenido de los ejes programáticos anunciados y que su traducción en políticas públicas se haga desde una clara perspectiva de derechos, de forma participativa e incluyente.
El Ciudadano
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