Miembros de comunidad Kawésqar fueron sancionados por defender sus costumbres

Una nueva legislación que está siendo discutida en el Senado de Chile establecerá penas para quienes infrinjan la Ley de Pesca, afectando a las comunidades indígenas, quienes al no estar considerados dentro de las cuotas de pesca, serán castigados por extraer recursos del mar, lo cual perjudicará su economía y cultura.

Situaciones como hostigamiento, amedrentamiento y transgresión de los derechos ancestrales, fue lo que denunció la Comunidad Kawésqar Residente en Puerto Edén, Chile, cuando el 13 de marzo funcionarios del Servicio Nacional de la Pesca (Sernapesca) junto a la Armada de Chile, decomisaron siete kilos de ostiones congelados a Gabriela Paterito y Raúl Edén, dos ancianos del lugar. 

Según la comunidad, los productos serían destinados a la realización de una práctica ancestral del pueblo Kawésqar, que consiste en el intercambio de especies. Sin embargo, Sernapesca acusó que los ancianos estaban infringiendo la Ley General de Pesca y Acuicultura, conocida también como “ley Longueira”.

Ariel León, asesor jurídico y legislativo de comunidades nativas, señaló que el hecho constituye una falta de respecto que atenta contra la dignidad de las comunidades de Puerto Edén. “Uno se pregunta por qué la marina tiene que estar fiscalizando con Sernapesca. Entiendo si solo hubiese trasladado a los funcionarios, pero no fue así. La fiscalización debería ser una competencia de Carabineros, la Marina es una fuerza armada y siempre se le va a pasar la mano”, aseguró, al tiempo que añadió que son muchas las personas pertenecientes a pueblos originarios las que diariamente están sufriendo las consecuencias de una legislación corrupta y constituida a espaldas de las primeras culturas del territorio.

En este sentido, León explicó que como no hubo una consulta nativa, no se midieron las cuotas ancestrales que pudieron haberse discutido en la tramitación de la Ley, lo cual los dejó fuera de los porcentajes asignados. “Nosotros no pudimos hacer valer nuestros argumentos, ni tampoco pudimos financiar un mecanismo que nos permitiera cuantificar el daño. Es por eso que gran parte de los recursos que actualmente extraen del mar las comunidades originarias son considerados como pesca ilegal”, agregó.

Desde el momento en el que comenzó a operar la Ley General de Pesca y Acuicultura, los gremios de pescadores artesanales han denunciado que dicha legislación genera mayor concentración económica en el sistema pesquero y acuícola nacional.

Tanto para los miembros de la comunidad como para las organizaciones de la sociedad civil que luchan por la conservación de la biodiversidad marina, la única solución para lo que está ocurriendo con los recursos del mar es la derogación de estas leyes, diseñadas y aprobadas por la coima y el cohecho.