Este miércoles, familias desalojadas en Villa Lugano (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se movilizaron junto a numerosas organizaciones populares a la jefatura de Gobierno porteño para exigir una inmediata solución habitacional y repudiar la brutal represión. El fin de semana, un operativo de mil agentes de seguridad -pertenecientes a las policías Federal y Metropolitana, y a Gendarmería- desalojó mediante el uso de gas pimienta y balas de goma el Barrio “Papa Francisco” donde vivían más de 500 personas. El accionar de las fuerzas de seguridad, cercano a los métodos utilizados por la dictadura militar, es una respuesta constante frente a la crisis habitacional en la ciudad de Buenos Aires.
Los desalojados, nucleados en torno a la Corriente Villera Independiente (CVI), junto a distintas organizaciones -entre ellas MST, MTD Aníbal Verón, Barrios de Pie y Movimiento Evita-, protestaron frente a la jefatura porteña bajo las consignas “Fuera Berni y Macri, basta de represión, no más topadoras en los barrios y urbanización ya de todas las villas” y “No desalojaron mafias, desalojaron pobres”.
Los manifestantes señalan al Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, y al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri (PRO), como los responsables políticos de los hechos; al tiempo que denuncian que durante el operativo represivo en la Barrio “Papa Francisco” (Villa Lugano), el único sector que no fue desalojado fue donde se alojan grupos vinculados al tráfico de drogas y armas.
El pasado sábado a las 7 de la mañana, personal de Policía Federal, Policía Metropolitana y Gendarmería Nacional ingresó al predio -que funcionó como un cementerio de autos de la Federal hasta 2009- bajo el argumento de que realizarían una requisa, sin embargo comenzó a echar a la gente de sus casas mediante el uso de gas pimienta y balas de goma. Posteriormente, ingresaron al predio topadoras que destruyeron las casillas sin que los habitantes pudieran retirar alguna de sus pertenecías.
Como consecuencia de la brutal represión, al menos siete personas fueron detenidas -la mayoría militantes populares- y otros varios habitantes resultaron heridos, entre ellos niños, mujeres embarazadas y hasta diputados nacionales y legisladores porteños -de los partidos FPV y PO- que se encontraban en el lugar para hacer frente a la medida y denunciar la aplicación de métodos de tortura a los detenidos.
Al respecto, los funcionarios presentaron el martes una denuncia penal contra la Policía Metropolitana por “violencia institucional”. En tanto, el Observatorio de Derecho Humanos de la ciudad, presentó un pedido de informes al Gobierno de Macri en el que solicita de forma detallada el objetivo del allanamiento y posterior desalojo, la nómina de agentes y funcionarios que intervinieron.
Asimismo, la organización pide que se informe sobre la represión y heridas sufridas por vecinos y legisladores que se acercaron al lugar, así como sobre el cerco policial que impide la libre circulación de las familias que se encuentran en la calle frente al terreno desalojado. Además, exige que se de a conocer la forma de notificación y la antelación con la que se comunicó la orden de desalojo a los afectados, las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la vivienda digna de las personas desalojadas y las medidas que tomó el Gobierno porteño para resguardar las pertenencias de las personas desalojadas y dónde se encuentran resguardadas las mismas.
“El desalojo se realizó en violación a la legislación vigente respecto al debido proceso penal como así también en violación a la normativa que establece la obligación del Estado de prever una alternativa de vivienda adecuada para cada una de las familias afectadas antes de realizar el desalojo”, anunció el organismo a través de un comunicado.
Por su parte, el auditor general de la ciudad, Facundo del Gaiso, afirmó que el Gobierno porteño debe remediar “en forma urgente” el suelo del predio “Papa Francisco” para futuros emprendimientos debido a que se encuentra altamente contaminado.
Según indicó el auditor, el pasado junio se elaboró un informe -con la colaboración de la ONG Green Cross- acerca de la contaminación por plomo en sangre de los niños de las villas de la ciudad de Buenos Aires, entre las que se hace especial hincapié en el asentamiento recientemente desalojado.
Los estudios de suelo realizados en septiembre de 2013 detectaron “0,155 mg/L de plomo en el suelo, cuando lo máximo permitido es de 0,05 y también encontraron una concentración de manganeso de 3,70 mg/L cuando el valor límite es 0,1 mg/L”. Sin embargo, el Gobierno de la ciudad desestimó el informe y anunció que realizará otro estudio que tardará al menos 90 días.
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