A sólo horas de que Sebastián Piñera le cediera el paso a la actual Presidenta Michelle Bachelet, un grupo de estudiantes secundarios y universitarios hizo toma de la principal sede de la Democracia Cristiana (DC), en gesto de acusar al partido de ser “un sector golpista, que defiende la constitución pinochetista y que no da luces ni atisbos de generar cambios”. Más de veinte jóvenes terminaron detenidos a consecuencia de este acto que no fue el único dentro del agriado ambiente de cambio de mando en Chile.
Mientras en La Moneda la preocupación correspondía a los turnos de foto con el Presidente, en comunas como La Pintana los vecinos salían a las calles indignados en protestas por un vertedero injustamente aprobado. Al mismo tiempo, lejos del patio de los naranjos, los trabajadores portuarios llamaban por una explicación a sus dirigentes, sorprendidos ante la noticia de que al parecer el nuevo gobierno de Bachelet no aseguraba cumplir con el acuerdo conseguido tras sus movilizaciones. Así se despertaba Chile esta mañana, misma que el ex presidente Ricardo Lagos indicaba como signo de nuevos tiempos para el país.
De signos y señales se encargaron los estudiantes movilizados en la toma de la sede de la DC y los pobladores acompañados por Roxana Miranda que cortaban calles en La Pintana, pues son ellos reflejo del descontento y muestra del escenario al que deberá enfrentarse la nueva mandataria.
La DC apuntada como “golpista”
Eloísa González, ex vocera de la ACES, explicó el acto de toma de esta mañana como un mensaje de que no existen esperanzas de cambios en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, “independiente de que la propuesta de Bachelet mediante titulares hable de algunas consignas estudiantiles, ésta continúa defendiendo el modelo educativo de la dictadura que concibe a la educación como un bien de consumo”.
Al mismo tiempo e indicando con el dedo al partido de la Democracia Cristiana, Eloísa hizo un llamado de atención a la situación de Venezuela y criticó la actitud de este sector político al cual acusa de golpista, “la DC en 1973 apoyó el Golpe de Estado en Chile y en estos momentos apoyan a los sectores golpistas de Venezuela, un país que tiene educación gratuita y sus derechos han sido conquistados por el conjunto del pueblo bolivariano. Con esto creemos que hay que denunciar y ser enfáticos en que parte del gobierno que sume hoy es un sector golpista, que defiende la constitución pinochetista y que no da luces ni atisbos de generar cambios”.
Finalmente Eloísa González advirtió que estos cuatro años serán tiempos de movilizaciones donde no sólo se verán estudiantes en las calles, sino también a los diversos sectores sociales en lucha. La joven estudiante destacó que la elaboración de propuestas también será una parte importante dentro del tema educación, sin dejar de lado las marchas y las tomas.
Pobladores reciben a “la segunda derecha”
La Federación Nacional de Pobladores (Fenapo) en conjunto con Roxana Miranda, ex candidata presidencial y dirigenta de ANDHA Chile, decidió dar la bienvenida a Michelle Bachelet con un corte de tránsito en el sector de La Pintana, aprovechando así también de despedir al gobierno de Sebastián Piñera, “uno de los mayores destructores de la organización social”, en palabras de Miranda.
La dirigenta otorgó palabras a ambos mandatarios, tanto a la entrante como al saliente. “El gobierno del señor Piñera es uno de los que más destruyó a la organización social. La desarticuló, compró dirigentes, siguió bancarizando el derecho a la vivienda y continuó entregando nuestro país a las transnacionales. Ahora llegan los mismos que ya habían iniciado con la venta de nuestro país, la Concertación se vuelve a instalar como blanca paloma, como si ellos no fueran responsables de todo lo que ha ocurrido en Chile.”
Roxana Miranda aclaró, “la señal es que vamos a estar siempre en las calles cuando la respuesta a los pobladores no llegue, sobre todo con gobiernos neoliberales, capitalistas. Estuvimos cuatro años con la derecha y ahora entra la segunda derecha.”
En el limbo de los acuerdos
Si bien hoy los actos de rechazo y llamados de atención fueron evidentes, los días anteriores han demostrado que esto no sería un hecho puntual sino un conjunto de conflictos que ya no ven más salidas que las movilizaciones y las paralizaciones que amenazan con un plazo de no más de una semana para ver soluciones del gobierno entrante. Ese sería el caso de los trabajadores portuarios quienes ya comienzan a solicitar reunión con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien tras sus declaraciones pone en incierto el pacto de acuerdo que no alcanzó a consolidar el gobierno anterior y que dejaría a los trabajadores nuevamente con las manos vacías.
Sergio Vargas, dirigente de los portuarios, señaló “la postura de los trabajadores portuarios hoy día es la siguiente, estamos en estado de alerta máxima realizando un llamado al gobierno, al ministro de Hacienda, para que nos juntemos a que nos explique de qué está hablando. Nosotros no hemos hecho acuerdos con gobiernos, sino que hicimos un acuerdo con quien administraba el Estado en su momento y hoy el Estado tiene que reconocer lo que nosotros firmamos.”
Vargas aclara que el conflicto que se resolvió por medio de ese pacto, corresponde a un problema que se arrastra desde el anterior mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. El dirigente emplaza al Gobierno y afirma, “advertimos a la nueva administración que los trabajadores portuarios no son los mismos que tuvieron la vez anterior cuando estuvieron en el gobierno. Hoy el 80 por ciento de los trabajadores están adheridos a la Unión Portuaria de Chile y hemos llegado, luego de conversaciones con los distintos puertos de Chile, a que el plazo a juntarse con el gobierno es hasta el viernes, y de no ser así tomaremos la medidas que haya que tomar, las que hemos realizado siempre”.
El acuerdo al cual refiere el conflicto, corresponde a un proyecto de “ley corta” que trata un pago retroactivo (desde 2005) de un bono fiscal correspondiente a media hora de colación. La medida se traduce en un gasto de US$28 millones para el Estado, financiado del Tesoro Público. Sería esta última cifra lo que habría impulsado al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, a condicionar llevar a cabo estos y otros gastos pendientes del anterior mandato.
Por otro lado no sólo los portuarios han amenazado con una paralización al gobierno entrante, sino también los trabajadores de la basura quienes denuncian que a la fecha aún Contraloría no realiza el oficio que autoriza a los municipios la entrega de los dineros acordados en las últimas negociaciones. El plazo es hasta este jueves, fecha en que vencería la espera de los reajustes.
Por María Jesús Ibáñez Canelo
El Ciudadano
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