En día clave, Movimiento de los Pueblos y senador Ávila se pronuncian contra la pesca de arrastre

Valparaíso.- A pocas horas de la importante sesión en que la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados deberá decidir si apoya o no el proyecto de ley presentado por en noviembre de 2007 por un grupo de diputados encabezados por René Alinco (PPD), en el que se propone poner fin a la pesca de arrastre, el Movimiento de los Pueblos (MP) hizo un llamado a todos los actores sociales y políticos a pronunciarse a favor del fin de esta práctica nociva que tiene en estado de colapso a las principales pesquerías del país.

En entrevista con El Ciudadano, Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores artesanales de Chile (Conapach) y vocero del MP, expresó que llegó el momento en que los parlamentarios de la citada Comisión “decidan si quieren que el mar de Chile siga teniendo los recursos que puedan dar alimento a las familias chilenas y sustento a los pescadores artesanales o, si por el contrario, apuestan por el exterminio de estos”.

Las declaraciones de Caracciolo fueron realizadas poco antes del miércoles 7 de enero, fecha en que la Comisión de Pesca deba tomar tan trascendental decisión. (Una descripción y análisis más completo respecto de la “Tragedia del Mar de Chile”, la podrá encontrar en la edición Nº 64 de El Ciudadano, que está próxima a aparecer en los kioskos de todo el país).
Los impulsores de esta ley, entre los que se cuentan, además de los diputados, Greenpeace y organizaciones sociales congregadas en torno al Movimiento de los Pueblos y a la campaña Salvemos el Mar de Chile sostienen que, de no aprobarse esta ley, en pocos años desaparecerá buena parte de los más importantes recursos marinos chilenos.
Es importante considerar que en todas las pesquerías en la que la flota industrial usa el arte de arrastre, entre las que destacan las de jurel, merluza común, merluza de cola, congrio dorado, el besugo, el alfonsino y el bacalao de profundidad, se encuentran en estado crítico.

Los productos del mar que hasta hace pocos años se podían encontrar en abundancia y eran orgullo de Chile, hoy son muy escasos. Además, se han vuelto peligrosos, ya que debido a la extendida contaminación contienen tóxicos causantes de numerosas enfermedades.
En la caleta de Angelmó (1150 kilómetros al sur de Santiago), que hasta hace poco fuera símbolo de la abundancia marina, hoy sólo se encuentran salmones llenos de piojos de mar (caligus sp) y posiblemente contagiados con virus ISA (anemia infecciosa del salmón).

«Lo que sucede con el mar chileno es una tragedia. Comunidades completas que hasta hace pocos años vivían en la frugalidad y la abundancia hoy sobreviven en la más horrible de las miserias, como ocurre con los pescadores de Chiloé, San Antonio o Valparaíso y de otras cientos de caletas. Invaluables hábitat marinos han sido destrozados. Y todo esto sucede como resultado de decisiones políticas motivadas por el egoísmo, por la ambición (…) nadie que tenga conciencia de lo que está sucediendo y que quiera la mar puede hablar de esto sin que su alma llore y sus ojos se humedezcan», dice Caracciolo.

La «Ley Lagos»

El dirigente de los pescadores expresó que «de todas las políticas que han favorecido la contaminación del mar y la depredación de sus recursos, la más nefasta ha sido la promulgación de la Ley Corta de Pesca», implementada durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000- 2006).
«Hasta antes de esa ley los peces eran de nadie (res nullius) y lo que hacía el Estado era velar por su preservación. Lo que hace la ‘Ley Lagos’ (como él le llama) es cambiar el estatuto jurídico de los peces que pasaron a ser propiedad privada».

Esta ley, además de generar propiedad sobre los recursos, implicó una nueva distribución de las cuotas de pesca entre los pescadores artesanales y las empresas industriales. La asignación resultante fue del todo desigual: los grandes empresarios se quedaron con la mayor parte.

Por ejemplo, en el caso de la pesquería de jurel, 95% fue asignado a los empresarios industriales y sólo 5% a la pesca artesanal. En el caso de la merluza de cola, 100% de la cuota fue asignada a los industriales. En la merluza común 65% fue asignado a la industria y 35% a los artesanales.
Para capturar sus cuotas los industriales han ocupado el arte o pesca de arrastre. Este es muy poco selectivo, puesto que implica la utilización de redes que arrasan con el fondo marino, hasta con rocas de dos toneladas. Por medio de este arte de pesca, no sólo se capturan las especies buscadas, para las que se cuenta con permiso de pesca, sino que también su fauna acompañante.

En el caso de la merluza común, esta fauna esta compuesta por 92 especies, entre las que se cuentan tiburones, diversos tipos de crustáceos y hasta esponjas. Estas, una vez dentro del barco pesquero, son apartadas y arrojadas muertas al mar. Esta práctica es conocida como descarte. También se descartan los ejemplares juveniles de las especies objetivo de la pesca.

Según un estudio de la Conapach (2006), basado en bitácoras de viaje de barcos arrastreros, el descarte en el caso de la merluza común constituyó en 2005 un 36.8% del total de la biomasa de merluza capturada.
Y según Caracciolo, otro de los aspectos esenciales de la ley de pesca de 2001 fue que cambió el criterio sobre el que se regía la actividad pesquera.
«Antes lo que importaba era la seguridad alimentaria y la sustentabilidad de los recursos. Tras la promulgación de esta ley se impuso como criterio fundamental la eficiencia económica. Esto tuvo como consecuencia la depredación de los recursos», sostiene.

Las cifras le dan la razón: El descenso de la biomasa marina desde el comienzo de la Ley Corta es elocuente. Según el instituto de Fomento Pesquero (IFOP), dependiente del Ministerio de Economía, el jurel existente en la zona económica exclusiva de Chile descendió de 6 millones de toneladas que había en 2001, a las 91 mil toneladas de 2007.

A pesar de esto el Consejo Nacional de Pesca, institución encargada de asignar las cuotas año con año y que en su gran mayoría está integrada por representantes de grandes industriales, otorgó una cuota de pesca de esta especie de un millón 300 mil toneladas para 2008. Es decir, distribuyó una cuota de captura de jurel que es 13 veces mayor a la biomasa disponible de esta especie.

Para Caracciolo, este tipo de decisiones «pone en evidencia lo irracional y absurda de la política pesquera hoy vigente en Chile, que han llevado al colapso de la mayoría de los recursos pesqueros».

En el caso de la merluza común, que es (o era) la especie más consumida por los chilenos, desde el comienzo de la aplicación de la Ley de Pesca (2001) la biomasa ha descendido de un millón 555 mil toneladas a 300 mil toneladas, según el IFOP. Esto, con el agravante de que 90% de estas merluzas son especies juveniles que no han alcanzado la etapa de reproducción.

Debido a lo grave de la situación y previendo la extinción de esta especie, la Conapach pidió en agosto de 2007 la veda total a la explotación de la merluza común. El Consejo Nacional de Pesca, sin embargo, optó por inclinarse ante las demandas de los industriales que utilizan la técnica de arrastre y les asignó 55 mil toneladas de cuotas para el 2008.

Caracciolo expresó que hizo un especial llamado a los dirigentes políticos con aspiraciones presidenciales a que se pronuncien “si están a favor de poner fin a la pesca de arrastre o si por el contrario están por mantener las actuales prácticas que están acabando con los más preciado que tenemos”. Hizo especial alusión a Jorge Arrate y Alejandro Navarro a quien interpeló a pronunciarse decididamente en contra de la pesca de arrastre. “Ser de izquierda hoy, es más que ser un buen intelectual, es sostener un programa que exprese las demandas más sentidas de los pueblos de Chile”, espetó.

Caracciolo hizo un llamado a fortalecer la campaña Salvemos el Mar, que contempla el envío de cartas en la que se solicita a los parlamentarios poner fin a la pesca de arrastre y evitar la privatización del mar.
Finalizó diciendo que el MP contempla realizar un juicio histórico a los responsables de “la destrucción del territorio perpetrada que hoy se está llevando a cabo”.

Por su parte, el senador Nelson Ávila señaló a elciudadano.cl que “es muy importante que el proyecto que pondría fin a la pesca de arrastre que se tramita en la Cámara de Diputados sea aprobado y que pase rápido al Senado y así tengamos una normativa que impida el desastre ecológico producido por este arte de pesca”.  Agregó: “Están siendo afectados irreversiblemente los sistemas ecológicos más frágiles que son dañados por este arte de pesca que debería estar desde hace mucho tiempo prohibido en nuestro país. Esta es la oportunidad de reivindicar al Parlamento en esta materia, lo que tiene profundamente esperanzado a los pescadores artesanales de todo el país”.

Francisco Marín