Muchas dudas y fuertes cuestionamientos ciudadanos a proyecto HidroAysén

Con momentos de gran tensión se vivió la última jornada de participación ciudadana formal, donde se cuestionó la rígida moderación de parte de Conama, que el área de influencia sólo abarca la provincia Capitán Prat sin hacerse cargo de impactos regionales al uso del aeropuerto Balmaceda o a actividades como el turismo, y que muchas […]


Autor: Director

Con momentos de gran tensión se vivió la última jornada de participación ciudadana formal, donde se cuestionó la rígida moderación de parte de Conama, que el área de influencia sólo abarca la provincia Capitán Prat sin hacerse cargo de impactos regionales al uso del aeropuerto Balmaceda o a actividades como el turismo, y que muchas consultas fueran contestadas señalando que la información sobre un tema específico se encontraba en el propio estudio de impacto ambiental.

Con cánticos del tipo «A Endesa le digo fuera, a Colbún le digo fuera, fuera de mi tierra» y pegatinas con afiches Patagonia sin Represas y «Las 9 razones para no destruir la Patagonia» concluyó el viernes Coyhaique cerca de las 9 de la noche (luego de cuatro intensas horas) un último encuentro de participación ciudadana donde los ejecutivos y profesionales de HidroAysén presentaron ante la comunidad el estudio de impacto ambiental (EIA) del Proyecto Hidroeléctrico Aysén, que mediante la construcción de cinco represas en los ríos Baker y Pascua busca generar 2.750 MW para ser inyectados al Sistema Interconectado Central (SIC).

La reunión, la más concurrida y agitada de esta etapa, se realizó en un salón auditorio de la seremi de Obras Públicas a plena capacidad, donde por una hora el gerente técnico de la compañía, Bernardo Canales, expuso el proyecto, sus impactos y las mitigaciones, compensaciones y restauraciones contempladas.  En esta ocasión no sólo participó gente de la capital regional sino también algunos pobladores de Caleta Tortel, Cochrane, Puerto Bertrand, Puerto Tranquilo, e incluso trabajadores de la empresa, lo que generó la crítica por parte de asistentes que vieron en su presencia la gestión de HidroAysén para apoyar la iniciativa y cuestionar las críticas que se hicieran a la iniciativa.  Uno de ellos fue René Talma, quien ya en Puerto Río Tranquilo había cuestionado a personas que se oponían al proyecto y cuya opinión fuera consignada por la empresa en un comunicado oficial enviado por ésta.

En la ocasión el asistente social, Mauricio Molina, consultó «dónde se dispondrán los residuos domésticos hasta la entrada en operación del relleno sanitario, considerando que esto ocurriría 12 meses después de iniciada la etapa de construcción del proyecto» –similar requerimiento hizo en su informe la seremi de Salud- y si «tienen datos estadísticos de las enfermedades venéreas que existen en la Región de Aysén teniendo presente que el aumento de población, especialmente masculina, haría incrementarse este tipo de patologías».  Sobre lo primero Bernardo Canales contestó que «en términos de residuos domésticos es claro que, una vez construido, en el relleno sanitario.  En las etapas temporales, como en cualquier obra que se realice en la región y en sectores alejados, se dispondrán esos residuos en contenedores especialmente habilitados, y de ser necesario serán sacados de la región».    Respecto a lo segundo, señaló que «no están catastrados esos elementos (alcoholismo y enfermedades venéreas).  Existe un control de procedimiento y comportamiento de nuestros trabajadores que vienen exclusivamente a trabajar y luego son evacuados y dirigidos al aeropuerto Balmaceda para ir a sus lugar de trabajo» (sic).

Hernán Sandoval, presidente de la Corporación Chile Ambiente, organización que está en pleno proceso de revisión del EIA y de ponderación de los críticos informes de los servicios públicos, preguntó por la duración estimada de los embalses y centrales, «y si esta duración es superior a 20 años, supongo que los impactos que se generan por los embalses son permanentes y no sabemos si con el tiempo se acrecientan.  Entonces, por qué sólo un plan (de seguimiento) a 20 años, a no ser que en 20 años vayan a desmantelar estas centrales».  También requirió información sobre los nuevos derechos de agua solicitados a la DGA y cómo pudieron presentar su estudio sin contar con éstos.  Sobre lo primero Bernardo Canales indicó que «la vida útil de las centrales está identificada como indeterminada».  Sobre los derechos de agua, señaló que «para realizar el proyecto, para poder operar el proyecto, necesitamos contar con los derechos de agua ya constituidos y la admisión de los que hemos solicitado», explicando que de todas formas no hay incompatibilidad entre presentar un EIA y no contar previamente con estos bienes jurídicos para su materialización.

El presidente de la Cámara de Turismo de Coyhaique, Angel Lara, junto a la directora Miriam Chible, consultaron sobre el impacto del proyecto en la imagen de región y si habían considerado este análisis en las medidas de compensación.  «El proyecto determinó los impactos a nivel provincial, y cuando se estudió el turismo también fue a nivel provincial, y ahí sí se determinó el impacto y la afectación de los productos turísticos de la provincia Capitán Prat.  Eso es así y no está abordado con una amplitud mayor a nivel regional» fue la respuesta de Bernardo Canales.

El propietario de la zona aledaña a la confluencia de los ríos Nef y Baker, Orlando Scarito, también cuestionó temas vinculado a las cotas que, en su opinión y por su conocimiento del lugar, harían desaparecer este atractivo turístico.  Esta posibilidad fue rechazada por Bernardo Canales, desestimando de paso las observaciones que en este mismo sentido hicieran servicios públicos en como la Dirección General de Aguas y el Servicio Agrícola y Ganadero, entre otros.

De esta forma, los vecinos con los más variados intereses, fueron consultando y criticando lo que consideraron falta de información por parte de la sociedad, llegando a cuestionar las intenciones de HidroAysén de represar dos de los más importantes ríos de la Patagonia.

Una molestia recurrente fue con relación a la moderación de los representantes de Conama, quienes restringieron las consultas sólo a lo señalado por estudio de impacto ambiental, en circunstancias que muchas de éstas versaban sobre materias que precisamente el documento no consignaba. Por ejemplo la empresa reconoció que el área de influencia del proyecto se contempló sólo desde Villa O’Higgins hasta Puerto Bertrand no considerando los poblados entre esta localidad y Coyhaique, cuyos habitantes se verían afectados por el masivo tránsito vehicular en el traslado de trabajadores desde Balmaceda al sur, la sobredemanda del aeropuerto y el impacto en sus actividades productivas, ya que muchos ayseninos basan sus emprendimientos en los turistas que viajan a la zona del Baker.  Incluso, la empresa reconoció que no tenían considerado en el EIA un plan de mitigación específico para el transporte de sustancias peligrosas y petróleo por el mar adyacente a la Región de Aysén y fiordo Mitchell (en el cual nace el río Bravo).

También se cuestionó que muchas consultas fueran contestadas señalando que la información sobre una materia en particular se encontraba en el propio estudio de impacto ambiental, lo cual fue considerado una inconsistencia dado que precisamente el proceso de participación ciudadana busca entregar antecedentes a la ciudadanía que no tiene posibilidades de comprender a cabalidad un documento de ese tipo, altamente técnico.

Concluyó así la segunda etapa del proceso de participación planificado por la Conama, mediante el cual en una primera parte se presentó el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y en una tercera los servicios públicos presentarán sus observaciones al estudio (que se contabilizan en más de mil las que han realizado los 32 que han hecho llegar sus informes, incluso señalando que éste carece de información para ser evaluado en propiedad) para concluir con talleres en terreno para que la gente pueda realizar sus observaciones.  Los encuentros se han realizado en Villa O’Higgins, Caleta Tortel, Cochrane, sectores rurales de la provincia Capitán Prat, Puerto Bertrand, Puerto Río Tranquilo, Villa Cerro Castillo y Coyhaique.  En esta última ciudad, las reuniones se desagregaron las destinadas a organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general, que fue la del viernes pasado que tuvo algunos momentos de tensión.

Por Patricio Segura


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