El 19 de mayo de 1999 fue asesinado en Arica a manos de Carabineros el joven trabajador y estudiante Daniel Menco Prieto mientras participaba en las movilizaciones estudiantiles de la Universidad de Tarapacá. Los estudiantes protestaban por el déficit del Fondo Solidario de Crédito Universitario, una iniciativa del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Por razones que aún no se entienden, el mayor de Carabineros, Norman Vargas Aragón, disparó con una escopeta de balines de plomo contra la masa de estudiantes que se agrupaba en los alrededores de la universidad, acto completamente prohibido por la ordenanza interna de la institución. Uno de los balines fue a parar a la cabeza de Daniel Menco, quien tristemente murió días más tarde a causa de los daños provocados por el disparo.
Además de Daniel Menco, resultaron heridos otros tres jóvenes en Arica, uno por bomba lacrimógena y los otros dos por impacto de proyectil. El propio rector de la Universidad de Tarapacá protestó contra la violencia policial y exigió una investigación rigurosa al respecto de lo que había ocurrido ese miércoles 19 de mayo de 1999.
Dos días después de la muerte de Daniel Menco, durante el discurso presidencial del 21 de mayo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle hizo una pequeña mención a lo sucedido: «Al iniciar mis palabras sobre el tema educacional quiero señalar, en nombre de todo el país, lo lamentable que ha sido la muerte del joven estudiante universitario de Arica Daniel Menco. El Gobierno se encargará de ordenar las investigaciones del caso y de que se pongan los antecedentes a disposición de los tribunales. Reitero el llamado que ha hecho el señor Ministro de Educación en orden a terminar con la violencia en Chile. La violencia a nada conduce«.
Eso sí, la pena que le cayó al mayor de Carabineros que había disparado al joven estudiante causándole la muerte fue de tres años de presidio por el delito de cuasidelito de homicidio, sin tener que ingresar a un recinto carcelario para cumplirla. Años más tardes, la justicia ordenó el pago de 180 millones de pesos a los padres de la víctima, y 50 millones de pesos a cada uno de sus hermanos.