Trabajadores de sanitarias, Chile Sustentable y la CUT, coincidieron en que el Estado no puede entregar a privados los activos que tiene en empresas del rubro porque perderá toda regulación sobre un recurso natural y de bien público estratégico. Denunciaron millonarias ganancias de empresarios que lucran con el producto vital.
El rechazo absoluto al anuncio del Gobierno de privatizar los activos del Estado en las empresas de agua potable, dieron a conocer los máximos representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, de la Federación de Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fenatraos), Hugo Maturana, y de Chile Sustentable, Sara Larraín.
Los tres dirigentes plantearon que ya son excesivas las ganancias de las empresas privadas para que sigan lucrando con el agua, que es un bien público de todos los chilenos, que en el futuro este recurso natural será más caro y por lo tanto el Estado no puede renunciar a participar en su administración, que un camino es llamar a un referéndum o plebiscito para ver si los chilenos quieren más privatización en este rubro, que es innecesaria la venta de activos porque el Estado tiene ingresos y que en definitiva se proteja a los usuarios de más alzas en los precios y mala atención.
Martínez señaló que “los servicios esenciales como agua, luz y salud, deben estar en manos del sector público, como ocurre en la mayoría de los países, y no en manos de privados porque no deben lucrar con ellos”. Indicó que cuando el Gobierno anuncia que venderá los activos del Estado en las empresas sanitarias, está anunciando “el despojo a los chilenos de un bien natural y útil que nos pertenece a todos”.
El presidente de la CUT definió como una falacia que el Gobierno plantee la privatización de sus activos en las empresas sanitarias para tener dinero, ya que “con el superavit en las finanzas, el alto precio del cobre, la implementación del royalty y los márgenes de ganancias en el sector privado, existen recursos suficientes para atender proyectos y situaciones como el Transantiago o la reconstrucción post-terremoto”.
El dirigente de la multisindical planteó que en el futuro el agua será más cara, elevando la rentabilidad que tiene hoy, lo que traerá presupuesto al Estado. Entonces, vender esas empresas “es pasar los negocios buenos que tiene el Estado, a manos privadas”. Martínez sostuvo que “el Estado se desprende de los buenos negocios para dárselos a los privados”.
El presidente de la Fenatraos, Hugo Maturana, sostuvo que privatizar los activos del Estado “representa enormes riesgos para el bien común y no cautela los resguardos necesarios que el Estado debe asumir a favor de las actuales y futuras generaciones”.
Sostuvo que “la privatización en un 100% de las empresas Aguas Andinas, Essbio, Esval y Essal, significa que el Estado se desentiende para siempre de la gestión de dichas empresas, lo que involucra las inversiones, las tarifas y en definitiva lo que significa el rol social y subsidiario.
Para el dirigente de los trabajadores de las sanitarias, la privatización total del agua “no cautela el resguardo sobre el agua”.
Planteó que, a parte de ser innecesario, la privatización del agua generará serios problemas sociales, sobre todo con el despido de trabajadores y aumento de las tarifas.
Sara Larraín, de Chile Sustentable, recordó que las Naciones Unidas estableció el agua y el acceso a ella, como un derecho humano, y que pronto el organismo internacional tomará un examen a los países sobre el adecuado acceso al recurso natural.
Recordó que el 80% de los países, incluidos Francia y Alemania, tienen en manos del sector público la administración del agua potable.
Larraín manifestó que “el proceso de privatización no ha sido beneficioso para los chilenos y para el país” y puso como ejemplo que en diez años apenas creció un 0,5% la extensión de la red y un 3,5% el alcantarillado, a pesar de que las empresas se habían comprometido a invertir y construir en diversas áreas.
Hugo Maturana puso el acento en la afectación a la ciudadanía. Por ejemplo, entregó un informe sobre el inmenso aumento en las tarifas del agua, que en el caso de Essal llega al 200%, en Aguas Andinas 157%, Essbio 138% y esval 94%.
Sara Larraín dijo, además, que las empresas privadas cobran por el proceso de aguas tratadas, pero esa agua luego la venden en tres veces su precio, lucrando con un bien de los chilenos y con el cobro a los ciudadanos. Denunció que en la zona de Copiapó, una empresa privada está priorizando por dar agua a una minera, quitándosela a familias campesinas que tienen que sembrar y cosechar.
Tanto la CUT como Fenatraos y Chile sustentable plantearon que si sigue adelante este proceso de privatización de activos del Estado en empresas sanitarias, se recurrirá a movilizaciones de trabajadores, sectores sociales y ciudadana.
Por Prensa CUT
El Ciudadano Nº96, febrero 2011
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