fuente: prensarural.org
El proyecto de ley de tierras que impulsa el gobierno nacional en el Congreso de la República Colombiana permitiría la legalización de los baldíos adquiridos de manera irregular en los territorios que se definan como Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), según análisis de diversas organizaciones campesinas y humanitarias.
La iniciativa, radicada por el Ministerio del Interior y conocida popularmente como “la ley Urrutia-Lizarralde”, pretende que los empresarios gestores de los proyectos aprobados en el marco de las Zidres sean exentos de la ley 160 de 1994, que prohíbe la concentración de tierras.
Dichos empresarios “podrán adquirir o recibir en aporte predios inicialmente adjudicados como baldíos, sin que les sea aplicable la restricción prevista en el inciso noveno del artículo 72 de la Ley 160 de 1994”, estipula el artículo 9 del proyecto de ley, radicado en la Cámara de Representantes con el número 133 del 2014.
Esta situación ha sido analizada y divulgada por organizaciones sociales y de derechos humanos como Oxfam, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, y la Cumbre Agraria, entre otras.
Si este proyecto se convierte en ley, entraría en contradicción con sentencias de la Corte Constitucional que establecen que los lotes baldíos que pertenezcan al Estado solamente pueden ser usados para restituir tierras a campesinos vulnerables y comunidades étnicas. Situación explicada en el estudio de las citadas organizaciones.
Los beneficiados
En el estudio se retoman datos de la Contraloría General de la República que establecen que empresas como Aceites Manuelita, Cargill, Indupalma y Riopaila Castilla se verían beneficiadas por este proyecto de ley.
Además, se plantea que en dichas empresas tienen intereses los exministros Rubén Darío Lizarralde y María Fernanda Ocampo; así como la familia del ministro de Agricultura Aurelio Iragorri.
En el informe también se indica que entre los 14 casos que implican a las personas naturales y jurídicas anteriormente mencionadas, registran un aproximado de 101 mil hectáreas acumuladas irregularmente, terrenos que habían sido adjudicados anteriormente como lotes baldíos.
El valor total de los lotes acumulados, según la Contraloría, supera los 150 mil millones de pesos. Adicionalmente, seis de los 14 casos reportados recibieron incentivos, subsidios y créditos del Estado por un monto de más de 139 mil millones de pesos. En cinco de estos casos se trata de multinacionales de origen extranjero.
Tierra y paz
Las organizaciones campesinas sostienen también que el proyecto Urrutia-Lizarralde contradice los acuerdos parciales alcanzados entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana (Cuba), pues contraviene el espíritu de buscar una mejor distribución de tierras en el país como premisa para la paz.
Además, en el análisis de las organizaciones se evidencia que en las áreas del país donde se favorece a la agroindustria y la economía extractiva es donde más violencia se presenta.
Por eso, procesos organizativos del campesinado como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, la Cumbre Agraria, Dignidad Agropecuaria y la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales coinciden en pedirle al gobierno nacional retirar el citado proyecto de ley. En el caso en que el gobierno insista, convocan al Congreso de la República a no aprobarlo.
En la investigación también participaron organizaciones no gubernamentales como el Cinep, la Comisión Colombiana de Juristas y Planeta Paz.
El documento del estudio se titula “Lo que usted debe saber sobre el proyecto de ley que quiere legalizar el acaparamiento de baldíos en Colombia” y fue presentado la semana pasada en Bogotá.
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