La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el informe Chile: Prioridades de políticas para un crecimiento más fuerte y equitativo, que aborda la situación del mercado laboral del país, además de aspectos vinculados a la educación, el medio ambiente, la innovación, entre otros.
Sobre la situación laboral de Chile, la OCDE celebra las bajas tasas de desempleo conseguidas en las últimas dos décadas (6,3% en el segundo trimestre de 2015), pero advierte que las estadísticas positivas “ocultan fuertes desigualdades en el mercado laboral”. En este sentido, el informe destaca que la participación de las mujeres se encuentra entre las más bajas de la OCDE, con un 55,7%, versus el promedio de 62,7% que exhibe la Organización.
El documento valora positivamente políticas como el Bono al Trabajo Mujer, el fuero maternal de seis meses y la educación preescolar obligatoria. En relación a esto último, el organismo resalta el aumento de la cobertura, pero sugiere “facilitar la aplicación de acuerdos laborales flexibles para padres; y permitir la plena sustitución del fuero maternal por el fuero paternal para potenciar la incorporación de la mujer en la fuerza de trabajo”.
“Los jóvenes enfrentan graves dificultades para encontrar empleo”
De acuerdo al informe, los jóvenes tienen dificultades para insertarse en el mundo del trabajo por la “falta de competencias orientadas específicamente a las necesidades del mercado, los bajos niveles de competencias generales, la ausencia de programas que entreguen experiencia laboral y la baja cobertura de incentivos económicos para que las empresas contraten y capaciten a jóvenes”.
Ante este panorama, la OCDE recomienda implementar un sistema de formación de aprendices y aumentar la formación en el lugar de trabajo. Además, identifica como necesidad la creación de mejores incentivos para que las empresas contraten y retengan a trabajadores jóvenes.
Reducir los contratos temporales y el nivel de informalidad
El informe señala que Chile tiene la mayor proporción de trabajadores temporales, con un 30% (el promedio de la OCDE se sitúa bajo el 15%) y que, frecuentemente, los trabajadores pasan de un contrato de este tipo a otro con las mismas características.
Además, el organismo dirige su mirada hacia el nivel de informalidad, traducido como la proporción de trabajadores entre 15 y 64 años que no cotizan en el sistema de pensiones. En 2011, el país exhibía un 30,3%.
“… un uso excesivo de este tipo de contratos puede tener un impacto adverso dado que los trabajadores sujetos a ellos a menudo se enfrentan a un mayor grado de inseguridad laboral que los empleados con contratos ordinarios. También puede afectar a la productividad ya que es menos probable que las empresas inviertan en el desarrollo de las competencias de sus trabajadores temporales, al tiempo que incrementa la rotación de empleados. Además de no tener derecho a indemnización por despido, los trabajadores temporales e informales a menudo tampoco tienen derecho a vacaciones pagadas y su situación limita su capacidad para cotizar y tener derecho a un seguro de desempleo y para ahorrar en un fondo de pensiones”, se lee en el documento.
Sobre este punto, el organismo recomienda obligar a los trabajadores independientes a cotizar y contribuir a los seguros de salud.
Más y mejor capacitación
El diagnóstico sobre el mercado laboral chileno se completa con la observación al sistema de capacitación, caracterizado “por su falta de eficacia y por no beneficiar a los trabajadores y empresas que más lo necesitan, fundamentalmente a los desempleados, a la población con baja cualificación, a las trabajadores con escasa seguridad laboral y a los trabajadores que se sitúan en los márgenes del mercado laboral”, según describe el informe.
El organismo internacional detecta que el sistema de capacitación está orientado a concesiones tributarias para las empresas que implementan algún programa, pero “dejando a los trabajadores de las empresas que más podrían beneficiarse del sistema de capacitación fuera de él (por ejemplo, trabajadores con baja cualificación o bajos ingresos y PYMEs)”.
De ahí que la OCDE recomienda reforzar los servicios públicos de empleo “para proporcionar programas de activación (asesoramiento, orientación, subsidios de empleo y capacitación) para jóvenes, trabajadores con baja cualificación y personas desempleadas e inactivas”.
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