Ocho activistas opuestos a transnacional española asesinados en seis meses en Guatemala

El conflicto entre Unión Fenosa y comunidades afectadas por los altos precios y los cortes de suministro llevaron al Gobierno de Guatemala a declarar el estado de sitio en el departamento de San Marcos. Desde octubre de 2009, ocho líderes sociales destacados en la lucha por la expulsión de la multinacional han sido asesinados.

El 8 de julio de 2009, una carta de 30 organizaciones, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos del Estado español, con motivo de la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, denunciaba las prácticas habituales de la multinacional en Guatemala. Sólo en los primeros cinco meses de 2009, la Comisión Nacional de Energía guatemalteca recibió 90.358 denuncias contra fenosa.

Después de una consulta popular para exigir la salida de la filial de Unión Fenosa, numerosas comunidades del departamento de San Marcos se organizaron para no pagar las facturas de la eléctrica española. Las demandas: la expulsión de la multinacional del país, la nacionalización del sector, la creación de empresas municipales de energía y la reforma de la Ley General de Electricidad.

La respuesta de Unión Fenosa, según denuncian las organizaciones sociales, fue el corte del suministro de electricidad a partir del 15 de diciembre del año pasado.

El corte de suministro eléctrico días antes de Navidad encendió a las comunidades. Tras pasar tres días sin luz, centenares de vecinos bloquearon las rutas que comunican México con Guatemala.

El Gobierno de Álvaro Colom no tardó en acusar al Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (Frena), organización a la que pertenecía Víctor Gálvez antes de ser asesinado.

El 22 de diciembre, el presidente guatemalteco decretaba el estado de prevención en San Marcos, una especie de estado de sitio, todavía vigente, con el que quedaron suspendidas la mayoría de las libertades y derechos civiles.

“De los ocho dirigentes populares que han sido asesinados, siete lo han sido en el marco del Estado de sitio. La población no puede reunirse para articularse, porque es delito que se reúnan más de tres personas”, denuncia Roberto Madriz, de la Comisión Política del Frente Nacional de Lucha (FNL).

El 13 de enero de 2010, Evelinda Ramírez, presidenta del Comité de Frena en Chiquirines (Retalhuleu), volvía tras reunirse con diferentes autoridades del Gobierno para reclamar el esclarecimiento del asesinato de Víctor Gálvez, la suspensión del estado de sitio y la expulsión de Unión Fenosa del país. Los disparos mataron a Evelinda Ramírez e hirieron a dos de sus acompañantes.

También en Malacatán, era asesinado el 29 de enero Pedro García, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad y activista por la nacionalización de la energía en su pueblo, San Pablo. Pocos días atrás, García había denunciado irregularidades cometidas por el Consejo Municipal de Malacatán.

Un final parecido le esperaba a Octavio Roblero, católico de base, integrante del Frena, del FNL y uno de los principales líderes de San Marcos en la lucha por la nacionalización del sector energético y la expulsión de Unión Fenosa.

El 21 de febrero, una nueva carta de 50 organizaciones, sindicatos y partidos españoles fue enviada a los presidentes Álvaro Colom y Rodríguez Zapatero, a los directivos de Unión Fenosa-Gas Natural y a los principales accionistas de la eléctrica, La Caixa y Repsol. El documento señalaba que estos asesinatos se debían a la “actividad social” de las víctimas y a “su lucha contra los apagones y los cobros excesivos de DEOCSA”.

Exactamente un mes después de la difusión de la carta, el 21 de marzo, tres líderes comunitarios eran “salvajemente asesinados a bala y machete” en el municipio de Ocós.

Al día siguiente, en la cercana aldea de Las Brisas, también en San Marcos, el activista Santiago Gamboa era asesinado por “balas del Ejército”, según el FNL. Aquel día por la mañana, diez empleados de una subcontrata de Unión Fenosa habían acudido a desconectar el fluido eléctrico. La reacción de la comunidad fue retenerlos y denunciar el hecho a las autoridades. El Gobierno envió 250 soldados para “rescatar a las personas secuestradas por una turba”. Los soldados abrieron fuego contra los manifestantes. Además de Gamboa, que murió en el acto, otros seis vecinos fueron alcanzados por las balas de los soldados.

“Cubiertos con el argumento de que se trata de acciones contra el narcotráfico, han allanado las viviendas de los dirigentes locales del movimiento contra Unión Fenosa, han inundado las calles con tropas amedrentadoras, han creado una situación de terror entre la población”.

La organización de derechos humanos Udefegua señala la complicidad entre la multinacional, el Estado y el crimen organizado: “Es inaceptable que en pleno Estado de excepción implantado por el Gobierno para proteger los intereses de una transnacional que roba y viola la ley, las bandas de criminales, al servicio del narcotráfico, del Gobierno y de Unión Fenosa, actúen con total impunidad”.

Por Martín Cúneo

Diagonal – Guatemala

Fuente: www.redeco.com.ar