Este viernes 3 de febrero los ciudadanos y ciudadanas que ocuparon pacíficamente el Ex Congreso Nacional el pasado 20 de Octubre de 2011, se presentaron en el Centro de Justicia para pedir declarar voluntariamente en el proceso iniciado en su contra.
En la presentación fueron acompañados por diversos dirigentes sociales y ciudadanos que solidarizaron por el intento de criminalización del movimiento social.
La toma de la sede del legislativo en Santiago fue en momentos en que se debatía el presupuesto para Educación, por lo que estaban los parlamentarios de dicha comisión y el renunciado ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien ahora es embajador en Estados Unidos.
La toma del ex Congreso duró desde pasado el medio día hasta cerca de las 22 horas, cuando unas 47 personas fueron detenidas y conducidas hasta la 3ª Comisaría, en el Centro de Santiago. A la par, en las afueras del recinto se producía una violenta represión policial contra cientos de personas que llegaron a apoyar a los activistas.
El ecologista y abogado Luís Mariano Rendón contó en la oportunidad a El Ciudadano que se tomaron la sede legislativa para “obtener el compromiso de la mesa del Senado para iniciar el proceso para el cambio constitucional que permita establecer el plebiscito. Creo que logramos ese objetivo con el documento en que estos parlamentarios se comprometen a iniciar esto a partir de las observaciones de la sociedad civil. La idea es que sean posibles los plebiscitos con carácter vinculante sobre cualquier temática y que puedan ser convocados por los ciudadanos. Para eso se requiere cambiar el Artículo 15 de la Constitución”.
LA APUESTA DEL GOBIERNO
Bulnes la semana pasada estuvo declarando por casi 2 horas en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ante el fiscal Víctor Vidal, quien lleva la causa iniciada por el Ejecutivo.
En la oportunidad Vidal dijo que la indagatoria se ha enfocado en el delito de «desacato», donde lo ilegal no es ir al Congreso y manifestarse, sino interrumpir una sesión legislativa. El hecho sería “una infracción contemplada en el artículo 164 del Código Penal”-sostuvo el fiscal.
También declaró la senadora designada Ena Von Baer.
El gobierno de Sebastián Piñera busca por todos los medios una sanción contra quienes participaron de la acción de protesta, que se enmarca en las masivas movilizaciones por una educación pública gratuita y de calidad y, en este caso, por la demanda por una asamblea constituyente que cambie la Constitución escrita por Pinochet.
El Ejecutivo busca así sentar un precedente de aplicación de mano dura para evitar futuras movilizaciones. La arremetida judicial se enmarca dentro del cerco represivo consagrado en el proyecto de ley que persigue criminalizar la convocatoria a movilizaciones o el tomarse recintos educativos, conocido como Ley Hinzpeter.
NO ESTÁN SOLOS
Entre las organizaciones que acompañaron a los manifestantes que ocuparon el Ex-Congreso estuvo la FECH, representada por su Secretario Ejecutivo, Julio Maturana, la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, representada por su Presidenta Rosario Carvajal y dirigentes de los trabajadores del Sindicato de Correos de Chile.
Además participaron gran parte de las organizaciones que estuvieron en la Ocupación. La iniciativa de la ocupación fue convocada por Democracia para Chile y contó con la participación de colectivos de estudiantes, apoderados, ecologistas, de la diversidad sexual y de la defensa del los barrios y el patrimonio cultural.
En la ocasión los manifestantes señalaron que “no tenemos nada que esconder y mantenemos nuestra exigencia ciudadana de Plebiscito para Chile y el cambio de la Constitución”.
Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano
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