Después de un año del Golpe de Estado en Honduras, el gobierno de Porfirio Lobo arroja un balance negativo, medido desde la vara de las libertades públicas, los derechos humanos y del restablecimiento pleno del estado de derecho.
Para la Asociación Chilena de Organismos no Gubernamentales Acción, son estos asuntos pendientes los que una sociedad democrática debiera ponderar en primer lugar, a la hora de normalizar las relaciones diplomáticas, como lo ha decidido el actual Gobierno de Chile, con una nación que ha vivido un quiebre institucional, graves violaciones a los derechos humanos y vulneración a las libertades fundamentales de la ciudadanía.
Por otra parte, el restablecimiento de relaciones coordinada, elimina la presión sobre el gobierno de Lobo y dificultará el cumplimiento de los compromisos pendientes.
El quiebre de la democracia en Honduras ocurrido el 28 de junio 2009, conmovió a la comunidad internacional, que repudió la violenta expulsión del país del entonces presidente Manuel Zelaya, así como la implantación de un régimen de facto que operó a través de la violencia de estado para imponer a sus autoridades, encabezadas por Roberto Micheletti. Los países de América Latina, en su mayoría, actuaron con decisión para lograr una pronta normalización democrática. En la oportunidad, Chile se sumó a la condena internacional retirando prontamente al embajador en ese país.
Organizaciones de la sociedad civil de América Latina (Asociación Mundial de Radios Comunitarias Amarc, Mesa de Articulación de Asociaciones nacionales y redes de ONGs de América Latina y el Caribe -de la cual forma parte Acción- Reporteros sin Fronteras e International Media Support) realizaron tres misiones a Honduras durante el año 2009. En cada una de éstas, los reportes denunciaron graves violaciones a los derechos humanos y vulneración a la libertad de expresión, bloqueo informativo, silenciamiento de medios de comunicación, persecución a periodistas y defensores de derechos humanos, cierre y hostilización a radios comunitarias, así como censura y expulsión de corresponsales internacionales de prensa internacional. A estas denuncias se suman las de persecusión y asesinato a dirigentes sociales.
La situación no ha mejorado durante el gobierno de Porfirio Lobo, elegido como presidente de Honduras después de un proceso electoral criticado y cuestionado por países y organizaciones sociales hondureñas, debido a la falta de garantías.
En este contexto, Acción demanda al sector político un compromiso explícito con el proceso democrático hondureño, que garantice la integridad física de la ciudadanía, y ponga fin a las graves violaciones a los derechos humanos.
Para Reporteros sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y el Comité por la libre expresión (C-Libre), Honduras ocupa en la actualidad el peor rango mundial para la libertad de los y las periodistas.
El último informe de estas organizaciones1 fechado el 28 de junio 2010, da cuenta que entre marzo y junio 2010 existen ocho asesinatos no esclarecidos a profesionales de los medios de comunicación, a lo que se suma el secuestro y asesinato a un defensor de derechos humanos ocurrido en el mes de diciembre 2009.
El informe advierte sobre la gravedad de la violencia política contra los medios de comunicación y se interroga sobre la nominación al mando de la empresa pública de telecomunicaciones Hondutel, del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, instaurador de la censura justo después del golpe.
El gobierno de Lobo ha guardado silencio frente a dos conminaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la protección física del director de Radio Progreso y de dos periodistas de la emisora, amenazados de muerte, este hecho también fue advertido, denunciado y rechazado por Reporteros sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y el Comité por la libre expresión (C-Libre), en su declaración de junio 2010.
Para Acción, el respeto pleno a los derechos humanos no puede estar al débito en las sociedades modernas y este es el criterio prioritario que debe determinar la convivencia entre los estados. No existen “avances” en la normalización de Honduras sin libertad de expresión, sin esclarecimiento e investigación sobre los casos de asesinatos y agresión a periodistas y a medios de comunicación de la sociedad civil, sin el cumplimiento de las medidas de protección para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de periodistas, comunicadores, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y ciudadanía en general.
Los asuntos pendientes en Honduras dicen relación con los principios universales más preciados por las sociedades democráticas basadas en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los verdaderos avances en ese país han de medirse con estos parámetros. El reconocimiento al actual gobierno hondureño lesiona y obstaculiza el avance de estos principios en el continente.
El sentido universal de los derechos humanos lo aprendimos en Chile a través de la dramática experiencia vivida a partir de 1973, que significó violaciones masivas de los derechos fundamentales de las personas producto de violencia del Estado. Hay en dicha experiencia una responsabilidad con la humanidad, que debiera guiar a las autoridades cada vez que exista una toma de posición frente a la comunidad internacional.
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
