La Asociación Chilena de ONGs Acción, exige que se investiguen las asignaciones discrecionales de recursos. Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de aprobar prontamente una institucionalidad pública que garantice el fortalecimiento de una sociedad civil autónoma.
A partir de las informaciones publicadas sobre fondos entregados a organizaciones de la sociedad civil, la Asociación Chilena de ONGs, Acción, manifestó su rechazo a las asignaciones discrecionales a entidades que no califican como Organismos No Gubernamentales de desarrollo.
Álvaro Ramis, presidente de Acción, agregó que existe un “déficit institucional histórico, que da lugar a un predominio en la discrecionalidad en las asignaciones presupuestarias y a la carencia de mecanismos estables que den continuidad a las políticas implementadas en esta materia”.
“Las ONGs somos las primeras interesadas en gestionar con el máximo rigor los recursos que utilizamos, por lo que también deseamos que cualquier caso de irregularidad se clarifique, investigue y sancione como corresponde. Pero exigimos en reciprocidad claras responsabilidades políticas a quienes se han opuesto sistemáticamente a legislar a favor de una institucionalidad pública que garantice el fortalecimiento de una sociedad civil autónoma, que no esté expuesta a las contingencias políticas ni sea susceptible de controles arbitrarios”, finaliza.
Ramis indicó que “se trata de una carencia histórica en la relación entre el Estado y la sociedad civil, por lo que nada garantiza que en el nuevo gobierno no se aplicarán criterios igualmente discrecionales y fluctuantes”.
Acción ha demandado por años y en forma permanente que en nuestro país se implementen “mecanismos públicos de financiamiento que garanticen a las ONGs su independencia, sustentabilidad y permitan su desarrollo organizacional”. Dentro de este marco, las organizaciones miembros de Acción se otorgaron un Código de Conducta Ética, “requisito obligatorio para todas las organizaciones integradas en la asociación”, señala Ramis.
La Asociación indicó que para avanzar en estos temas, “un primer paso en este objetivo lo constituiría la pronta promulgación de la Ley de Participación Ciudadana en la gestión pública, que fue aprobada por unanimidad en la comisión mixta abocada a su estudio en el pasado mes de febrero”.
Para Acción “El financiamiento público a las ONGs debe constituirse en un mecanismo inherente en la labor estatal, lo que exige su institucionalización de forma pertinente y constante”.
Acción reúne a 70 ONGs interesadas en promover el ejercicio de una ciudadanía plena y fomentar la democracia, el buen gobierno, los derechos humanos, el desarrollo sustentable, la equidad de género y la dignidad de niños, jóvenes y adultos en situación de pobreza, discriminación y exclusión social.
Por Marta Péndola
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