Organizaciones chilotas piden fin al contrato para la construcción del Puente del Canal de Chacao

Organizaciones chilotas llama la atención sobre la licitación de la construcción del Puente de Chacao. Dos de las empresas adjudicadas han protagonizado casos de corrupción. La constructora OAS de Brasil y Hyundai de Corea del Sur están siendo actualmente investigadas por el pago de coimas a funcionarios para ganar la licitación de proyectos.

Diversas organizaciones sociales, ambientales, culturales y de pueblos originarios del archipiélago agrupadas en Defendamos Chiloé “repudian la falta de respeto, indolencia, abuso, centralismo, despilfarro y engaño de la obra puente sobre el canal de Chacao”.

La construcción del puente bordea un costo de 836 millones de dólares.

UNA HISTORIA DE INCUMPLIMIENTOS

La adjudicación del proyecto Puente sobre el canal de Chacao fue concretada el 9 de diciembre de 2013.

Tanto la ex ministra del Ministerio de Obras Públicas de Piñera, Loreto Silva, como el actual Nueva Mayoría, Alberto Undurraga, anunciaron el inicio de obras civiles del puente para febrero de 2015. Ya a casi dos años, las organizaciones denuncian el incumplimiento del contrato y sus plazos por parte del consorcio.

También el día 2 de noviembre, se cumplieron 60 días extra dados al consorcio para responder las 371 observaciones al diseño. Aún no entregan su respuesta.

El consorcio es integrado por la constructora OAS de Brasil y Hyundai de Corea del Sur. La constructora OAS aparece involucrada en el escándalo de corrupción a políticos en Brasil. Sus máximos directivos están en la cárcel. Hasta el momento se ha comprobado que pagaban a las autoridades que les adjudicaban las licitaciones hasta un 3% por adjudicación de obras, se suma ahora el nuevo escándalo de la empresa Hyundai, quien tiene a su presidente investigado por la fiscalía en Corea del sur.

El ministro Undurraga anunció el 17 de marzo pasado que la continuidad del proyecto dependía de la salida de la constructora OAS. Respecto de Hyundai no se ha pronunciado.

Han pasado 9 meses desde que ministro Undurraga declara que construcción del puente depende de salida de la Constructora OAS y aún permanece.

Los dos gremios más fuertes del mismo MOP, la Asociación Nacional de Ingenieros de obras públicas y la Asociación de Abogados, han manifestado en más de 5 cartas los vicios de ilegalidad y fuera de normativa vigente a todo el proceso del proyecto.

FALSAS EXPECTATIVAS

También las organizaciones chilotas recuerdan el anuncio de empleos hecho por el ministro Undurraga para promover la aceptación del proyecto por parte de los lugareños. Comentan que les “llama profundamente la atención la liviandad e irresponsabilidad con que el ministro Undurraga lanza la oferta de más de 2.000 empleos de la obra, mientras el coordinador regional del proyecto Álvaro Alruiz confirmaba en Ancud, que solo son 200 en promedio y 300 en su momento peak. Este tipo de anuncios no hacen más que demostrar la incompetencia y populismo de la cabeza máxima de la cartera”.

Agregan que “una correcta evaluación social debió incluir el estudio simultáneo de modernización de rampas, túnel y puente, eligiendo, según el principio del ‘uso eficiente de los recursos públicos’ la alternativa de mayor rentabilidad para los chilotes, al mínimo costo, cosa que deja claro que alternativa puente jamás debió licitarse”.

Promueven la modernización de rampas a de doble frente de atraque, cuyo valor calculan en 30 millones de US, lo que eliminaría las colas y disminuiría el tiempo de viaje a 13 minutos.

Para la Agrupación Defendamos Chiloé  “desde el punto de vista técnico-profesional, el proyecto jamás debió licitarse, puesto que no se llevó a cabo la evaluación social que correspondía, cual era evaluar en un mismo estudio la rentabilidad social y costos de las 3 alternativas de cruce : modernización de rampas, túnel y puente, para luego elegir de mayor rentabilidad social al mínimo costo, lo que indudablemente jamás habría sido el puente”.

Destacan que “no existen estudios de impactos económicos, ni culturales, ni sociales del proyecto en todo nuestro territorio. Si existen estudios de nuestras prioridades, las que son Salud, educación y conectividad entre islas”.

El estudio de impacto ambiental que valida el proyecto fue realizado el año 2002.

Además, el consejo de comunidades williche, encabezado por lonco Fidel Raín ha manifestado por años el título de “fraudulenta” a la consulta hecha en el proyecto, dado que se consultó a 1 de las cerca de 200 organizaciones indígenas del archipiélago.

La Agrupación Defendamos Chiloé solicita a la presidenta, al Congreso, a la Contraloría y a la Fiscalía Nacional que “investiguen todo lo mencionado y pongan fin al contrato inmediatamente, cobrando las garantías de 65 millones de dólares en favor de todos los chilenos y en especial de los chilotes”.

El Ciudadano