El Gobierno anunció la medida como un beneficio para la clase media, pero la fundación Defendamos la Ciudad y los trabajadores de Impuestos Internos aseguraron que favorece a empresas y propietarios de gran cantidad de inmuebles, además de perjudicar el gasto social de los municipios. Radio U. de Chile 15 diciembre 2012.
Cuando el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, confirmó que se prorrogaría por un año el reavalúo fiscal de las propiedades, en general, el empresariado reaccionó muy contento.
El secretario de Estado argumentó que la idea es aliviar a la clase media, pero según Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, al momento de poner en igualdad de condiciones a personas naturales y jurídicas, se favorece a las empresas y a propietarios de un número importante de inmuebles, que no utilizan para residir.
Patricio Herman agregó que el Fisco dejará de percibir importantes recursos: “Pueden ser personas naturales o personas jurídicas, sociedades mercantiles, constructoras, sociedades de inversión, etc. Y todas las personas jurídicas descuentan el pago de las contribuciones de bienes raíces. Por otro lado, los particulares que tienen muchas viviendas -hay quienes tienen 100 ó 150- cuando existe habitualidad en el negocio de arrendar, también descuentan, de su pago de impuestos, el pago previo de las contribuciones”, dijo.
El impuesto territorial es el único que se recauda directamente por las municipalidades y es una de sus principales fuentes de financiamiento.
Por lo anterior, según Carlos Insunza, presidente de la Asociación de Funcionarios de Impuestos Internos, el aplazamiento por un año del reavalúo desfavorece a los municipios de menos recursos, que además deben entregar un importante numero de prestaciones sociales.
“Es el único impuesto en Chile que va directamente a arcas de los municipios, con el Fondo Municipal de por medio. Por tanto, se trata de un impuesto que tiene un objetivo específico, en cuanto es el que fortalece las políticas sociales desde los municipios y su capacidad de intervenir en la realidad de sus vecinos y vecinas”, enfatizó.
Carlos Insunza agregó que no existe la cantidad adecuada de funcionarios para fiscalizar el pago de este impuesto, lo que se verá agravado en 2014 cuando se deba cobrar el reavalúo de zonas urbanas y rurales simultáneamente: “El área de evaluaciones de la fiscalización del impuesto territorial ha estado postergada durante muchos años en la institución. Tanto es así, que a nivel nacional existen solo 243 fiscalizadores tasadores, que fiscalizan seis millones y medio de roles”, aseguró.
La prórroga del reavalúo fiscal por un año fue enviada con urgencia al Congreso y ya comenzó a ser vista por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Las organizaciones ciudadanas y los funcionarios del SII esperan ser incorporados al debate legislativo, pues temen que de aprobarse la iniciativa tal como está, profundice las inequidades de nuestro sistema tributario.
El Ciudadano
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