Panamá: Fuertes movilizaciones contra reformas que afectan a trabajadores y medioambiente

La aprobación por parte del gobierno de Panamá de una serie de leyes catalogadas de “anti populares” por sindicatos y otras organizaciones sociales, ha desencadenado una serie de protestas y huelgas que ya dejan un saldo de al menos una decena de muertos y cientos de heridos. El gobierno de Ricardo Martinelli, por su parte, ha respondido a las movilizaciones con represión e incluso, con la detención de dirigentes sindicales.

Todo comenzó con la aprobación, el 17 de junio pasado, de la llamada “ley 30” o “ley chorizo”, que afecta la libre sindicalización en las empresas privadas, elimina la obligación por parte de las empresas de pagar cuotas sindicales, elimina la obligación de realizar estudios de impacto ambiental en casos de proyectos que sean de “interés nacional”  y permite el reemplazo de los trabajadores en huelga, entre otras cosas.

Luego de esto, los trabajadores bananeros del sector de Bocas del Toro, cerca de la frontera con Costa Rica, se declararon en huelga el 8 de julio y bloquearon las carreteras durante 9 días, desatándose fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Como consecuencia de esto, se cuentan 6 muertos en la zona y cientos de detenidos.

Al desatarse los incidentes, diversas organizaciones sindicales y sociales como el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y el Frente Nacional de Defensa de los Derechos Sociales (Frenadeso) manifestaron su solidaridad con los huelguistas y llamaron a realizar manifestaciones de protesta en el resto del país. El 13 de julio se desarrolló una huelga general que contó con la adhesión del 95% de los trabajadores de la construcción y del 80% de los profesores, además de estudiantes universitarios y otros sectores de trabajadores.

El gobierno intentó frenar las movilizaciones deteniendo a diferentes dirigentes sindicales, como Jaime Caballero, Subsecretario General de Suntracs y miembro de la Dirección Nacional de Frenadeso, quien fue liberado el jueves 15 luego de pasar 5 días preso, momentos en los que se mantuvo en huelga de hambre. La detención del dirigente fue justificada por el Consejo de Seguridad Nacional en una posible amenaza al Canal de Panamá. Los líderes sindicales Saúl Méndez y Genaro López, del Suntracs pasaron a la clandestinidad ante la posibilidad de correr la misma suerte.

Este último dirigente, en una declaración pública, afirmó que las movilizaciones continuarían hasta que se derogasen las leyes “antipopulares”, como la “ley 14 (carcelazo), ley 30 (Chorizo), el Decreto 944 (que impone la transformación curricular), y el Decreto 577 (que lesiona la Ley Orgánica de la comarca Ngäbe Buglé)”. Las acciones realizadas por los sindicatos han recibido el respaldo de organizaciones de otros países, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (Sintec) de Chile, del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras (FNRP) y del sindicato español Comisiones Obreras.

El presidente panameño acusó al Partido Revolucionario Democrático de “desestabilizar un área para hacer oposición”, en alusión al rol que habrían cumplido en la huelga realizada en la zona de Boca del Toro por cientos de indígenas y obreros bananeros, mientras los sindicatos anunciaron la posibilidad de una nueva huelga general en el mes de agosto.

Por Felipe Ramírez Sánchez

El Ciudadano

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