La falta de medidas para hacer frente a las gigantescas desigualdades sociales del país empieza a cansar a los movimientos que auparon a Lugo a la presidencia. La escasa representación de la izquierda en el senado y el congreso limita el cumplimiento de los cambios prometidos.
El 20 de abril se cumplía un año de la victoria de Fernando Lugo y el panorama no parecía demasiado esperanzador. El aniversario vino precedido por el revuelo mediático en torno a varias denuncias de paternidad de Lugo en su época de obispo.
Un fenómeno que es necesario leer en clave paraguaya como ilustra el periodista Arístides Ortiz: “Los sectores populares saben y conceden a los sacerdotes su omisión del celibato desde hace siglos. Dicho de otro modo, sobre el acto de paternidad irresponsable cometido por Lugo no pesa una condena social, popular.
Mucho más afectó a la popularidad del presidente el haber embaucado a 50.000 familias campesinas productoras de sésamo con un subsidio que anunció y que, por temor a la oligarquía, no cumplió, en un acto de extrema debilidad política”. De hecho esta marcha atrás de Lugo respecto al subsidio a los productores de sésamo es muy ilustrativa del perfil político del Gobierno Lugo, marcado por la ambigüedad, la improvisación y la debilidad ante una derecha todavía hegemónica en casi todas las dimensiones del poder formal e informal.
Algunos parecen encontrar señales positivas en el Gobierno de Fernando Lugo, pese a reconocer la extrema debilidad del ejecutivo. Ése es el caso de Jorge Galeano, dirigente del Movimiento Agrario y Popular (MAP) y miembro del partido Tecojoja: “Ha habido Ministerios y otros cargos importantes entregados a políticos de izquierda (generalmente los de menores recursos); se ha prohibido que se continúe con la deforestación del Chaco; se ha creado una coordinadora para la Reforma Agraria (CEPRA); un decreto sobre la gratuidad de la salud…”.
Otras activistas sociales como Julia Franco, dirigente campesina nacional de CONAMURI, cree que “no ha habido señales positivas, es más, se ha endurecido la represión contra las ocupaciones de tierras y ha habido retrocesos como la ley promulgada sobre agrotóxicos”. Como Julia Franco reconoce, no todo esto es atribuible a Lugo en el complejo y paradójico escenario político paraguayo. Un ejemplo es el decreto que el presidente elaboró sobre agrotóxicos, que significaba un avance en la defensa del medio ambiente y de las comunidades afectadas por su uso masivo. Sin embargo, su debilidad y la del resto de la izquierda en el Senado y el Congreso hizo que finalmente el decreto de Lugo fuera sustituido por una ley extremadamente permisiva elaborada por la derecha y el lobby agroexportador, el principal usuario de estos productos.
UNA PESADA HERENCIA
La mayoría de los casos de represión está relacionada con el aparato judicial, ajeno al control del ejecutivo y conocido en Paraguay por sus altos niveles de corrupción y un carácter marcadamente elitista. La mayor parte de las estructuras del Estado siguen ligadas al poder tradicional.
Es también el caso de la Universidad, como cuentan Cecilia Vuik y David Ayala, participantes del movimiento estudiantil La Otra Universidad: “Nosotros celebramos la victoria de Lugo como nunca… Sentíamos que se expandían los límites de lo posible… Sin embargo, el inspirador momento político abierto con su victoria, que nosotros aprovechamos con ocupaciones en la Universidad, se está perdiendo y, por ejemplo, no se ha hecho la esperada reforma universitaria. La verdad es que esperábamos más firmeza y decisión por parte del nuevo Gobierno”.
Algo parecido a lo que relata desde el movimiento indígena Virgilio Suárez, de la Coordinadora del Bajo Chaco: “En el movimiento indígena la victoria de Lugo causó alivio y activó a muchas comunidades, se crearon muchas expectativas… Tras una apertura inicial, la sensación actual es que estamos siendo más respetados y escuchados que en el pasado, aunque Lugo no tiene una postura firme con el tema indígena. Existe miedo a que la situación vuelva a ser igual que antes”.
Según Gustavo Torres, militante de Convergencia Socialista –partido que no apoyó la candidatura del ex obispo– “la victoria de Lugo debe mucho a la lucha interna dentro de la oligarquía entre un sector neoliberal modernizador ligado al agronegocio exportador y un sector anacrónico más ligado al Estado ineficiente y corrupto, y al comercio legal e ilegal… Pero debemos aprovechar para avanzar en un proceso de maduración política de los movimientos que dentro de 20 años cambie la correlación de fuerzas como en Bolivia”.
Sin embargo, esa oligarquía dividida parece estar reorganizándose y actualmente muestra una estrategia unitaria y efectiva de desgaste y manipulación del Gobierno, así como una campaña que pretende asociar a las fuerzas progresistas con un proyecto antidemocrático utilizando comparaciones con Cuba o Venezuela.
Para Cecilia Vuik, del movimiento estudiantil, resulta claro que “Lugo no tiene voluntad ni capacidad de cambio estructural, sin embargo es una oportunidad única para un proceso de acumulación de fuerza para los movimientos populares”.
Jorge Galeano, dirigente campesino, esboza cierta autocrítica: “El Gobierno de Lugo ha hecho poco. Tiene enfrente una maquinaria muy fuerte y efectiva y sin embargo desde los movimientos populares no se ha sabido articular un respaldo social fuerte y unitario. La izquierda necesita avanzar en términos organizativos y de articulación de una agenda unitaria si quiere esperar algo del Gobierno de Lugo”.
Éste parece ser el sentir mayoritario en la izquierda, lo que ha hecho que el pasado 19 de junio realizaran un Congreso para avanzar en esa unidad y crear una agenda unitaria de lucha y defensa del proceso de cambio “con participación y protagonismo popular”. “Más allá de haber sido una ficción, la posibilidad de ‘llegar al Gobierno’ con Lugo obligó a las fuerzas sociales y políticas de izquierda a hacer un cambio de perspectiva radical en su estrategia: pasaron de orientar las demandas y propuestas hacia el Estado, a definir planes de acción y propuestas en función a la disputa por el Estado”, afirma José Carlos Lezcano del partido Tecojoja.
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REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN CAMPESINA EN PARAGUAY
El informe Chokokue publicado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denuncia entre 1989 y 2005 “75 ejecuciones arbitrarias y dos desapariciones forzosas de dirigentes y miembros de organizaciones de trabajadores rurales”.
Actualmente existen en torno a 2.000 dirigentes con procesos judiciales abiertos. Entre ellos el caso de los seis campesinos que llevan más de tres años presos es especialmente conocido. Son acusados sin pruebas utilizando la sombra de las FARC colombianas, en un proceso lleno de irregularidades del asesinato de la hija de un ex presidente pese a que el juez de la causa nunca les acusó.
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CLAVES PARA COMPRENDER PARAGUAY
-Pobreza: De cada cinco personas, dos subsisten en situación de pobreza y de esas, una padece hambre. Según datos oficiales, un 40% de la población en edad de trabajar está desempleada.
-Salud: Sólo 13,9% de la población posee algún tipo de seguro médico. El resto de la población debe acudir a los servicios dependientes del Ministerio de Salud Pública, que son extremadamente limitados.
-Indígenas: Son el 2% de la población agrupados en torno a 20 etnias y cinco familias lingüísticas. Los indígenas continúan siendo los más excluidos y vulnerables. Existen 414 comunidades que necesitan resolver sus problemas de territorio.
-Desigualdad en tierras: Tiene una de las mayores desigualdades del mundo en el reparto de la tierra y, según el último censo agropecuario, ésta va en aumento. El 2% de la población posee el 85% de la tierra. Existen más de 600.000 campesinos sin tierra.
-Soja, fábrica de pobreza: La principal actividad económica del país es la producción de soja transgénica para exportar para la ganadería industrial europea. Ocupa más del 60% de la tierra agrícola y crece a gran ritmo. Sin embargo los departamentos con mayor producción presentan los mayores índices de migración, desigualdad y pobreza.
por Álvaro Porro
Periódico Diagonal