Los ascensores de Valparaíso son patrimonio industrial vivo único en el mundo. Supuestamente consciente del valor cultural de aquellos monumentos, y de un medio de transporte todavía vigente, el Presidente de la nación prometió en 2010 expropiar diez ascensores privados para luego restaurarlos.
“Los ascensores y funiculares de Valparaíso constituyen un Patrimonio Industrial Vivo, pues se trata de máquinas e instalaciones que en algunos casos llevan más de cien años funcionando. (…) A nivel mundial el patrimonio industrial se recupera a modo ornamental o de recreación, lo que significa que las máquinas serán sometidas a funcionamiento parcial o nulo. En cambio un Patrimonio Industrial Vivo significa que los artefactos son utilizados habitualmente por sus usuarios.”
A pesar de lo antes dicho, el patrimonio industrial en Valparaíso ha sido lo contrario a vivo: Los ciudadanos, mujeres, hombres, niños, viejos, no pueden usar habitualmente los ascensores de sus barrios, ya que, de los 30 ascensores que existieron a partir de 1883, actualmente funcionan sólo cinco y ajustan los precios a la demanda turística. Ascensores han sido cerrados, incluso demolidos. Otros descuidados a tal grado que son sujetos a deterioro, a saqueo. Sin embargo, la municipalidad da patentes y autorizaciones, haciéndose así cómplice del riesgo colateral ciudadano y del deterioro patrimonial.
El economista Camilo Vargas Koch vivió desde cerca gran parte del proceso, desde los principios bajo la Concertación, a la promesa cobrada del gobierno de Piñera. Pero, ¿Cuál fue el punto de partida del proceso?
“Ya con Lagos se decidió invertir masivamente en los ascensores. Pero se cometió el pecado fundamental de considerar necesarios sólo los ascensores municipales.” Dejando la ciudadanía porteña con una gama limitada de ascensores públicos y a los privados sin fiscalización. Estas circunstancias hicieron a Vargas dedicarse al tema él mismo. En 2005 accedió al cargo de obras del bicentenario. Entre el Instituto Goethe, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Comisión Bicentenario se comenzó a darle un fundamento técnico y científico independiente al discurso sobre los ascensores, con conclusiones académicas demoledoras para los ascensores, los porteños, los políticos de Valparaíso. “Concluimos que había que comprar los ascensores privados. Pero era un chantaje: Los privados demandaron 2.400 millones y no querían vender los mejores ascensores.”
Este julio se concretó la promesa de Piñera de 2010, la compra de los ascensores privados al precio de 2.200 millones, precio que el economista Camilo Vargas Koch declara usura. Según estudios realizados por la Universidad Técnica Federico Santa María, el Instituto Goethe, la Comisión Bicentenario y el Consejo de Monumentos Nacionales ya en 2010, “Los ascensores no entregan ninguna garantía de seguridad. (…) Las tradicionales máquinas no cumplen con la reglamentación vigente”. Por lo mismo dice Vargas Koch: “Nosotros abogábamos por pagar la mitad o expropiar. Pero en Chile no se hacen estas cosas. La propiedad privada es sagrada”. Con ironía agrega: “La compra de propiedades es el último turno de los ascensores privados: La derecha nunca lo admitirá, pero ¡este fue un proceso de estatización!”
Critica Vargas: “Ahora se nos vende que todo eso fue un triunfo de la sociedad civil. Personalmente lo encuentro muy idealista. Es que no había otra: Los ascensores son parte del expediente Unesco. Si ellos entrasen en peligro de extinción, podría significar la desvinculación de la Unesco de Valparaíso. En 2009 vino la Unesco para cobrar el compromiso respecto a los ascensores y al Estado. Desde ese entonces no hubo otra.”
Donde sí cabe esperar de una participación civil organizada es en la dicotomía clásica entre espacio público-social y espacio comercial: El municipio quisiera ver en los edificios de los ascensores cafés y boutiques. En el cerro Cordillera se está montando resistencia contra una postura, formulada por el administrador municipal de bienes municipales, Pedro Pablo Chadwick: “La mejor parte del edificio no puede ser ocupado por la gente (porque no corresponde)”, afirma. Por el contrario, los vecinos del cerro quieren que en la estación superior del ascensor San Agustín se encuentre la sede de la Junta de Vecinos del Cerro Cordillera Bajo. Paola Salazar, presidenta de esa organización, ubicada en una zona frecuentada por turistas como los cerros Alegre y Concepción, resume: “Nosotros elegimos la Junta de Vecinos como método de unir fuerzas y para finalmente abolir las tantas diferencias existentes en Valparaíso.”
Christian Amarales, dirigente del Cerro Cordillera, describe la diferencia entre las ideas municipales y las necesidades sociales: “No concordamos con el municipio en que siempre quieren situar en la periferia a los actores sociales, que para la vida en comunidad son fundamentales. Entra en conflicto con intereses sociales la rentabilización de todos los espacios.”
Tras una lucha vecinal organizada desde 2006 el Cerro Cordillera ha logrado la restauración estructural y social del ascensor San Agustín, como primero de la ciudad a ser restaurado completamente.
Por Gwendolen Pare
El Ciudadano Nº133, segunda quincena septiembre 2012
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