Perú: Generales a cargo de la masacre de Bagua no irán a la cárcel

A más de un año y medio de la llamada masacre de Bagua, las víctimas y sus familiares aún esperan que se haga justicia en contra de los oficiales a cargo de la represión de las comunidades que manifestaban por su tierra. Esto, tras conocer la débil sentencia del Tribunal Policial Militar contra dos generales de la Policía Nacional del Perú y un alto mando del Ejército.

El  5 de junio de 2009, la policía reprimió a miles de manifestantes que bloqueaban por 55 días la carretera Belaúnde Terry en el departamento peruano de Amazonas.

La masacre ocurrió en el segundo gobierno de Alan García, cuando su ministra Mercedes Cabanillas dio la orden de desalojar a manifestantes de comunidades indígenas awajún y wampís del sector, que se oponían a la promulgación de una serie de decretos legislativos relacionados con el uso de la tierra y los recursos naturales, que significaban  proyectos transnacionales y mineros para la zona.

En el enfrentamiento se reportaron oficialmente 25 indígenas y 9 policías fallecidos, además de 100 heridos, 38 secuestrados y decenas de locales públicos destruidos y saqueados en tres ciudades de ese Departamento. Información extraoficial afirma la muerte de hasta 300 personas.

Los dos generales de la Policía Nacional del Perú y uno del alto mando del Ejército, que dirigieron el operativo, Luis Muguruza, Javier Uribe y Raúl Silva Albián, fueron sentenciados por el fuero policial militar a 12, 24 y 36 meses de prisión suspendida (remitida) y al pago de distintos montos en concepto de reparación civil al Estado, por el delito de “Omisión del cumplimiento del deber en función operativa”.

PENAS BENIGNAS DE LA JUSTICIA MILITAR

Tras conocerse la sentencia, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), principal organización indígena de la Amazonía, señaló que “el fuero militar-policial sentenció a penas benignas a los responsables operativos del enfrentamiento entre el pueblo indígena y la policía”.

Alberto Pizango, presidente de la organización, señala en un comunicado que, de todas maneras,, la sentencia “contrasta” con la decisión del gobierno del presidente García “de encubrir” a sus ex ministros Yehude Simón, Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz “por los hechos lamentables de Bagua”.

“Los pueblos indígenas esperan pacientemente que se haga justicia; que se halle a los verdaderos responsables de la muerte de peruanos y que este Gobierno -antes que termine su mandato- tenga la valentía de terminar su gestión limpiándose las manos manchadas de sangre”, remarcó el dirigente.

Eleodoro González Uriarte, presidente de la Asociación de Víctimas, Familiares y Heridos de la Curva del Diablo fue más enfático: “Estamos indignados, nosotros por defender la Amazonía tenemos compañeros sentenciados a cinco años de prisión y estos generales son responsables de la matanza. Somos más de 30 heridos y hasta el momento no hemos recibido apoyo alguno, cada uno está solventando sus gastos, algunos están inválidos. Por ello pedimos que se les juzgue en el fuero civil a los generales y a los que dieron orden para el desalojo de los indígenas”.

La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó preocupación de que “el fuero policial militar pueda usarse para obstaculizar el proceso que se está siguiendo en la justicia ordinaria”.

En el pasado, el juzgamiento paralelo de los presuntos responsables en el fuero policial militar, ha sido uno de los factores que ha contribuido en gran medida a perpetuar la impunidad que durante décadas ha imperado en el Perú”, señaló el organismo en una nota.

El uso del fuero policial militar para investigar y sancionar delitos como violaciones a los derechos humanos “contradice las normas y tratados internacionales” (…) La competencia de este fuero “debe limitarse a las infracciones de carácter específicamente militar o policial cometidas por miembros de las fuerzas del orden”, expresó AI, conminando al Estado peruano a investigar con “prontitud e imparcialidad” a los responsables de estos abusos.

Asimismo, denunció que el Estado no garantiza el derecho de las comunidades indígenas de participar en el proceso de toma de decisiones y a ser consultados con el objetivo de conseguir su consentimiento previo, libre e informado antes de que se adopte cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectarles, sino que continúa dando concesiones a compañías extractivas y aprobando legislación que podría afectar los territorios y forma de vida de estos pueblos.

Por Cristóbal Cornejo

El Ciudadano