Perú y Colombia: Autodefensas comunitarias contra la megaminería

Cuando los estados se limitan a facilitar los negocios de las grandes multinacionales, como sucede con la minería, y dejen desprotegidos a los pueblos, éstos no tienen otro camino que defenderse por sus propios medios, a través de sus organizaciones de autodefensa, la movilización de las comunidades afectadas y la creación de espacios dedicados a impedir el despojo.

Perú y Colombia atraviesan esta situación. La resistencia a la minería en la región andina muestra una gran vitalidad en la resistencia al proyecto aurífero Conga en el norte del Perú, y también en algunas regiones del Cauca colombiano. En ambos casos consiguieron frenar o revertir la minería, siempre gracias a la acción directa de las comunidades.

En Perú, el gobierno de Ollanta Humala aprobó un paquete de medidas para facilitar las inversiones extranjeras que hasta las Naciones Unidas consideran que puede afectar al medio ambiente. Una carta de la oficina peruana al canciller, señala “nuestra legítima preocupación de parte del Sistema de Naciones Unidas por el impacto que las nuevas medidas económicas pudieran acarrear”(1).

El paquete de medidas aprobadas el 12 de julio, es cuestionado por “los recortes de funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam)”(2).

La flexibilización de las normas de control ambiental prevé que el Oefa sólo podrá sancionar de manera excepcional durante tres años y cuando lo haga deberá recurrir a medidas correctivas, sin imponer multas. En caso de que las medidas no se cumplan, el Oefa podrá multar pero sólo por el 50 por ciento de los montos actuales. Se considera que este retroceso del control ambiental “abre puertas a la impunidad de la industria irresponsable”(3).

El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, concluye: “Este paquete de reformas legislativas nos recuerda a los Decretos Legislativos que originaron los trágicos sucesos de Bagua” (4). Se refiere a la masacre perpetrada en la Amazonia el 5 de junio de 2009 cuando fueron muertas más de cien personas (5).

El informe agrega que “el paquete ´para mejorar y generar la confianza de los inversionistas´, le quita abiertamente facultades al Ministerio del Ambiente, en materia de creación de áreas naturales protegidas, en el tema del ordenamiento territorial, zonas ecológicamente económicas, límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental”(6).

Y concluye: “Un Gobierno como éste, que destruye lo poco que había en materia de institucionalidad ambiental, no tiene ninguna autoridad moral para constituirse en el anfitrión del evento COP 20”.

En efecto, la rebaja de la legislación ambiental para atraer inversiones se produce el mismo año en que Perú acogerá la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 20), que se realizará en Lima del 1 al 23 de diciembre. Más de cien organizaciones de la sociedad civil internacional involucradas en el proceso de la COP 20 enviaron una carta al gobierno señalando que las medidas para promover las inversiones “constituyen un grave retroceso para el Perú en el campo ambiental”(7).

Ante el permanente avance de los megaproyectos mineros, los pueblos saben que no tienen otro modo que defenderse activando viejas formas de autodefensa, algo que viene sucediendo en buena parte de la región latinoamericana. En Perú la resistencia a la minería tiene nombre: rondas campesinas.

DE RONDAS CAMPESINAS A GUARDIANES DE LAS LAGUNAS

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Las rondas campesinas surgieron a fines de los años setenta en el norte del Perú, en respuesta a la incapacidad o falta de voluntad del estado peruano para frenar el aumento de los robos de ganado. Eran grupos de campesinos que rondaban el territorio de las comunidades campesinas haciendo vigilancia colectiva nocturna.

Las rondas campesinas reinventan prácticas colectivas ancestrales. “Al inicio, las rondas entregaron ladrones capturados a la policía, pero al ver que ello no resultó en penas efectivas, empezaron a organizar un sistema propio de justicia, en el que ésta es administrada por la asamblea de manera colectiva”(8). Para las rondas la justicia consiste en el carácter educativo del castigo (que pueden llegar a ser latigazos), y en la reconciliación con la comunidad.

En pocos años las rondas se difundieron por todo el norte ganando enorme prestigio, porque consiguieron controlar el abigeato y más tarde frenaron el ingreso de Sendero Luminoso en sus territorios. Las rondas campesinas se convirtieron en una forma de poder popular, con relativa autonomía frente al Estado. Además de la vigilancia y la justicia, los comuneros asumieron proyectos de desarrollo local, lo que inspiró prácticas políticas.

Con el avance del neoliberalismo y el potente ingreso de la minería en los territorios campesinos, las rondas campesinas asumieron la responsabilidad de la defensa del territorio y el cuidado de los bienes comunes, especialmente en Piura y Cajamarca, frente a proyectos como Conga. No sólo frenan proyectos sino que están impulsando nuevas formas de lucha.

Rapahel Hoetmer destaca que en “las consultas vecinales sobre la minería en Ayabaca y Huancabamba en Piura, las rondas no solamente se encargaron de la seguridad y el orden durante el plebiscito, también participaron de la organización e información previa”(9).

Las rondas no sólo realizaron protestas, sino que instalaron tranqueras para regular el acceso al territorio comunal, levantaron campamentos para “guardar” las lagunas, por lo que empezaron a llamarse “guardianes de las lagunas”, instalados en las alturas andinas de forma permanente y rotativa desde octubre de 2012.

“La ronda campesina –sigue Hoetmer- es una institución reguladora y disciplinaria de la vida cotidiana de extraordinaria influencia en el norte del país, que ha sido criticada por su carácter patriarcal y conservador”(10). La participación de las mujeres viene creciendo, con la creación de rondas femeninas, hasta convertirse en las principales protagonistas en la defensa del territorio.

Magdiel Carrión, miembro de las rondas campesinas de Ayabaca, explica los diferentes roles: “En la comunidad, tanto hombres como mujeres son parte de las rondas. Para las mujeres no es obligatorio, ellas eligen si quieren ser parte o no, sin embargo, sí es obligatorio que existan comités de rondas campesinas de mujeres. Lo único que ellas no hacen es el servicio nocturno”(11). En cada caserío se forma una ronda cuyos miembros van rotando. La organización territorial local se coordina a nivel de distritos y provincias y también a escala nacional.

En enero se realizó el XI Congreso de Rondas Campesinas de la Región Cajamarca con 2.045 delegados de 13 provincias. Entre los acuerdos que se aprobaron figura: un paro regional contra el mega proyecto Conga, rechazo al uso de las ONGs de la lucha de los comuneros y “que la lucha contra el megaproyecto Conga es del pueblo mas no de ningún partido”(12).

Carrión explica que la lucha contra la minería requiere de articulaciones con otros actores políticos, pero advierte que “no podemos permitir que las luchas sean capitalizadas por intereses partidarios. Ese es un gran problema, para mí hasta mayor que los problemas más internos comunitarios”(13).
Con los años las rondas campesinas han ganado en madurez y ya no se dividen en bandos políticos como sucedió en los primeros años. La comunidad es su referencia principal. El territorio es su objetivo a defender. Ahora convertido en Guardianes de las Lagunas trabajan para convertirse en referencia, a nivel nacional, como defensores de la vida, la salud y la seguridad económica, en base a la justicia comunitaria.

GUARDIA INDÍGENA PARA DEFENDER EL TERRITORIO

En algunas zonas del norte del Cauca, en Colombia, han logrado expulsar la minería, incautar la maquinaria y tapar los socavones, gracias a la decisión comunitaria ejecutada al amparo de la guardia indígena. Es lo que sucedió en el resguardo Munchique Los Tigres, cerca de la ciudad de Santander de Quilichao.

El día 14 de marzo de 2013, se realizó una minga de “control territorial” para combatir la minería artesanal en esa zona. Cientos de comuneros y comuneras de los resguardos de Munchique y Canoas, en las laderas andinas, dieron cumplimiento a una decisión colectiva que se resume en la consigna “No a la minería”(14).

El problema es que detrás de la minería artesanal llegan las multinacionales y las grandes maquinarias, aparece la contaminación por cianuro y mercurio en los ríos y arroyos, y las comunidades se dividen y enferman, como dicen las autoridades.

La acción de marzo fue decidida el 7 de enero en una amplia reunión de la comunidad, luego de largos debates porque algunas personas de la comunidad habían cavado socavones y maquinaria para extraer oro. La comunidad constató el daño y les dio un plazo de dos meses a los mineros para que taparan los socavones y vendieran los molinos.

El relato de la página del Tejido de Comunicación de la Acin (Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca) habla por sí solo: “Más de 1.200 personas, repartidas en dos comisiones, subieron las lomas, buscando los huecos en la tierra anaranjada hacia el oriente y hacia el occidente”. Encontraron veintidós socavones de hasta 300 metros de profundidad.

“La comunidad se hizo cargo en tapar con tierra los socavones que no estaban tapados todavía. Para el cabildo el balance de la minga es positivo pues no solamente se trata de controlar el cumplimiento de las decisiones de la asamblea por los mineros, sino que también se busca concientizar a la comunidad sobre los problemas ambientales y sociales que trae la explotación minera en el territorio”(15).

Un año después, en abril de 2014, se realizó otra acción similar contra la minería en los cabildos indígenas de Huellas, Toez y López Adentro, también en el norte del Cauca. Un comunicado conjunto señala que “antes de ser colombianos somos pueblos indígenas originarios y siempre hemos mantenido las diversas formas de control social según usos y costumbres en el territorio en defensa de la autonomía, armonía y equilibrio de nuestra Uma Kiwe (Madre Tierra)”(16).

Sobre esa base decidieron “armonizar el territorio mediante el desalojo de maquinaria para la extracción minera que afecta el territorio y la comunidad”. La explotación minera es apenas una avanzada de la guerra: la Acin considera que desde finales del año 2013 la presencia de maquinaria minera se ha incrementado en los territorios de la región, con la consiguiente presencia de actores armados, tanto paramilitares como narcotraficantes y guerrilla.

El comunicado de los tres cabildos finaliza haciendo un llamado a los líderes afros a sumarse a la resistencia a la minería, con el objetivo de desalojar las maquinarias y el personal que hace la explotación contaminación. “Hacemos el llamado en especial a la Guardia Indígena a sumarse con el orden que nos distingue y ayudar a orientar a la comunidad que acompañara”(17).

La defensa del territorio tiene una larga tradición en el norte del Cauca y le corresponde a la guardia cumplir las decisiones colectivas. La guardia depende de la autoridad del cabildo y de la comunidad, que establecen reglas de control y los requisitos para quienes prestan el servicio de guardia. Las autoridades hacen la selección de las personas en base a las propuestas de cada vereda. El servicio de guardia es por uno o dos años, y es rotativo ya que todos los comuneros deben prestar este servicio.

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La estructura de la Guardia Indígena es sencilla: cada vereda elige en asamblea diez guardias y un coordinador; luego se elige un coordinador por resguardo y otro para toda la región, siempre en acuerdo con los gobernadores de los cabildos.

En la zona del Norte del Cauca hay alrededor de 3.500 guardias correspondientes a los 18 cabildos, integrados básicamente por jóvenes y mujeres de 12 hasta 50 años. Luis Alberto Mensa, coordinador de las guardias de la región, explica que “la formación es el aspecto más importante, a través de talleres en los que se discute derechos humanos y la ley nuestra, la ley originaria. Priorizamos la formación política por sobre los ejercicios físicos”(18).

Todos los que integran la Guardia Indígena deben pasar por talleres de formación en los usos y costumbres del pueblo nasa. Uno de los aspectos centrales es el denominado “derecho propio”, o sea la justicia comunitaria que orienta la actividad de la Guardia Indígena. La participación en la guardia es voluntaria y no remunerada, la mayor parte son jóvenes que reciben el apoyo de sus vecinos quienes colaboran en el mantenimiento de la huerta familiar mientras dura el servicio en la guardia.

La Guardia Indígena se encarga de concentrar a la población en sitios predeterminados cuando se producen enfrentamientos militares o agresiones armadas. Gracias a ese modo de resistir el conflicto apegándose a la tierra, las comunidades nasa han conseguido evitar el desplazamiento masivo de la población, tan común en zonas de guerra.

Sus estrategias de resistencia consisten en alentar la soberanía alimentaria, las huertas comunitarias y procesos de formación como asambleas permanentes de reflexión y decisión y el fortalecimiento del derecho y las autoridades propias.

La resistencia pacífica es otra de las características diferenciadoras de la Guardia. Cada seis meses los guardias, en sintonía con la cosmovisión a la que pertenecen, participan en rituales de armonización y refresco orientados por los médicos tradicionales (los Thë Wala) como forma de limpieza en la que se abordan los problemas colectivos e individuales.

En 2004 la Guardia Indígena recibió el Premio Nacional de Paz que otorga todos los años un conjunto de instituciones, entre ellas Naciones Unidas y la Fundación Friedrich Ebert. Se ha convertido en un referente importante para otros pueblos indígenas de Colombia y también para sectores populares que ven en la autodefensa comunitaria una alternativa a la desprotección y el acoso estatal y paramilitar.

Por Raúl Zibechi

22 / julio / 2014

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