Hace un año, comenzaron las manifestaciones en Chiloé que exigían una respuesta estatal a la crisis generada por la marea roja presente en aguas del sur del país. La movilización, impulsada por pescadores artesanales del archipiélago, creció al punto de bloquear la entrada y salida de vehículos de la Isla Grande.
En total, fueron 18 días de movilización, hasta que manifestantes y Gobierno suscribieron un acuerdo. El problema es que persisten las denuncias por incumplimientos de parte de las autoridades, además del daño ecológico que sufrieron los mares, una deuda del Estado que permanecería vigente.
«Nos ofrecieron cuatro PMU (Programa de Mejoramiento Urbano) y solo se cumplieron tres; asimismo, hubo problemas en la entrega de bonos, no le llegó a toda la gente que sí debía recibirlo, apelaron 200 personas y de ellas solo 30 cumplían, según Sernapesca, con los requisitos y quedaron otras fuera que sí tenían derecho, y pese de los reclamos que hicimos por esta situación, el Gobierno siempre nos bypaseó», afirmó Santiago Navarro, presidente del Sindicado de Pescadores de Queilen, a La Estrella de Chiloé.
En tanto, Alberto Naín, presidente del Sindicato de Pescadores Indígenas de Chanquín, se refirió a los planes de reconversión laboral propuestos por el Gobierno. «Este compromiso que realizó la entidad pública fue a la mitad. Sí estuvo presente Indap, Conadi y Sernam con talleres y ayudas técnicas para la llamada reconversión laboral de nuestra gente, pero nunca vimos la ayuda comprometida por Fosis y Corfo; además, no todos pudieron participar de las herramientas que entregaron estos servicios públicos, pues decían que solo algunos cumplían con los requisitos», acotó.
Para Héctor Morales, secretario general del Consejo Regional de Pescadores (Corepa), «la pesca artesanal no ganó nada con esta movilización, solo hubieron bonos mal entregados. El mismo 2 de mayo me reuní con el exsubsecretario de Pesca Raúl Súnico en Valparaíso y le adelanté lo que iba a ocurrir con los bonos y así pasó, uno sabía que en Sernapesca estaba acreditada gente que no va al mar».
Por su parte, Pablo Oyarzo, presidente de la Mesa de Marea Roja de Ancud, expresó que el «balance uno quisiera que fuera más positivo, por lo mismo es que aún seguimos luchando como mesa de marea roja, llegaron muy pocos bonos solidarios, los aportes que entregaron fueron muy bajos y ello se lo hemos mostrado al Gobierno con gráficos; por lo mismo, es que le decimos que no bajaremos los brazos».