La solicitud se realizó, el 27 de febrero, ante el Fiscal de la XIV Región de Los Ríos, Rafael Mera Muñoz, y se sustenta en la evidente falta de probidad demostrada por la fiscal de San José de la Mariquina, Paola Varela Spuler, en la serie de causas que se investigan en torno a sucesos protagonizados entre los disidentes a la instalación del ducto, que la empresa Celco pretende instalar en la Bahía de Mehuín, y quienes hoy colaboran con las mediciones para que dicha empresa realice el estudio de impacto ambiental requerido para ese fin.
El hecho más grave, y que colmó la paciencia de los miembros del Comité de Defensa del Mar, ocurrió el pasado 18 de febrero durante la audiencia de juicio oral ante el Tribunal De Garantía de la Localidad de San José de La Mariquina, por el supuesto delito de calumnias con publicidad que recaería en contra de Eliab Vigueras, vocero del Comité de Defensa, tras la acusación hecha por Joaquín Vargas, dirigente del sindicato Sitimar, y líder del grupo que hoy colabora con Celco.
La audiencia que se llevaba a cabo ese día tenía calidad legal de privada. Sin embargo, a la sala ingresó la cuestionada fiscal Varela que, según relata el documento que solicita su remoción, se habría sentado detrás del querellante, Joaquín Vargas, y su abogado y “procedió abierta y notoriamente a asesorar jurídicamente al mencionado patrocinante, en contra del querellado, durante todo el desarrollo de la audiencia del juicio oral simplificado”.
Eliab Vigueras, dice estar confiado en la respuesta del Fiscal Mera pues, el año pasado, las organizaciones que conforman El Comité de Defensa del Mar, le habrían entregado a éste antecedentes denunciando el accionar de Paola Varela.
“La denuncia que hicimos personalmente las organizaciones al Fiscal Mera, quedaron demostradas ya que todo lo ocurrido en el careo quedó grabado y además están de testigos los funcionarios presentes, por lo tanto esperamos que se tomen las acciones pertinentes a la brevedad, ya que son pruebas suficientes para su remoción”
El documento firmado por el Comité de Defensa del Mar, en conjunto con diversas organizaciones del sector pesquero artesanal de la región expresa que, “luego de reiterados casos en que amparada en su cargo legal, y en las prerrogativas que él le confiere ha mantenido una actitud notoria y pública en contra de los referidos, -en cada una de las causas judiciales en que ha intervenido en su calidad de tal en el Tribunal de Garantía de la ciudad de San José De La Mariquina-, rayando en la ilegalidad, con un actuar alejado de toda probidad, imparcialidad y objetividad, dejando entrever claramente una reiterada actitud de animadversión”.
Entre los hechos, referidos por estas organizaciones, se cuentan más de cien denuncias por amenazas y ataques en contra de los miembros del Comité de Defensa, los que no fueron investigadas a la brevedad, así como el encarcelamiento y posterior juicio en contra de un grupo de habitantes de Mehuín, quienes habrían concurrido de manera voluntaria a declarar en torno a una serie de sucesos violentos acontecidos luego de conocerse, públicamente, la firma de un millonario convenio de cooperación entre un grupo de personas y la empresa Celco, en septiembre del 2007.
En esa oportunidad miembros de la comunidad de Mehuín se movilizaron en contra de la Fiscal a quien acusaron, además, de violar los derechos básicos de los detenidos, como tener un abogado y realizar una llamada, y de otros vecinos que fueron sacados de sus hogares a altas horas de la noche, por medio de engaños, para ser encarcelados.
Según explicó Vigueras, después de los cuestionamientos de ese accionar, el fiscal regional de Los Ríos, Rafael Mera, habría nombrado, en diciembre del año pasado, a la fiscal de San José de la Mariquina para que se abocara, en forma exclusiva, a determinar las causas de la contaminación del río Cruces, que provocó la muerte y migración de cisnes de cuello negro desde el Santuario de la Naturaleza “Carlos Anwandter” de Valdivia en 2004.
“Debemos recordar que el tema de la contaminación había sido olvidado prácticamente, y cuando nosotros públicamente, ante los medios de prensa denunciamos su accionar comenzó con celeridad las investigaciones en contra de Celco, ya que hasta esa fecha la fiscalía tenia acciones pendientes”, señala Vigueras.
Finalmente, en el oficio entregado ante el Ministerio Publico de Valdivia, las organizaciones firmantes expresan que el actuar de la fiscal Varela “contraviene expresamente el Mandato Constitucional y legal de Ética y Probidad en el desempeño de las funciones publicas del Ministerio Publico, por lo tanto, conforme lo prescribe expresamente la letra E, del articulo 49 de la mencionada Ley 19640, la medida de remoción en contra de la referida Fiscal, Paola Varela Spuler, fundada en la causal del Nº2 del artículo 50, de la misma norma legal, esto es: “nº2) Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave, debidamente comprobadas.”
Las organizaciones que solicitan la remoción de la Fiscal son: La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Comité de Defensa del Mar, Asociación Indígena de Chan Chan, Asociación de Pescadores Mapuches de Maiquillahue, Sindicato de Pescadores de Queule, Coordinadora de organizaciones Lafquenches de Mehuín, Sindicato de Pescadores Indígenas de Quillalhue, Sindicato de Pescadores de Missisipi, Comunidad Indígena de Maiquillalhue y la Comunidad Lafquen de Chan Chan.
Fuente: Conapach
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