Pescadores y pobladores de Punta Choros y Los Choros denuncian brutalidad policial

La protesta se realizó este domingo 22 de febrero en rechazo de
las centrales termoeléctricas que se pretende construir en la comuna
de La Higuera. La manifestación consistió en un corte de tránsito de la ruta 5
Norte.

Sin embargo, soplones habían avisado a carabineros quienes estaban esperando a los
manifestantes con fuerzas especiales, zorrillo, etc. Las instrucciones
de «arriba» tienen que haber sido duras porque, como brazo derecho del
estado, abusó de sus poderes porque tienen una impunidad enorme.
La policía viola por todos lados y en cada momento las leyes que
tendría que respetar: vigila, espía, controla, persigue, golpea,
encarcela, deshonra y sigue golpeando.
Lo que pasó ayer en la ruta 5 norte a la altura de «El Rodado» fue una
represión y hostigamiento que no se condice con una república que
busca incansablemente su asociación con la elite mundial. Era una
brutalidad policial.
El aumento de la violencia policíaca en Chile afecta a la población
civil y lesiona gravemente derechos fundamentales, poniendo en riesgo
la convivencia social y las mismísimas bases de un estado democrático
de derecho.
Las prácticas ilegales y abusivas de la fuerza policial solían
atribuirse a su formación autoritaria bajo la dictadura, pero en los
hábitos de la actual democracia se han intensificado como la forma más
corriente de reprimir la movilización social, en particular de
estudiantes y trabajadores. Exactamente 6.083 denuncias por violencia
imputable a Carabineros ingresaron a la justicia militar entre 1990 y
2004 sólo en cuatro regiones del país, IV, V, VI y Metropolitana, es
decir, un promedio anual de 405 casos, con un crecimiento de 250%
respecto a las 164 denuncias de 1990. En 2000 se registraron 476
casos, pero el clímax correspondió al 2004, el último año del estudio,
con 585 denuncias.
Las denuncias nunca prosperan.

Carabineros está en una suerte de limbo administrativo por su régimen
de dos ministerios: su presupuesto está subordinado a la cartera de
Defensa, en tanto sus operaciones son ordenadas desde el ministerio
del Interior. Tal dualidad oscurece su dependencia de una u otra
autoridad política, mientras la ambigüedad contribuye a la ausencia de
una fiscalización adecuada o el control interno del actuar de los
funcionarios en hechos de violencia en el ejercicio de sus funciones
policiales.
Es necesario establecer un control de las actuaciones policiales,
mediante reformas legislativas que instauren un sistema de rendición
de cuentas interno y externo, efectivo y transparente, del quehacer
policial, garantizando una conducta en sintonía con los lineamientos
internacionales de derechos humanos, en particular con las directrices
de Naciones Unidas.
Los heridos, pescadores y una mujer, están adoloridos y están
desconcertados. Se oponen a proyectos altamente contaminantes y además
les sacan la cresta.
Este es el Chile de hoy, una vergüenza, un trago amargo.

Fuente: www.modema.bligoo.com