Piden a Bachelet que termine con la violencia contra los mapuche

En una carta emotiva y directa dirigida a la presidenta electa, Michelle Bachelet, organizaciones sociales, personalidades del mundo político chileno y extranjeros, dirigentes estudiantiles, entre otros, solicitan que de un vez por todas se termine la violencia contra los mapuche.

Presidenta Electa de la República, Excelentísima señora Presidenta:

Nos dirigimos a usted en momentos en que inicia los preparativos para asumir la primera magistratura del país. Es por ello que la instamos a tomar de inmediato las medidas políticas y éticas que permitan terminar con la violencia instaurada en la zona de la Araucanía, situación que se ha agudizado en el último tiempo, dada la política gubernamental represiva del actual gobierno de derecha, que en pocos días terminará su mandato.

Estimamos que ha llegado la hora de actuar de acuerdo a lo señalado por usted durante su campaña presidencial, cuando reconoció haber cometido en su primer gobierno errores políticos y judiciales contra el pueblo mapuche y sus luchadores sociales.

Como sociedad civil, expresamos nuestra preocupación ante la acción represiva, policial y jurídica a la que se exponen ciudadanos indefensos como son niños y niñas, mujeres y hombres ancianos, jóvenes comuneros mapuche, cuyas vidas están siendo sesgadas y marcadas por una situación que el Estado chileno, a nuestro juicio, no solo ha mal enfrentado, sino que ha agudizado la negación de los derechos que les asisten como pueblo. Razón por la cual, nos hemos constituido en una Comisión de Observación y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios con el fin de exigir a nuestras autoridades prácticas concordantes con la democracia y con los estándares establecidos en los compromisos internacionales suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos y, especialmente, derechos civiles y políticos, derechos de la niñez, de los presos y el debido acceso equitativo a la justicia y a la participación que los mapuche deben tener en los proyectos de extracción que les afectan, derecho consagrado en el Convenio 169 de la OIT.

Nos asiste, en consecuencia, el deber moral y ético de no permanecer indiferentes ni en silencio ante los atropellos que se viven especialmente en la Región de la Araucanía. Somos dirigentes sociales y de organizaciones de derechos humanos, respaldados por un significativo número de personalidades y líderes de opinión de connotación nacional e internacional.

Las graves violaciones a los derechos humanos que acontecen en la Araucanía han traspasado las fronteras de nuestro país, siendo cuestionados así los principios democráticos de nuestra sociedad y colocando en tela de juicio a quienes tienen la responsabilidad política de resolver de manera pacífica dichos conflictos, mediante el diálogo y la búsqueda permanente de entendimiento. La situación de injusticia ha llegado a tal nivel, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido interpelada a propósito de varios casos de este tipo. También expertos internacionales en esta materia que se han pronunciado, cuestionando las políticas llevadas a cabo por los gobiernos chilenos frente a los mapuche y otros pueblos originarios. Tal ha sido el caso del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en la Lucha contra el Terrorismo, Ben Emmerson, quien visitó nuestro país a mediados del 2013 y se pronunció sobre esta materia señalando que los comuneros mapuche no son terroristas ni existe terrorismo en nuestro país. El informe final de esa Relatoría le será entregado a usted y a su gobierno próximamente.

Sepa, señora Presidenta, de nuestra insistencia en la búsqueda de la paz, la que necesariamente entendemos como obra de la justicia. Estimamos que en este momento urge su pronunciamiento, porque resulta a todas luces evidente que aquí se ha diseñado un sistema policial que actúa como si se tratase de una situación bélica, y a medida que pasan los días esta lógica de “guerra” podría cobrar carácter genocida contra un pueblo que, desde antes de la instalación del Estado de Chile, habitaba estos territorios.

Entre los elementos de este sistema policial que se ha instalado en la zona de la Araucanía se pueden identificar los siguientes:

Alarmante presencia policial civil y uniformada, diverso tipo de armamento y mayor dotación de equipamiento terrestre y aéreo (vehículos, helicópteros y bulldozer, entre otros).

En territorio mapuche existe extrema militarización, desconociéndose los derechos básicos de las personas y sus moradas: se observa un control permanente sobre las personas y las rutas; han sido destruidos precarios enseres en los múltiples allanamientos practicados por equipos policiales que ingresan a los hogares a altas horas de la madrugada, agrediendo a familias humildes y deteniendo a alguno de sus integrantes sin fundamento alguno. Recientemente nos hemos alarmado por la detención por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, en Curacautín, de nueve menores de edad, dentro de los cuales se encontraba un niño de apenas tres años de edad; el 13 de diciembre recién pasado, en Traillaco, Panguipulli, la policía pasó un bulldozer sobre una ruca mapuche, dejando así completamente destruida la morada de una familia.

El fortalecimiento de la política represiva y policial se ha traducido en el aumento de la dotación policial, en una mayor cantidad de armamento y equipamiento terrestre y aéreo destinado a las unidades apostadas en propiedades privadas y empresariales. A esto se suma el funcionamiento de los Equipos de Reacción Táctica Antinarcóticos (ERTA) de la Policía de Investigaciones de Chile y las recientemente creadas Patrullas Étnicas que operan en Padre las Casas, Collipulli y Cañete. Sin olvidar que el Estado chileno ha permitido el funcionamiento y actuar impune de guardias de empresas y de civiles armados que se han agrupado al margen de la ley en un llamado Comando Trizano, que propicia “tomar la justicia por sus manos”.

Asesinatos, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; persecución, encarcelamiento y viciados juicios, montajes judiciales, faltas al debido proceso, aplicación del articulado contemplado en la Ley Antiterrorista que permite testigos sin rostro y nula posibilidad de defensa.

En las cárceles de Concepción, Lebu, Angol, Chol Chol, Río Bueno y Temuco, permanecen en prisión cerca de veinte personas de origen mapuche o simpatizantes de su causa. Algunos están en prisión preventiva y otros cumpliendo condenas. Aún cuando existe un número mayor de hombres y mujeres a la espera de juicios, afectados por diversas formas de restricción de libertad, tales como, arresto domiciliario, arraigo o medidas cautelares. Si a esto añadiéramos las numerosas detenciones ilegales, la cantidad de personas afectadas por la acción policial y judicial, sobrepasaría el centenar.

Nos parece perentorio explicar el significado de esta persecución, su gravedad y materialización: doble procesamiento (Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo); largas prisiones preventivas sin encontrarse evidencias por parte del Ministerio Público (Facundo Jones Huala); numerosas absoluciones, como en el caso del derrumbe del montaje en contra del werken Daniel Melinao de la comunidad Wente Winkul Mapu; persecución a autoridades ancestrales (machi Millaray Huichalaf); aplicación de la ley antiterrorista en contra de menores de edad (José Antonio Ñirripil); uso de testigos protegidos y compensados bajo la aplicación de dicha ley dejada por la dictadura y de la que hoy se aplican algunos de sus articulados, sin invocarla. De acuerdo a lo señalado por el relator de Naciones Unidas, Ben Emmerson, es evidente la discriminación con la que actúa el Estado chileno en contra de comuneros mapuche cuando aplica la Ley Antiterrorista y dicta sentencias en primera instancia en el marco de graves faltas al debido proceso.

A lo anterior, se agregan las precarias condiciones carcelarias en las que se encuentran los presos políticos, a quienes se les impide practicar sus rogativas o realizar alguna ceremonia de carácter religioso. Tampoco se les satisfacen sus necesidades médicas de manera eficiente y rápida; son cruelmente maltratados y golpeados, como es el caso del preso político Emilio Berkoff en la cárcel de Lebu, tal como ha sido constatado por Rodrigo Bustos Bottai, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Queremos mencionar también a quienes han perdido la vida, entre ellos, Alex Lemun, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío y Rodrigo Melinao, todos asesinados a balazos, los tres primeros por obra de funcionarios de Carabineros de Chile. Es de público conocimiento que la impunidad protege a quienes son responsables materiales y de mando en estos crímenes, así como de la desaparición del adolescente José Huenante de 15 años, a quien consideramos como el primer detenido desaparecido de origen mapuche en democracia.

A todo lo anterior se agrega la extrema pobreza, abandono y precarización de las condiciones de vida de las comunidades en territorios ancestrales. Nos preocupa la situación de miseria que vive el pueblo mapuche. Lamentablemente, la pobreza de las comunidades mapuche, así como la del conjunto de los pueblos originarios, es directamente proporcional a la riqueza de sus codiciadas tierras por parte de empresas nacionales y extranjeras. Nulas son las políticas públicas que se derivan y a las que obliga la firma del Convenio 169 de la OIT. Este consagra derechos territoriales, culturales y religiosos a los mapuche y mecanismos de participación y consulta obligatoria. La promulgación del Decreto 124 dejó sin efecto el sistema de consulta a los pueblos originarios, hecho que fue reforzado mediante una nueva disposición que vuelve a foja cero las obligaciones del Estado chileno sobre esta materia.

Es cierto que nuestro país debe asumir cambios urgentes en muchos aspectos, sin embargo, es necesario dar prioridad al diálogo, bajar las armas y enfrentar esta temática largamente postergada, que cada día cobra mayores injusticias. Le proponemos abrir un camino de diálogo que nos acerque a la PAZ y a la JUSTICIA, abordando ineludiblemente los siguientes planteamientos:

1.- Libertad sin condiciones de las y los presos políticos mapuche y de quienes, sin serlo, se encuentran presos por solidarizar con sus demandas. En este sentido, solicitamos promover con urgencia una ley de indulto general a los presos por este conflicto territorial y, en lo inmediato, la consagración del debido proceso en las causas judiciales, término de la actual prisión preventiva prolongada e ilegal, y acceso real a la defensa y a la justicia para todos los integrantes de los pueblos originarios detenidos y procesados.

2.- Resguardo de la integridad física y psíquica de la niñez mapuche y cumplimiento de todos los compromisos establecidos por el Estado chileno ante el concierto internacional en materia de Derechos Humanos. Definir medidas de protección y restitución de sus derechos así como los mecanismos de reparación ante el daño causado.

3.- Creación de una instancia de diálogo permanente entre el Estado chileno y los representantes de las diferentes comunidades, determinados por el pueblo mapuche, cuestión que el Estado chileno permanentemente ha negado y tergiversado. Diálogo que tenga como marco básico lo ya avanzado en el terreno de las propuestas por la Comisión sobre la Verdad y el Nuevo Trato, que lamentablemente tanto el gobierno de su predecesor como el suyo propio entre 2006 y 2010desaprovecharon completamente.

4.- Pleno respeto del Convenio 169 de la OIT firmado y ratificado por Chile, a fin que los pueblos originarios sean efectivamente consultados sobre las políticas y programas sociales y de inversión que les conciernen.

5.- Reconocimiento de la autodeterminación, formas de representación y autogobierno para el pueblo mapuche. Recuperación por parte de las comunidades de sus territorios, los que en su gran mayoría se encuentran en manos de empresas forestales, proyectos energéticos y mineros. Fin inmediato de las autorizaciones que el Estado está entregando a las empresas forestales para aumentar las superficies de explotación comercial que violan el Convenio 169 de la OIT, destruyen el medio ambiente e impiden que se desarrollen las políticas de devolución de tierras.

6.- Exigimos la derogación de la Ley Antiterrorista, establecida por la dictadura militar, constantemente invocada y aplicada en el marco de la criminalización ante las justas demandas del pueblo mapuche.

7.- Retiro inmediato de la dotación policial y de las brigadas policiales especiales que actúan en el marco de este conflicto, desmilitarizando el territorio; empadronamiento y registro del equipamiento de las personas que actúan como guardias empresariales en la zona de la Araucanía, estableciendo mecanismos de autorización, atribuciones y restricciones de su actuación y desarticulación efectiva del llamado Comando Trizano.

Le saluda atentamente,

Comisión de Observación y Resguardo de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios

Viviana Díaz Caro, Premio Nacional de Derechos Humanos, ex Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Nolberto Díaz, Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

Sergio Grez Toso, historiador y académico de la Universidad de Chile.

Melissa Sepúlveda, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Sebastián Aylwin, Vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Naschla Aburman, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile.

Elizabeth Pilquil, Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Silvia Morales, Patricia Soto, Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU.

Juana Aguilera Jaramillo, Presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura.

Manuel Andrade Valenzuela, encargado de la temática mapuche, Comisión Ética Contra la Tortura.

Leopoldo Montenegro, Comisión Ética Contra la Tortura.

Han adherido a esta carta

Martín Almada, Premio Nobel Alternativo de la Paz.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

Fernando Aliaga Rojas, Presidente Servicio Paz y Justicia (SERPAJ Chile).

Luis Mesina, Presidente de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines.

José Henríquez, Secretario General Paz Christi International.

Ana Juanche Molina, Coordinadora para América Latina del Servicio Paz y Justicia.

Servicio Paz y Justicia de Argentina.

Diego Vela, ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.

Ulises Urriola, Comisión Ética Contra la Tortura Francia.

María Jara y Ana González, Comisión Ética Contra la Tortura Bélgica y Comité Mapuche de Solidaridad Bélgica.

Sergio Palacios, Comisión Ética Contra la Tortura Temuco, Chile.

Kristin Stoneking, Directora Ejecutiva de Fellowship of Reconciliation.

Susana Pimiento Chamorro, afiliada a Fellowship of Reconciliation.

Constanza Medina y José Portiño, Coordinadora Jurídica 4 de Agosto, Universidad de Chile.

Fernando Pairican, Magister en Historia, Universidad de Santiago de Chile.

Marcos García de la Huerta, filósofo. Académico de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Roberto Dorival, Colectivo 119 Familiares y Compañeros.

Alejandra Arriaza, abogada de Derechos Humanos.

Celso Calfullam, mapuche Región Metropolitana.

Felipe Portales, sociólogo y académico de la Universidad de Chile.

Patricio Guzmán, economista, asesor de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines.

Andrés Fielbaum, ex Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

María Eugenia Puelma Alfaro, encargada de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores.

Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina “Oscar Arnulfo Romero”.

Natividad Llanquileo, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Bolivariana.

Comité Oscar Romero, Chile.

Centro Ecuménico Diego de Medellín.

Centro Helmut Frenz.

Higinio Espergue Córdova, Presidente de la Coordinadora de Ex Presos Políticos de Santiago.

Marcia Esparza, Proyecto de la Memoria Histórica.Universidad Pública de Nueva York Estados Unidos.

Nelson Soto Martínez, Secretario Nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social

Lucio Cuenca Berger, Director del Observatorio de Conflictos Ambientales.

María Elena Rozas Flores y Lucía Sepúlveda Ruiz, Red de Acción en Plaguicidas (RAP-Chile). Lucía Sepúlveda Ruíz forma parte de la Comisión Ética Contra la Tortura.

María Eugenia Carrera Chávez, Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Guatemala.

María Vides, Comité de Madres de Reos y Desaparecidos Políticos de El Salvador Monseñor Romero.

Alessandra Benedicty, Directora Maestría de Estudios de las Américas. Departamento Interdisciplinario de Artes y Ciencias, The City College of New York, Estados Unidos.

Jennifer Harbury, Maestría de Estudios de las Américas. Departamento Interdisciplinario de Artes y Ciencias, The City College of New York, Estados Unidos.

Hugo Rivera Scott, Académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

Directorio Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales.

Andrea Ruiz Lidid, Arquitecta, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Marcelo Castillo Sibilla, Presidente del Colegio de Periodistas de Chile.

Ida del Carmen Sepúlveda Miranda, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos de Valdivia.

Maximiliano Reyes Feris, baterista del grupo Los Tetas.

Emiliano De Rokha, Pintor.