Organizaciones ciudadanas y el Colegio de Arquitectos ingresaron este martes en la Contraloría los documentos necesarios para que se fiscalice y rechace el proyecto de expansión urbana (PRMS00) hecho a través de un decreto de ley de la Intendenta Cecilia Pérez. La expansión afecta a 10 mil hectáreas que hoy tienen uso agrícola.
Organizaciones ciudadanas y la directiva del Colegio de Arquitectos de Chile, ingresaron sendos documentos en la Contraloría para que ésta no tome razón de la resolución correspondiente firmada por la Intendenta Metropolitana y Presidenta del Consejo Regional (CORE).
El arquitecto Julio Alegría, secretario general del Colegio de Arquitectos de Chile objeta que la modificación que permite ampliar el radio urbano de la capital no pasó por la instancia de aprobación del Consejo Regional (CORE) Metropolitano, además que no se sometió a la consideración de los municipios involucrados.
Además el Colegio de Arquitectos sostiene que en la expansión urbana inminente se considera suelo a territorios que por decreto ley no puede modificar su uso de suelo; y porque no hubo una evaluación ambiental.
Las 63 organizaciones demandantes acusan la ausencia de una ley que rija el territorio urbano y no urbano, transformando entonces esta solicitud de expansión en una arbitrariedad que no obedece a los conceptos técnicos necesarios. “El fundamento del PRMS100, es la presunta necesidad de mayor territorio para albergar el crecimiento. Sin embargo, nuestros estudios nos muestran que hay suficiente terreno al interior del perímetro urbano, para satisfacer las necesidades hasta al menos, 22 años”- argumentan.
Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad, en representación de las 63 organizaciones ciudadanas manifestó que “es evidente que este proyecto depredador obedece a un antojo presidencial y en tal sentido, en razón a las diversas ilegalidades contenidas en el mismo, le hacemos un llamado al Presidente Piñera para que instruya a su Ministro de Vivienda, en orden, a que se inicie un proceso democrático para consensuar el desarrollo, no sólo de esta megalópolis, sino que de todo el país, teniéndose en cuenta la sustentabilidad como criterio esencial”.
Herman agregó que “consideramos impropio que estos cambios de uso de suelo que generan importantes plusvalías a los poseedores privados de esos terrenos, se implementen a través de simples resoluciones administrativas. Esta materia necesariamente debe ser llevada a cabo, vía una ley de ordenamiento territorial aprobada por el Congreso Nacional”.
La expansión afecta a 10 mil hectáreas que hoy tienen uso agrícola y colindan con el radio urbano, lo que afecta a 8 comunas de las zona norte, poniente y sur, entre las que destacan Quilicura, Renca, Pudahuel, San Bernardo y La Pintana.
M.B.R.
@kalidoscop
El Ciudadano
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